Opinión

  • | 2014/08/24 07:00

    De la reelección y otros demonios

    Poco avanzaríamos si desaparece la guerrilla pero se tolera que la fuerza sea empleada impunemente como presión política.

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¿Tendrá razón la revista The Economist al afirmar que la propuesta del presidente Santos de promover una reforma constitucional para prohibir la reelección presidencial es una solución a un problema que –al menos en Colombia– no existe?

Según una reciente columna que The Economist dedicó al tema de la reelección en Latinoamérica, para que las elecciones en determinado país sean justas, aún si participa como candidato el presidente en ejercicio, se necesita que ese país tenga un poder judicial fuerte, autoridades electorales independientes, prensa libre y partidos políticos. Con base en esta lista afirmó la revista que los colombianos no tenemos por qué temer a la reelección, ya que opina que en nuestro país –a diferencia de otros de la región– todas estas instituciones funcionan bien.

Además, según la columna, la reelección presidencial puede justificarse en tanto es difícil que los 4 años del primer periodo alcancen para adelantar suficientemente el proyecto de un gobierno, y la posibilidad de que un presidente se lance a la reelección (con límites) es en sí misma una cosa positiva, toda vez que es democrático que el pueblo pueda reelegir a los presidentes que hagan bien su labor y que mantengan su popularidad.

Pero, tal vez por no haber usado gafas colombianas, cuando analizó la reelección en nuestro país The Economist se entretuvo evaluando la posibilidad de que el presidente/candidato abusara de su poder y por eso no vio el riesgo de que los violentos y los clientelistas, los dos demonios de nuestra política, pudieran extorsionar al mandatario durante la campaña electoral.

La prevención de muchos colombianos ante la posible reelección de Santos no se explicaba en que pensaran que Santos, una vez reelegido, se eternizaría en el poder, sino en que temían que ciertos políticos, aprovechando el apretón de la primera vuelta, pudieran exigirle prebendas y puestos públicos a cambio de su apoyo electoral, incluyendo el nombramiento de funcionarios indeseables en la administración pública, y que la guerrilla –por un lado– y los líderes de movimientos tipo paro agrario –por el otro– aprovecharan la coyuntura electoral en la que estaba el Presidente para presionar al Gobierno con actos de fuerza con el fin de obligarlo a hacer concesiones políticamente irracionales a los guerrilleros o para extraer dádivas económicamente insostenibles a favor de los del paro a costa del presupuesto público.

¿Estuvieron justificados los temores de los anti-reeleccionistas? –Para resumir, se podría decir que lo que se concretó antes de las elecciones es lo realmente preocupante. En retrospectiva, parece que hay que distinguir entre la situación de los que lograron que les firmaran acuerdos antes de las elecciones (organizando paros en los momentos estratégicos) de la de los de más oportunistas–.

Hoy no parece que la guerrilla esté en posición de cobrarle a Santos su supuesto apoyo a la reelección, pero en cambio sí es verdad que algunos de los “acuerdos” que extrajeron los organizadores del paro agrario al Gobierno –como el subsidio a los productores que tengan activos declarados de hasta $1.000 millones de pesos a cargo de fondos públicos– son indefendibles y demuestran que a los colombianos les pica la reelección por motivos válidos.

En cuanto a los clientelistas que intentaron vender caro su apoyo al presidente/candidato, se diría –hasta ahora– que quedaron con los crespos hechos, porque Santos, ya reelegido, ha hecho valer su prerrogativa de nombrar los ministros de forma relativamente independiente de los jefes electorales, tendencia que ojalá se mantenga en el nombramiento de los directores de los institutos descentralizados y demás agencias estatales.

Para concluir, puede decirse que aunque es verdad que la reelección implica en Colombia serios riesgos institucionales que la revista The Economist no identificó, la solución para esos riesgos no está en prohibirla, sino en eliminar de fondo el terreno en el que florece el clientelismo mediante políticas que aceleren el crecimiento económico y disminuyan la desigualdad en las zonas más pobres del país, que es el terreno donde pelechan los políticos clientelistas, y en desterrar el uso de la fuerza en cualquiera de sus formas como mecanismo aceptable de hacer política. Poco avanzaríamos si desaparece la guerrilla pero se sigue tolerando que las tomas de vías, los actos vandálicos y, en general, la fuerza siga siendo empleada impunemente como instrumento de presión política contra los gobiernos democráticamente elegidos. Así nunca habría paz.

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