Opinión

  • | 2017/04/27 00:01

    No todo lo del Dorado es oro

    Los $2,4 billones que dicen va costando el aeropuerto El Dorado hasta el momento dejan claro que no todo lo que brilla, aunque caro, es oro.

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La vergonzosa inundación de El Dorado se suma a larga lista de imperfecciones de esta muy rentable concesión: baldosas de piso resquebrajadas, terminados imperfectos y de mala calidad, unos patéticos baños, abolladuras en el techo, goteras, fallas en los radares de la torre de control, límites a la visibilidad de los controladores, etc., todas ellas pruebas de cómo se hacen rentables estos negocios. ¿Será que los insumos no son de las calidades que estas infraestructuras de alto tráfico requieren? o ¿será que esto resulta de esos cambios al contrato que a muchos nos parecen incomprensibles, como pasar de una licitación para reforzar una terminal a la construcción de toda una nueva infraestructura o la bizarra eliminación de los controles a los equipajes en vuelos internacionales que arriban al país, particularmente aquellos de quienes van en tránsito?

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Y los problemas no son solo de la mala calidad de la infraestructura, los materiales usados o los acabados: la operación también ha dado muestras de vulnerabilidades. ¿Dónde más se ha visto que a un pasajero le cambien la maleta por una repleta de drogas ilícitas? En 2015 Óscar Montes de Oca fue arrestado en México como consecuencia de un cambiazo de su morral en un vuelo de Avianca con escala en Bogotá. Al ingeniero Leonardo Cárdenas ya le había pasado esto en el año 2000, cuando le tocó pagar dos meses de cárcel mientras las autoridades mexicanas lograron esclarecer que la maleta con 5 kilos de heroína no era la suya; el doble del tiempo que le tocó sufrir al periodista colombiano Mauricio Aranguren en el 95.

Siendo director de la Dian, la Policía encontró otra maleta con cocaína lista para el cambiazo en lo que llamaban la puerta 1, la entrada a pista que da contra Catam. Las vulnerabilidades son evidentes, como en su momento expertos de la aduana alemana, traídos por una generosa cooperación de la embajada, lo documentaron. No todos los puestos de parqueo están vigilados con cámaras 24 horas ni esas entradas donde todos los usuarios quedamos expuestos; no ven lo que no quieren ver.

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Además, el perímetro del aeropuerto no está controlado electrónicamente, la zona llamada de Aviación General, alias “el barrio chino”, está plagado de puntos ciegos, al igual que las bodegas de Aerosucre en el costado sur oriental. Estas últimas pueden ser fácilmente vulneradas para llegar a la pista; la única seguridad es una puerta con un guardia sobre la carrera 103. Y la situación no es mucho mejor en las entradas por la calle 51 o la carrera 96.

Y El Dorado no es el único caso que se debería estudiar en detalle. La concesión del aeropuerto de Riohacha y sus vuelos a Aruba; el de Cali, cuyos retos en seguridad son aún mayores; el aeropuerto de Cartago, donde la Aerocivil decía que no había vuelos registrados, pero los vecinos nos hablaban de unos tres vuelos por semana. Buscamos evidencias, pero el radar regional no operaba desde hace más de diez años. Cartago es peculiar, ¡ojo! deben estar por volver a presionar por la aprobación de la ruta Cancún/Cartago, que tantos líos me causó. ¡Adelante, vamos a promover el turismo del polvo blanco!

Las concesiones tienen todo el potencial de ser una excelente forma de combinar lo público y lo privado; pero también pueden ser fuente de excesos, abusos y corrupción. Los múltiples escándalos alrededor de concesiones ameritan que el Gobierno haga un esfuerzo para ayudarnos a recuperar la confianza en este vital mecanismo; todas deberían ser sujetas a elevados estándares de transparencia.

Ya es hora de que el país conozca en detalle la rentabilidad después de impuestos de cada una de estas concesiones. Los estudiantes universitarios le harían un gran servicio al país analizando el detalle de estos contratos; equipos de abogados, administradores y economistas podrían escudriñar las declaraciones de impuestos, folios de los contratos, particularmente sus modificaciones, informes de las interventorías y contabilidades en detalle. Todo esto debería hacerse público, así quedaría claro cuál es costo para los usuarios y cuál el beneficio para el privado.

Las concesiones son un mecanismo a través del cual el Gobierno transfiere tributos o tasas pagadas por los usuarios del servicio a un privado que se compromete a construir y/o mantener infraestructura o prestar servicios vitales para la sociedad. Esto es gasto público, pero sin la publicidad de la ley de presupuesto ni la vigilancia de los entes de control (que poco sirven, pero esa es otra historia). Por todo esto, las concesiones son el nuevo Dorado, pero para los usuarios, lo que pagamos no se compadece con la calidad de lo que recibimos.

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