Revista Dinero

| 7/27/2013 9:36:00 AM

Petro y el Procurador

Tal vez algunas de las actuaciones que adelantó la Alcaldía durante la toma de control que hizo Petro del servicio de aseo no estuvieron bien planeadas. Pero la destitución de un funcionario popularmente elegido debe ser una medida excepcional.

por Jorge Gabriel Taboada

Como una cosa es que un gobernante sea corrupto, otra que incumpla las leyes y otra más que gobierne mal, es razonable que la Procuraduría destituya de su cargo a un funcionario público si le comprueba corrupción, pero no basta con que la Procuraduría establezca que un funcionario incumplió cualquiera de las muchísimas normas que existen para que se justifique su destitución, sino que debe demostrar el incumplimiento grave de una norma importante, y es casi imposible justificar la destitución de un funcionario elegido por voto popular en que la Procuraduría determine que no gobierna bien.

El Procurador tiene en la mira al alcalde Gustavo Petro por algunas chambonadas que cometió a finales de 2012 al dar inicio al servicio estatal de recolección de basuras que está tratando de imponer en Bogotá. Por estas actuaciones, la Procuraduría le abrió un pliego de cargos a Petro que podría terminar en su destitución, ya que lo acusó de ser el “determinador” de las irregularidades que ocurrieron al momento de comenzar a andar el nuevo esquema y le imputó cargos por falta gravísima (que es el nivel de responsabilidad necesario para la destitución) y a título de dolo.

Los cargos que aparecen en el pliego contra Petro son: i) improvisación, por haber encargado a empresas del Distrito de la prestación del servicio público de aseo “sin tener experiencia ni capacidad”, ii) haber expedido el Decreto 564, que dificulta a las demás empresas competir con las distritales por el mercado del servicio público de aseo en Bogotá, y iii) haber usado volquetas para recoger basuras a pesar de que su uso para ese fin está prohibido, con lo cual –supuestamente– se puso la salud de los bogotanos en grave riesgo.

En resumen, el Procurador considera que el uso de volquetas para recoger basuras constituye un grave peligro para los bogotanos, cosa que parece fantasiosa porque ¿en qué parte del mundo se muere o se enferma la gente como consecuencia de que la basura sea recogida en volquetas? También le parece gravísimo al Procurador que Petro haya maniobrado para proteger las empresas del Distrito contra la libre competencia, aunque la represión de las actuaciones contra la libre competencia –que por cierto son sumamente populares en nuestra economía– corresponda a la Superindustria, y además le parece gravísimo que Petro haya desatendido el “principio de planeación” –una norma que dice que los funcionarios deben planear bien lo que van a hacer– al tomar el control del servicio público de aseo en Bogotá.

Tal vez algunas de las actuaciones que adelantó la alcaldía durante la toma de control que hizo Petro del servicio de aseo no estuvieron bien planeadas. Pero la destitución de un funcionario popularmente elegido debe ser una medida excepcional, cuya necesidad tiene que quedar demostrada por el hallazgo de contravenciones muy graves sin las cuales parecería un mecanismo tramposo para desconocer los resultados de unas elecciones. Y ninguna de las actuaciones de las que se acusa a Petro parece justificar semejante medida.

Gústenos o no, Petro se ganó en una contienda electoral el derecho a gobernar a Bogotá y no corresponde a los organismos de control sino a los bogotanos juzgar si su gobierno es bueno o malo. Dependiendo de su desempeño como alcalde, los bogotanos y los colombianos lo premiaremos o lo castigaremos más adelante en las urnas.

Además, hay que admitir que, por tratarse de un exguerrillero abiertamente izquierdista y estatizante, las antipatías ideológicas que despierta Petro pueden pesar más en la posible decisión de destituirlo que las razones esgrimidas por la Procuraduría para investigarlo. Y es por esto mismo que la Procuraduría debe rodear su proceso de especiales garantías, puesto que si la destitución de Petro ocurre pero no queda perfectamente justificada, se desvirtuaría –en pleno proceso de paz con las Farc– la premisa de que el Estado colombiano está abierto a que un exguerrillero llegue al poder por las urnas y se reforzaría la tesis de que en Colombia las ideas de izquierda no pueden llegar al poder por el voto popular.

El M19 surgió como una respuesta a un –supuesto o real– golpe de mano que dio el establecimiento a las elecciones presidenciales en 1970 para impedir la llegada al poder del exgeneral Gustavo Rojas Pinilla. La destitución injustificada de Petro sentaría un precedente parecido. Y aunque estoy entre quienes no comulgan con su ideología ni con su forma de gobernar, no puedo dejar de recordar que Petro, que proviene precisamente del M19, habló claro contra la violencia como forma de hacer política en el movimiento del millón de voces contra las Farc de 2008.
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