Opinión

  • | 2017/09/14 00:01

    ¿Por qué la necesidad de una Asamblea Constituyente?

    La Constituyente es el camino para que la Economía Política prevalezca sobre la ‘Economía Pura’.

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Hoy parecemos acercarnos a un consenso alrededor de la necesidad de una Asamblea Constituyente. Es un tema que se multiplica a medida que aparecen más síntomas de las diferentes crisis; crisis de la administración de justicia, crisis de la moralidad administrativa, crisis de la ética pública y de la privada, crisis de los partidos políticos.

Es evidente que lo que ha despertado este clamor han sido básicamente los escándalos de corrupción, especialmente los recién ‘revelados’ alrededor de las Altas Cortes.

Se han presentado y justificado unas causas para desear un cambio en la institucionalidad como reacción a las emociones que despiertan los sucesos que los medios destacan.

Las coimas de Odebrecht y las manipulaciones de los altos magistrados parecen una avalancha que crece cada vez más y arrasa con todo lo que existe.

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De la institucionalidad del juego democrático no queda prácticamente nada: llegamos al punto casi de caricatura en que nadie quiere ser candidato de un partido. Los aspirantes a la Presidencia no ven el poder como un instrumento para desarrollar propuestas tramitadas alrededor de intereses o de ideologías sino lo buscan como un premio o un reconocimiento a las calidades personales.

Lo que no se ha iniciado es el estudio y debate alrededor de los objetivos y, en consecuencia, en qué o hacia dónde se harían las reformas. Lo que vemos hasta el momento es la motivación emocional para esa Constituyente. Debe comenzar ahora lo que se podría considerar el trámite ‘académico’ en el cual se defina primero lo que con este cambio se buscaría y después los mecanismos para adelantarlo.

Se puede considerar que ya existe ‘suficiente ilustración’ sobre lo cuestionable de los resultados de los modelos político y económico que nos rigen. Pero una cosa es entender la necesidad de descartarlos y, otra, por cuáles se reemplazarían.

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Y ni siquiera se ha llegado a aceptar la conexidad entre modelos y resultados: no se reconoce como consecuencia lógica de las estructuras que tenemos las fallas que pretendemos corregir. Es decir, suponemos que son errores en el funcionamiento de nuestras instituciones, lo que lleva a resultados indeseados, y no es su normal desarrollo lo que los produce.

En ese sentido debemos entender la economía como el instrumento en el cual se concreta el manejo del papel asignado y apropiado para que el Estado responda a las diferentes funciones en las cuales es protagonista. Así lo entiende la Economía Política.

Porque para esta el manejo de la economía no se reduce a mantener sanas las finanzas del Estado. Están prioritariamente las respuestas a las causas de los males que deseamos erradicar y que al mismo tiempo que son necesidades de la población –salud, educación, techo–, son características generadoras de esos problemas –pobreza, desigualdad, desempleo–.

Los indicadores macroecónomicos que tanto obsesionan a las calificadoras de riesgo –y por ende a nuestros ‘gurús’ de Hacienda–, no miden ni expresan los problemas en esos campos. No basta con reducir el tema fiscal a que los gastos no sean mayores que los ingresos; o a que el conjunto del país crezca a altas tasas (lo que por lo demás no se ha logrado). Lo esencial es cómo se determinan esos gastos para que respondan a las responsabilidades sociales con cada ciudadano, para que propicien la armonía entre ellos, para que se incentiven los sectores productivos que sean pertinentes.

El riesgo que se corre es que nos enfrasquemos en largas discusiones sobre cómo atacar esa corrupción que nos abruma, pero que no lo hagamos para entender su origen buscando prevenirla, sino nos orientemos equivocadamente a buscar soluciones represivas.

El enfoque que le dan los medios no se dirige a la cabeza y a la razón para corregir o rectificar las fallas. Solo se enmarca dentro de sus propios objetivos; prevalece el interés comercial, eventualmente el de los intereses de quienes controlan ese poder y/o el del éxito profesional del periodista.

Lo que hace indispensable un cambio del contrato social –o sea una nueva Constitución– no es como lo presentan los medios; la corrupción y lo ‘descuadernado’ de las instituciones políticas son solo consecuencia de los modelos que se han venido implementando en el país. El problema está en la fuente de estos, en la ciencia que los impone; la idea de lo que se llama la Economía Pura, que llevó a reducir ese campo del conocimiento al objetivo y a los mecanismos para mejorar el funcionamiento de los mercados.

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La solución a nuestros problemas sí la encontraremos necesariamente en los instrumentos que ofrece la economía y en el manejo de ellos. Pero al igual que en política, el poder no es el fin sino el camino para lograr el fin que se busca, los instrumentos que ofrece la ciencia económica para manejar los mercados no convierte a los mercados en su razón de ser. La Constituyente sería el camino para que la Economía Política prevalezca sobre la ‘Economía Pura’.

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