Opinión

  • | 2016/09/29 00:00

    Que Cemex muestre cómo se movió la platica

    La Fiscalía tiene la obligación ética y profesional de seguir el rastro de estos dineros, vaya a donde vaya y toque a quien toque.

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El país no puede tolerar que Cemex quede enredada con una de las estructuras de lavado de activos con mayor cobertura nacional, y la justicia se haga la de la vista gorda. La red del chatarrero James Fernando Arias Vázquez incluía contrabando de Venezuela, una red de lavado en ese país; negocios en Argentina, y vínculos con transportadores  y redes de empresas asociadas en Cúcuta, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Pereira, Cali y Huila. A su paso, él y sus socios, sembraron corrupción en decenas de instituciones públicas y privadas. Los homicidios, todos impunes, siguen sumando: José Aldemar Moncada, Giovanni Vélez Hernández, un funcionario de la Dian de Cali que investigaba fraudes en devoluciones del IVA; el sicario que supuestamente mató a Moncada, etc., etc., etc. 

Para ilustrar la gravedad de este asunto, vale la pena repasar los eventos relacionados con la Comercializadora Internacional Calizas y Minerales (C.I.). En octubre de 2012, días antes la incautación por parte de la Fiscalía en contra del socio de Arias Vázquez en Medellín, José Aldemar Moncada, su C. I. suscribe una cesión por la totalidad de los derechos mineros a favor de Cemex de Colombia S.A.. Firman Adolfo León Ochoa Restrepo representante de la C.I. y Camilo González por Cemex. Unos meses más  tarde, el  predio conocido como la Finca Monterrey,  entre los municipios de Maceo y Yolombó, cuyo propietario es la misma C.I., con 162 hectáreas  y un irrisorio avalúo catastral de $41 millones, fue alquilada a Cemex, con una forma minerva de arrendamiento por $1 millón mensuales por 5 años.

El origen del negocio se remonta a 2009, cuando la Gobernación de Antioquia le autorizó a Héctor Javier Ochoa Restrepo  la  concesión para la explotación de estas minas a nombre de la sociedad en cuestión, aunque para la época su nombre era diferente. En 2011 la corrupción en la Dian y el nivel de los fraudes con solicitudes para devoluciones de IVA se hizo pública. La red de James Arias se empezaba a hacer evidente tras la captura de Blanca Jazmín Becerra. Un año después, tras inexplicables demoras, se logró que la red de Medellín, bajo Moncada, fuese capturada. La resolución del 7 de diciembre de 2012, de la Fiscalía 24, dispuso el embargo y secuestre sobre todos los bienes, incluida la  C.I. Calizas y Minerales S.A.. El depositario (el bendecido con la administración de esos activos sin patrón) fue Yesid Ramírez Ramírez –interesante saber quién lo recomendó–.

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A Moncada, a pesar de que sabía que iban por él, también le fueron halladas 22 sociedades, incluidas la consabida Zona Franca Especial, sus comercializadoras internacionales, su fundación y 5 corporaciones –es decir, la colección completa de agujeros legales al control y la tributación–; 13 establecimientos de comercio y 3 predios.  En aquel momento se rumoraba sobre supuestas simulaciones, ofertas de activos subastados por periódico para desangrar las sociedades, con la complicidad de unas extrañas demoras en la Fiscalía. Lo de Cemex, parece, ilustra parte de lo que sucedió.

Por esto la rebaja de pena a James Fernando solo puede tener sentido si las pruebas son de tal calidad, que en poco tiempo nos anunciaran trascendentales capturas de poderosos y eminentes colombianos; y por lo menos unos cientos de millones de dólares en incautaciones. De no ser así, el beneficio de oportunidad se habría rebajado a ser la vulgar excusa para garantizar la impunidad de poderosos criminales, a cambio de quién sabe qué. La Fiscalía tiene una oportunidad histórica, en este caso, de seguir el rastro del dinero por todo el mundo. Y Cemex tiene que tener el mayor interés en que este escándalo se esclarezca.

Ya en 2012 era público que los poderosos de la chatarra estaban involucrados en lavado de activos y fraudes a la Dian. Con todo y ello, Cemex les compra a unos mafiosos uno de los activos más valiosos que debían ser incautados unos días después. Más aun, cuando el escándalo es totalmente público, callan por 4 años y aún no se escuchan voces sobre cómo van a resarcir al Estado. Cemex le debe al país una muy buena y contundente explicación: ¿como hicieron esa negociación? ¿Cuánto pagaron y a quién? ¿Cómo y dónde pagaron? Una transacción, así de afán, deja rastro y con seguridad hubo comisiones pagadas a alguien, en algún lugar. La Fiscalía solo tiene que seguir el hilo de la plata y así iluminar esta oscura y tenebrosa saga.

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