Opinión

  • | 2014/04/02 18:00

    ¿Qué se negocia en La Habana?

    Una manera de darle otra perspectiva a las conversaciones con las Farc es verlas como se ve una transacción en el comercio. Es decir, como cuando dos partes acuerdan una compraventa o un contrato de arriendo.

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Se puede comenzar por entender que lo que se está negociando no es la Paz; sobre esto hay suficiente ilustración, pero no sobra repetir que la eventual firma de un documento puede ser condición para iniciar un proceso, pero que nuestros conflictos nacen y tienen manifestaciones diferentes y probablemente más graves que el que se identifica con la guerrilla.

Nuestra situación no es la de dos países en guerra que firman un tratado para terminarla. En dicho caso, si el elemento motivo de lo que convengan es la Paz, puesto que con esto acaba su enfrentamiento, es el objetivo de lo que acuerden, y para las dos partes se satisface el propósito buscado.

En nuestro caso lo que está de por medio, o motivo del ‘negocio’, es la dejación de las armas por parte de la guerrilla; y, viéndolo así –como una transacción en la que una parte busca un resultado y este tiene que ser concertado con la otra–, lo que toca es definir qué pide el uno y qué ofrece el otro, y hasta dónde pueden ceder para encontrarse. Siguiendo el símil de la operación comercial, pueden estar de acuerdo en desear por ejemplo negociar una propiedad, pero de ahí en adelante tienen que llegar al acuerdo sobre el precio.

En un negocio comercial, una vez se ha manifestado el interés de ambas partes en la transacción, lo que sigue depende de las posibilidades de que, según las condiciones de cada una, sean conciliables las pretensiones; las condiciones que ponga la contraparte pero también las condiciones internas (por ejemplo, que uno no tenga suficiente para pagar lo que vale el bien o que el otro lo tenga hipotecado).

¿Qué pide la guerrilla para dejar las armas? Lo que presumiblemente para ellos no es transable es que debe desaparecer la calificación de terroristas y la presentación bajo la forma de una derrota; lo negociable sería el nivel de castigo y de derecho a participar en la vida política.

¿Qué está dispuesto a ofrecer el Estado? No es muy exagerado pensar que para Santos como gobierno cualquier precio es poco para ese resultado; que es poco, por convicción respecto a lo que vale eso para el país, y que es poco para lo que le significa a él y a su personaje histórico.

Pero siguiendo el símil de la compraventa, Santos es sólo el gerente de una sociedad que tiene sus estatutos y que depende de sus accionistas; los estatutos no incluyen en su objeto social comprar propiedades (las leyes no contemplan hacer tratos con la insurgencia), y no todos los accionistas están de acuerdo con el negocio o con que sea atribución del gerente cerrarlo según su propio criterio.

Lo que no tiene asidero en la realidad es el argumento de que no se le puede entregar a la guerrilla el derecho a imponer su visión del país: no tiene asidero porque ella sabe que eso no es posible; pero sobre todo porque hoy no tienen una visión-propuesta que vaya más allá de algunas reformas que de todas maneras el Estado reconoce necesarias (aunque no tan extremadas). Lo que toca pensar –asumiendo lo anterior como cierto– es que sí son conciliables las pretensiones ante las contrapartes, pero la mayor dificultad se encuentra en las condiciones internas del lado del Estado.

Un punto es que es evidente que se requiere un estatuto que permita ese ‘negocio’: esa sería la justicia transicional. Otro es que la mayoría de los ciudadanos lo desee y lo apruebe: se sabe que existen no solo una sino muchas voces que discrepan.

Igual como en el caso comercial, el acuerdo se puede suscribir mediante contrato privado o elevar a otro nivel mediante escritura pública: para las Farc es evidente que la garantía de cumplimiento de lo acordado solo existe si no depende de un gobierno (y menos del actual); solo si se eleva a obligación constitucional lo que se acuerde se darían por satisfechos.

El Gobierno entiende eso y propone para ello un referendo. Un referendo en sentido estricto es la aprobación de un texto legal por la ciudadanía; es decir, tendría que darse un acuerdo no sobre las intenciones sino sobre la redacción de las reformas ya concretas para luego ser sometidas a la votación. Esto implicaría una especie de ‘negociación a espaldas de todos’ puesto que ‘nada está acordado hasta que todo esté acordado’; o sea, nadie diferente de los designados por el Gobierno tendría derecho a intervenir, ni siquiera a opinar al respecto.

La salida de la Constituyente parece la más obvia. No vale el pretexto de que sería poner en manos de la guerrilla una nueva Carta porque es claro que su representación nunca podría acercarse a ser mayoritaria. Pero la condición no sería repetir el error y la catástrofe de la del 91 –que por no tener una idea guía sino buscar satisfacer todas las ideologías, creó el sistema que hoy ha paralizado al Estado– sino justamente llevar como propuesta lo acordado –o ‘negociado’– en La Habana, para que en efecto sea ‘socializado’ y ratificado por los representantes de la Nación.
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