Opinión

  • | 2014/08/08 06:00

    Arbitrariedades Light

    Las pequeñas arbitrariedades ilustran un problema profundo y costoso que convendría erradicar.

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Desde luego que sí fue gol de Yepes y que resulta indignante la arbitrariedad –que palabra tan perfecta- de la que fue víctima la Selección. Desafortunadamente, la arbitrariedad se extiende mucho más allá de la cancha de fútbol. Permea nuestra vida diaria y se presenta, generalmente, como una pequeña molestia, una rasquiña. En ocasiones, sin embargo, ella se crece y el asunto pasa de castaño a oscuro. Un ejemplo prominente es la pelota de voleibol en que nos ha convertido a los bogotanos el ánimo oscilante y belicoso del alcalde Petro, el campeón mundial de la arbitrariedad.

La cosa comenzó muy mal con el asunto de las corridas de toros. Independientemente de si a uno le gusta o no le gusta la fiesta brava, el hecho es que el alcalde resolvió violentar las reglas del juego vigentes durante muchas décadas al negarse a honrar los términos de un contrato perfectamente legítimo. La arbitrariedad no hizo cosa distinta que expandirse abarcando cada día nuevos rincones y nuevas instancias, perjudicando a una masa creciente de ciudadanos. Al despelote tan inverosímil como innecesario que armó con el tema de las basuras, se sumó una estrategia jurídica que no hizo sino devaluar la figura de la tutela, con graves e indudables costos de mediano y largo plazo. A la incapacidad para gestionar democráticamente un plan de ordenamiento territorial que, bueno o malo, es el ancla para la evolución urbana en Colombia, le siguió una imposición arbitraria que tiene en jaque a cientos de proyectos generadores de empleo y bienestar. Y así.

Pero esta columna no es sobre las arbitrariedades enormes, ni sobre los costos que ellas implican. Es sobre las arbitrariedades pequeñas. Esas que se le deben ocurrir a los dictadores en sus noches de insomnio o en sus tardes de tedio. La imagen perfecta la inventó Woody Allen, cuando un dictadorzuelo decide que la gente deberá usar los calzoncillos por encima del pantalón, en una metáfora deliciosa sobre el publíquese y cúmplase del chispazo caprichoso. Los bogotanos hemos sido víctimas de ese tipo de pequeñas arbitrariedades que no obstante su naturaleza un poco light, expresan a la maravilla una enfermedad de gran calado que merece discusión.

Algunos ejemplos. Uno, el pico y placa. Dos, la fijación de unas determinadas horas y unos determinados lugares para que la ciudadanía salga de rumba. Tres, la declaración de ley seca cuando hay un partido de fútbol o unas elecciones. Cuatro, la decisión de imponer vehículos de uso exclusivo para mujeres en el sistema de transporte.

Todos estos son ejemplos que comparten varias características. Son muy bien intencionados y se proponen solucionar problemas serios. El pico y placa busca aumentar la movilidad. La delimitación del universo rumbero busca atajar violencias y salvar vidas. Los vehículos exclusivos buscan proteger a las mujeres. La segunda característica es que no hay evidencia que muestre que estas arbitrariedades light sirven para algo y, de hecho, Bogotá es la única ciudad del mundo que las utiliza tan reiteradamente. La tercera es que no tenemos ni idea sobre la magnitud de los costos que generan, ni acerca de quien termina pagándolos, ni mucho menos sabemos si estos costos sobrepasan los presuntos beneficios.

A nivel más general lo cierto es que demasiadas políticas públicas se ponen a funcionar sin que sus gestores se interesen en saber si las buenas intenciones están o no están respaldadas por evidencia acerca de su efectividad, o al menos si las ampara en algo el sentido común. Introducir aquello de “en beneficio de los pobres” basta para que cualquier idea vuele, por imbécil que ella sea y son contados los programas de gasto social en los que se introduce desde el comienzo una metodología de seguimiento sistemático, comparando la población beneficiada con la política de turno respecto de la población que no lo fue.

Ojalá el nuevo Congreso discutiera una ley que obligara a que todo programa de gasto público requiriera un análisis de costo beneficio previa su iniciación, un seguimiento serio de sus efectos y unas causales de suspensión en caso de no mostrar resultados. Se podría llamar la ley Yepes.

@CarrasqAl
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