Opinión

  • | 2014/09/07 17:35

    La reforma (¿arremetida?) tributaria

    Lo que se necesita de incremento en los ingresos desborda la capacidad de tributación del país.

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Si algo era seguro desde el momento de la reelección del presidente Santos es que la primera prioridad que se presentaría sería la de una Reforma Tributaria. Seguro porque las razones que adelante se comentarán la hacían inevitable; pero seguro también porque en su campaña se había comprometido a no hacerla.

En todo caso existe un consenso respecto a la pésima estructura de la tributación actual: es injusta, ineficiente, antitécnica, regresiva, insuficiente. Las excepciones y los subsidios tributarios son enormes y la evasión aún más.

Las expectativas sobre las cuales se contaba con base en el supuesto de una maravilla del manejo de la economía colombiana resultaron falsas y, por el contrario, la dependencia de condiciones externas que caracterizó al modelo hace que los ingresos previstos sean mucho menores de aquello con lo cual se contaba: la demanda mundial por el petróleo, primera fuente de entradas del Estado, parece bajar con la desaceleración china y por los nuevos modos de explotación de los hidrocarburos aplicables tanto al gas como al crudo –el fracking–; y la competencia con los biocombustibles hace tender hacia abajo los precios, al tiempo que el aumento de producción esperada no aparece por ninguna parte; a menos que descubriéramos otro Cusiana para tener de d'onde mantener exportaciones, o que una nueva guerra en el Golfo disparara los precios, lo esperado por este concepto no se cumplirá.

Además de las regalías, la otra parte medular del modelo, la privatización y venta de derechos del Estado se agota y se ha complicado (el caso de la venta de Isagen y de la licitación para la concesión de bloques petroleros son indicio de ello).

En cuanto al postconflicto, no es verdad que un eventual acuerdo con los dirigentes de las Farc reduciría sensiblemente el gasto militar, puesto que bajar los efectivos equivale a aumentar los desempleados, y la disminución de los enfrentamientos frontales con la insurgencia es altamente probable que se compense con la multiplicación de nuevas organizaciones delictivas como sucedió con los paramilitares convertidos en Bacrim.

Los requerimientos de las prioridades de Santos II suponen la búsqueda de recursos adicionales a los ordinarios, y, sumando esto a las promesas de su mandato anterior (por ejemplo los $44 billones para las carreteras 4G, o las viviendas gratis, o la refinería de los Llanos), lo que se necesita de incremento en los ingresos desborda la capacidad de tributación del país.

Por supuesto eso no impedirá el intento de lograrlo y la esperanza es que no se repita la estrategia de la época de Rudolf Hommes, cuando se establecían impuestos que se sabía inconstitucionales pero bajo la presunción de legalidad tenían vigencia mientras la Corte no los tumbara... y que tampoco, respecto a la atención que se le preste al tema de las negociaciones de Paz, se repita como dijera él entonces, que las reformas de la apertura se pudieron implantar gracias a que el Congreso y el país estaban distraídos con el tema de la Constituyente.

Ya sabemos que el 4X1.000 volverá, a pesar de que en razón de lo inconveniente y antitécnico fue desmontado por ley. Se repetirá el impuesto ‘excepcional’ o ‘transitorio para la Paz’ como se había hecho para la guerra, pero se adicionará un incremento del ordinario. A pesar de lo contradictorio que es buscar capitalizar las empresas y al mismo tiempo gravarlas, se mantendrá y probablemente se volverá incremental ese cobro. Desaparecerá la exención a los dividendos que compensaba como estímulo lo anterior. E inevitablemente se ampliará tanto la base como el monto del IVA.

Sin embargo, todo esto no será suficiente. Por eso desde ahora se propone incluir en el Código Penal las violaciones al régimen tributario.

Salta la pregunta: “Y ahora... ¿quién podrá defendernos?”

Además tiene la Dian el carácter de juez dentro del ámbito fiscal; para ser más exactos, de juez y parte. Ante la arremetida que por las anteriores consideraciones se avecina, serán muchos los que tendrán dificultades de pago, muchas las crisis por gravámenes excesivos, y muchos, muchísimos, los casos de controversia con la autoridad tributaria.

Hoy esta funciona bajo una metodología relativamente generalizada en el sector público, según la cual para cuestionar u oponerse a una interpretación del funcionario primero toca asumir que tiene razón y solo después puede el contribuyente defenderse (incluso en los arreglos o acuerdos de pago con esa entidad primero se debe hacer el pago que se acuerda con el interlocutor que trata el caso y después pasa a otra instancia para que estudien si lo quieren aprobar).

Por eso, igual que hay un defensor del cliente para los bancos, o un defensor para que los usuarios de los servicios públicos tengan una instancia de representación ante esas entidades, la Reforma que se va a presentar debe incluir la figura de un ‘defensor del contribuyente’ que actúe como control o auditor para tratar de que ni se abuse ni se cometan errores en contra del ciudadano obligado a pagar impuestos.
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