Opinión

  • | 2014/02/05 20:00

    Tres tajadas del Petro-pastel

    ¿Le gustaría apostar conmigo sobre la permanencia de Petro en la alcaldía de Bogotá?

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TAJADA ESTRATÉGICA. La estrategia de los asesores de Petro parece consistir en dilatar la aplicación de su destitución para dar tiempo a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita una medida cautelar suspendiendo la decisión del Procurador. Los petristas buscan que esa Comisión emita la medida porque sospechan –fundadamente– que ni el Consejo de Estado ni la Corte Constitucional la van a conceder en Colombia, y además saben que una decisión de fondo de estas corporaciones probablemente les sería desfavorable y en todo caso solo se conocería después de que Bogotá haya elegido un nuevo alcalde.

Y quienes conocen a la CIDH dicen que en efecto esta iba a suspender la destitución, pero la proliferación de tutelas que pusieron los petristas llevó –paradójicamente– a que reconsiderara la necesidad de las medidas cautelares, puesto que tantas tutelas dejaron en claro que en Colombia Petro tiene a su disposición abundantes medios de defensa. Además, la tutelatón ha caído mal en el país y también se argumenta que sería desastroso que, de aceptarse los argumentos de Petro, se caigan todas las demás destituciones de funcionarios elegidos que la Procuraduría ha aplicado hasta ahora.

—TAJADA JURÍDICA. Aun cuando la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) –de la que Colombia es parte– establece que un funcionario elegido popularmente solo puede ser destituido por sentencia de un juez penal, la Corte Constitucional colombiana aceptó desde 1995 que la Constitución permite al Procurador destituir funcionarios elegidos popularmente y no encuentra una contradicción insuperable entre la Constitución y la Convención.

En cambio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aún no ha aceptado explícitamente la procedencia de una destitución ordenada por una autoridad distinta a un juez penal, así que podría pasar que Petro sea destituido en Colombia para luego ser rehabilitado por una decisión de fondo de esa Corte, lo que se facilitaría teniendo en cuenta que la destitución nada tuvo que ver con corrupción.

Pero también es posible que la Corte IDH acepte que la facultad del Procurador colombiano de destituir funcionarios elegidos popularmente no contraría la CADH, por cuanto el Procurador es constitucionalmente independiente del ejecutivo, y además sus decisiones cumplen con el principio de legalidad y se pueden impugnar ante instancias judiciales. Al fin y al cabo, la CADH se redactó en 1969, cuando no existía la figura del Procurador constitucionalmente independiente y en cambio estaban de moda los golpes militares y las consiguientes destituciones de funcionarios popularmente elegidos (aún pasa, pero distinto).

—TAJADA OPORTUNISTA. A diferencia de Gran Bretaña, en Colombia no parece existir la industria de apuestas creativas (apuestas sobre el nombre que le van a poner al nieto del Príncipe de Gales y cosas así). Este vacío no es por falta de material local sino por falta de espíritu empresarial, ya que aquí el terreno está abonado para un negocio de apuestas sobre temas de actualidad, porque aunque los colombianos no tenemos realeza –aunque algunos creen que lo son– sí tenemos alcalde y procurador y sus egos son equiparables a los de cualquier rey.

Como cada colombiano tiene su teoría sobre lo que va a pasar con Petro, se podría montar un negocio que administre apuestas a favor y en contra de la permanencia del alcalde en su puesto. Yo mismo apostaría cinco pesos contra uno a que Petro se va antes del final de su mandato. Pero ajustaría un tanto mi apetito por riesgo ante una apuesta sobre la probabilidad que tiene Petro de tumbar la decisión del Procurador en el largo plazo.

Si le interesa este negocio tendrá que buscar asesoría legal para calibrar la probabilidad de que los temas de la farándula jurídica se decidan en un sentido o en otro, pero le aconsejo que tenga cuidado con la orientación ideológica de sus asesores, porque cuando el tema tiene política, mucho abogado piensa más con el corazón que con la cabeza.

Así que le propongo una regla para distinguir los buenos de los malos: será de izquierda todo jurista que empiece diciéndole que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe que los funcionarios de elección popular sean removidos de su cargo salvo por sentencia adoptada por un juez penal, y será de derecha todo jurista que le diga que el artículo 278 de la Constitución Política da al Procurador la facultad para remover a los alcaldes y además le enfatice en que la Constitución fue adoptada en 1991; es decir, mucho después de la adhesión de Colombia a la Convención Americana. No confíe en ninguno de los dos. Ambos están parcializados.

Buena suerte con el negocio. Y si necesita un abogado imparcial, por favor pregunte por mí en Dinero.
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