Opinión

  • | 2015/09/16 19:00

    El Espejo

    La semejanza entre Colombia y Venezuela es lo que explica la mezcla entre tensión y retórica sobre la hermandad que caracteriza la relación.

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“El discurso tiene un contexto que va mucho más allá de lo que tú dices expresamente”. (Rosa Asuaje, experta en lingüística de la Fiscalía de Venezuela, en el juicio a Leopoldo López)

Leopoldo López fue condenado a casi 14 años de cárcel por los delitos de instigación pública, agavillamiento (asociación para delinquir) y daños a la propiedad e incendio, por supuestamente inspirar a quienes participaron en una marcha de protesta que ocurrió en Caracas el 12 de febrero de 2014, a quemar carros, tirar piedras y hacer otros daños frente al edificio del Ministerio Público en Caracas. Según la Fiscalía de Venezuela, los tuits y los discursos previos de López habrían llevado a que los manifestantes se comportaran violentamente ese día. A su vez, la defensa de López –que preparó un video para el juicio– sostuvo que los manifestantes hicieron los daños después de que se enteraron, al final de la marcha, del asesinato de un estudiante a manos de agentes del Estado, pero el tribunal ni siquiera estudió el video.

Para cualquier observador, el que la Fiscalía no haya presentado en el juicio de López ningún discurso o tuit invitando a sus seguidores a actuar violentamente dejaría sin piso la versión de esa entidad sobre la relación entre las palabras de López y los daños que se produjeron el 12 de febrero, pero la Fiscalía venezolana superó ese problema gracias al apoyó de un análisis lingüístico “cuantitativo y cualitativo y prosódico” de los discursos de López hecho por la lingüista forense Rosa Asuaje, que sirvió para convencer al tribunal de que en los discursos del dirigente habría una especie de mensaje subliminal que condujo a que los manifestantes causaran los daños (a quienes tengan oxidado el bachillerato se les recuerda que la prosodia es la rama de la gramática orientada a la acentuación, la entonación y la pronunciación).

En una entrevista que dio para el sitio web Aporrea –de orientación oficialista– donde explicó el alcance del experticio que rindió ante el tribunal, la perito Asuaje afirmó que “aunque el ciudadano Leopoldo López no hizo un llamado expreso a la violencia ni dijo que había que salir a las calles a matar, a incendiar las calles”… “tampoco no lo dijo”, y agregó que, al estudiar el poder y la influencia de López sobre las masas como líder, pudo comprobar que este dirigente “no hizo un llamado expreso a la violencia, pero su llamado a la no violencia fue en un contexto que no era pacífico”.

La experta remató su entrevista afirmando que pudo evidenciar que los seguidores de López “sienten el enojo, la ira y la indignación en todos sus discursos”, y agregó que, desde el punto de vista lingüístico, el discurso de López es “sedicioso”, ya que “deslegitima” a un gobierno democráticamente elegido, aunque también aceptó que no puede decir que Leopoldo López hizo un llamado expreso (a la violencia).

Finalmente, la experta manifestó que espera que Venezuela sea pionera en la rama de la lingüística forense.

En fin, basta con leer la entrevista que dio la perito Asuaje para entender cómo fue que el régimen chavista ganó para Venezuela el último puesto entre todos los países del Índice del Proyecto de Justicia Mundial (RLI, por su sigla en inglés), que califica la forma como se aplica el Estado de Derecho en 102 Estados alrededor del mundo.

Pero, ¿qué haría nuestra propia justicia penal con un hipotético Leopoldo López colombiano? Veamos: en la clasificación que hace el RLI de los distintos sistemas penales judiciales en el mundo, le correspondió a nuestro país el puesto 83 de 102 y a Venezuela el 102 de 102, o sea que, aunque estamos un tris mejor que ellos, sacar pecho no podemos, y al evaluar qué tan libre está el aparato penal judicial de cada país de las influencias impropias del gobierno, a Venezuela el RLI le asignó la calificación de cero, lo que significa que en el vecino país el sistema penal judicial hace exactamente lo que le diga el gobierno, y a Colombia 0.38, puntaje que –aunque no refleja la situación de Venezuela– está bien abajo en la muestra.

Colombia no es una dictadura como Venezuela, pero hay que aceptar que en nuestro sistema penal judicial también se cuelan las simpatías y las antipatías políticas e ideológicas, y las influencias y los intereses económicos. Muchas personas de izquierda, de centro y de derecha –e incluso apolíticos– han sido juzgadas o investigadas administrativamente por funcionarios que buscan cualquier cosa menos hacer justicia. Y esto sigue pasando.

Nada hay más parecido a un colombiano que un venezolano. Tal vez nuestra semejanza es lo que explica la mezcla entre tensión y retórica sobre la hermandad que caracteriza la relación entre ambos países. Cuando miramos a la frontera nos miramos al espejo, y cuando criticamos a los vecinos, algo inconsciente nos recuerda que no podemos estar muy lejos de ellos.
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