Opinión

  • | 2014/05/04 16:30

    Una reflexión a lo ‘Pambelé’

    Colombia no tiene modelo de desarrollo o, peor, tiene el antimodelo: el absolutismo del mercado.

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Los países desarrollados por definición no requieren ‘modelos de desarrollo’. Los países subdesarrollados es lo que por definición requieren.

Los primeros son desarrollados porque producen los suficientes bienes y servicios para toda la población, y toda la población hace parte del mercado. Son subdesarrollados los que no los producen, o aquellos en que la población no está integrada y no forma parte del consumo, o los que sufren ambas condiciones.

Un modelo de desarrollo se implementa a través de la planeación y la intervención estatal; o sea, la antítesis del absolutismo del mercado.

Según cuál sea el modelo de desarrollo, la actividad agropecuaria puede o debe cumplir determinadas funciones: seguridad alimentaria, distribución de riqueza, ocupación territorial, producción de insumos industriales, etc. Ejemplos: Taiwán, mayor consumidor de arroz per cápita, subsidia esa explotación no para abastecerse sino para ocupación de territorio. Suiza declara el paisaje ‘patrimonio cultural’ y limita las explotaciones agrícolas. Japón integra su economía con Australia recibiendo alimentos y recursos naturales (minerales) y vendiendo productos industriales (v. gr. automóviles).

Pero todos los países desarrollados subsidian el campo porque es la forma de mantener la actividad económica en él; sean las famosas vacas francesas que reciben más auxilios del Estado que el salario mínimo de un colombiano, o el presupuesto aprobado por el Congreso americano para los próximos diez años (US$10.000 millones), de no ser así, los recursos se irían todos a otras actividades (finanzas, industria, servicios). No lo hacen para competir con el extranjero, sino por razones internas (por eso limitan las áreas o los subsidios a ciertas programaciones). Claro que hay países que incluyen en su economía exportaciones agrícolas, como Holanda con queso y flores o Francia con vinos, en ese caso sin limitaciones.

Colombia no tiene modelo de desarrollo o, peor, tiene el antimodelo: el absolutismo del mercado. En esas condiciones no se puede determinar la función de las explotaciones agrícola y el uso de la tierra; aparecen tesis sueltas como la de Rudolf Hommes en cuanto a que se deben aprovechar los subsidios de los otros países y no producir nada; o se define como hoy, en función de su capacidad productiva como si su única función fuera aumentar el PIB.

En cuanto al campo, sufre el doble problema de enfrentar las desventajas comparativas ante otros países (tecnología y/o mano de obra barata) y las condiciones de un mercado internacional de productores subsidiados.

No se puede hablar de los diferentes aspectos relacionados con la explotación agropecuaria –sociales, de productividad, ambientales, comerciales, TLC, etc.– sino tomando como premisa básica el definir el modelo dentro del cual se quiere insertar; y mucho me temo que es difícil que bajo los actuales directores de la economía se llegue a esa conclusión, o por lo menos se sugiera esa posibilidad. La Economía Política en el sentido del manejo económico en función del orden social que crea, y no entendida solo como la ‘ciencia económica’ de hacer ajustes macroeconómicos, no es el fuerte de nuestros ‘gurús’.

Vale la aclaración de que los planes de desarrollo solo son el instrumento para implementar un modelo de desarrollo; lo que hoy Colombia tiene –un plan de desarrollo cada cuatro años– sin un modelo conceptual general, solo garantiza la discontinuidad de cualquier proyecto de largo alcance.

Y que subsidiar a los agricultores no es lo mismo que subsidiar el desarrollo de la economía rural: lo primero puede convertirse en subsidio al subdesarrollo –mantener un sistema de producción ineficiente–; lo segundo es llevar el Estado en forma de infraestructura, servicios, tecnología, riegos, etc. para mejorar las condiciones de competitividad de ese sector. Solo la inminencia o la eventualidad de un paro agrario parece que podría lograr hacer reflexionar sobre el tema de cómo se debe explotar el campo.

Sin embargo, en las ‘campañas’ no se hace una sola mención respecto a modelos de desarrollo, ni a por qué debe destinarse a tal o cual función, ni en consecuencia al cómo se organizaría o cómo participaría el Estado para lograr el resultado buscado. Solo se habla de deseos –o promesas– de apoyos al sector, y del compromiso de responder a sus necesidades, pero sin diagnosticar cuáles son, por qué lo son, o cómo se subsanarían.

Y no por falta de información sobre el problema: se conoce el porcentaje de tierras subexplotadas y de las sobreexplotadas; se repite permanentemente la problemática que acompaña las condiciones de la tenencia y propiedad de los predios; y si no se han concretado los datos de un censo que dé más información sobre el sector, es justamente porque en un sistema de mercado y de ‘globalización’ no tiene tanta importancia pues no se actúa proyectando el futuro en base a posibilidades internas sino dependiendo del momento de las condiciones externas. Que un Ministro no conozca de producción agrícola o de economía o de administración no es la razón principal para que el sector rural esté en crisis: lo grave es justamente que se pretenda que con una o varias de esas capacidades se puede sustituir la falta de un marco institucional adecuado.

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