Opinión

  • | 2015/07/08 00:00

    Ser o no ser

    Es importante distinguir entre la investigación sobre una posible cartelización y los mecanismos legítimos con los que cuenta el sector azucarero y que protegen la industria.

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En la reciente investigación del sector azucarero nacional, es importante entender que existen mecanismos legales y legítimos que protegen este sector. Confundir esto con un cartel sería inaudito e inaceptable.

Según informaciones publicadas en los medios, con titulares bastante prejuiciosos, como el que dice que Superintendencia logró acorralar el cartel del azúcar, recientemente la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) presentó un informe en el que recomienda sancionar a doce ingenios y tres gremios de compañías azucareras por infracciones a la libre competencia. Se entiende por los medios que han publicado artículos sobre el tema que la SIC concluye que las bitácoras de las reuniones de los productores en Asocaña, el gremio que los agrupa, o de las reuniones del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA), son pruebas de la cartelización del sector.

Yo no sé si existe o no cartel entre los productores del azúcar y, además, no conozco a fondo la investigación realizada por la SIC. Asocaña ha salido en defensa del sector y ha dicho que no existe tal cartel, mostrando cifras sobre el comportamiento de precios del azúcar en el mercado doméstico que soportan su posición. Lo que sí puedo decir, sin embargo, es que es importante distinguir entre la investigación sobre una posible cartelización y los mecanismos legítimos, legales y multilaterales con los que cuenta el sector azucarero y que protegen la industria. Lo que sería inaceptable es que la SIC, en aras de la investigación, esté confundiendo las dos cosas.

El sector azucarero cuenta con dos mecanismos de protección de precios, uno multilateral y otro nacional. El primero, el Sistema Andino de Franjas de Precios, adoptado mediante la Decisión 371 de 1994 por parte de la Comunidad Andina (CAN), define una franja de precios para ajustar el arancel de importación de azúcar blanco y crudo a los países miembros. Si el precio del mercado internacional supera el techo de la franja, el arancel puede llegar a cero, y el mismo sube en la medida en que el precio internacional esté por debajo del piso de la franja.

El segundo, el FEPA, fue creado mediante la ley 101 de 1993 y, conceptualmente, busca hacer indiferente a los ingenios para vender azúcar en el mercado doméstico o en el internacional, mediante un mecanismo de compensaciones y cesiones entre los productores nacionales con el fin de compensar los ingresos de unos u otros dependiendo del porcentaje de ventas que realicen en el mercado nacional o en exportaciones. Es de anotar que un estudio de EConcept para Asocaña en el año 2012, concluye que “…la eliminación del FEPA no generaría una reducción permanente en el precio doméstico [del azúcar]…” y que “…sería equivocado buscar mediante la eliminación del FEPA reducciones permanentes del precio doméstico del azúcar con el propósito de aumentar el bienestar de los consumidores, ya que de este instrumento no depende el precio doméstico del azúcar en Colombia; son otros los factores que lo determinan”.

Todos los países productores de azúcar a nivel mundial subsidian o compensan, de una forma u otra, a los ingenios domésticos, que racionalmente deciden producir más de lo que equilibraría el mercado doméstico en un ambiente libre de distorsiones de precios. Esto lleva a que el mercado internacional se sobreoferte con producto, lo que lleva a una especie de dumping de azúcar, haciéndola relativamente más barata que su precio de equilibrio, inclusive por debajo de los costos de producción durante la mayoría del tiempo. No suena lógico que Colombia, representando apenas 2% de la producción y las exportaciones mundiales, deje desprotegido un sector que compite contra países que sí subsidian sus aparatos productores azucareros y ponga en peligro una industria que afecta a más de 2 millones de personas, concentradas en una de las regiones más importantes de la nación, como lo es el Valle del Cauca.

De existir un cartel entre los productores, los mismos deberían ser sancionados por la SIC de conformidad con los mecanismos que ofrece la ley. Lo que sería inaudito es que esa entidad se esté aprovechando de la interpretación de ciertas actuaciones de los ingenios que están cobijadas por leyes nacionales y multilaterales para sacar conclusiones de cartelización.
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