Opinión

  • | 2017/03/30 00:00

    ¿Qué espera el Papa para pronunciarse sobre Trump?

    La Iglesia Católica debe tomar una posición frente a las deportaciones de indocumentados.

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El Papa no ha tomado posición alguna sobre Trump. Esta fue su respuesta en la entrevista de El País del 22 de enero: “Se verá. Veremos lo que hace y ahí se evalúa. Siempre lo concreto”.

No es necesario que espere más, ya es hora de que muestre más compromiso. “Lo concreto” es que Trump ha dado órdenes en contra de 11 millones de indocumentados, la gran mayoría de ellos latinoamericanos como el Cardenal Jorge Mario Bergoglio. Trump ha dispuesto contratar 15.000 agentes para poner en la práctica encarcelaciones y deportaciones masivas de indocumentados. Ha extendido de dos semanas a dos años el periodo de estadía en Estados Unidos dentro del cual se puede deportar a cualquier indocumentado en forma expedita, sin derecho a juicio. Para quienes tengan juicio previo a la deportación, ha autorizado el encierro en cárceles regulares, como si fueran presuntos delincuentes.

Es al Papa a quien corresponde defenderlos porque muchos de ellos son sus feligreses y porque la principal razón de peso en contra de las deportaciones es ética, no económica ni legal.

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No hay una justificación económica, al menos desde el punto de vista de México y los demás países de origen de los inmigrantes, porque los deportados llevarán consigo experiencias, conocimientos y contactos con los que se crearán nuevos empleos y aumentarán los ingresos locales. Así ocurrió en Albania, donde a raíz de la crisis de Grecia hubo un retorno masivo de emigrantes (equivalente a 5% de la fuerza laboral): según una investigación del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, en los lugares que recibieron más repatriados aumentó más el ingreso promedio de los trabajadores no calificados y bajó más el desempleo. Las deportaciones traerán perjuicios económicos sobre todo a Estados Unidos, donde los consumidores tendrán que pagar más por los numerosos servicios que prestan los inmigrantes, incluyendo aseo y mantenimiento, construcción, reparaciones locativas y servicios de restaurante. No son estos los empleos que están esperando los blancos desplazados de sus trabajos por las nuevas tecnologías.

Aunque el Presidente goza de un amplio margen legal para dictar normas de inmigración, su discrecionalidad está restringida por el Derecho Internacional Consuetudinario sobre los derechos de los migrantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (parte de la Organización de Estados Americanos) le ha recordado a Estados Unidos que “la detención migratoria debe ser una medida excepcional, de último recurso y siempre por el menor tiempo posible, una vez realizada una evaluación individualizada de cada caso y la consideración de medidas alternativas”. Con respecto a las deportaciones, deben decidirse de forma individual y respetar garantías mínimas tales como el derecho de defensa y el acceso a un recurso efectivo para impugnar la decisión de deportación. Si el derecho a la defensa se respeta, lo mínimo que ocurrirá será una enorme congestión en las cortes de inmigración y por consiguiente largos periodos de encierro para los detenidos.

Al margen de las consideraciones económicas y legales, el Papa debe pronunciarse porque este es un asunto ético de gran envergadura. El encarcelamiento y la deportación masivos deben impedirse para evitar el sufrimiento personal y la separación forzosa de los hijos y esposos de millones de inmigrantes que han contribuido con su esfuerzo al bienestar de la sociedad americana.

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Sería ingenuo pensar que una declaración oficial de la Iglesia Católica induzca al gobierno de Trump a detener las redadas y deportar solamente a los criminales. Al contrario, una declaración del Papa puede acarrear reacciones en contra del clero y de las organizaciones católicas, muchas de las cuales ayudan a los inmigrantes. Con razones parecidas, Pio XII se abstuvo de oponerse abiertamente al Holocausto judío.

Si bien una declaración oficial puede dar consuelo y solidaridad a los indocumentados, la Iglesia debe ir más lejos. El Papa puede dictar criterios para empoderar a las entidades de beneficencia, diócesis y parroquias católicas comprometidas con la defensa de los inmigrantes. Puede instruir al clero de Estados Unidos sobre los argumentos y valores que debe esgrimir para oponerse a las redadas y detenciones y para apoyar la resistencia de la sociedad civil y las autoridades locales a las deportaciones indiscriminadas.

Muchas organizaciones católicas brindan información y consejo a los indocumentados y a los familiares de los detenidos por razones migratorias, pero carecen de los recursos para costearles abogados defensores. El Papa podría ordenar que algunos recursos del Vaticano se transfieran a las organizaciones católicas en proporción a sus esfuerzos de apoyo a los indocumentados. Sería una mínima retribución a las limosnas, diezmos, dispensas e indulgencias que han pagado durante generaciones los latinoamericanos.

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