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David Yanovich.

| 11/25/2012 6:00:00 AM

No todo lo que brilla es oro

El mayor problema de la minería colombiana es que no tiene barreras a la entrada. Aunque no parezca evidente, esta es la única forma de proteger el medio ambiente y de sacar de la trampa de la pobreza a miles de familias que viven de la minería informal.

por David Yanovich

El código minero colombiano tiene más de 360 artículos. Muchos de ellos hablan sobre procedimientos para acceder a títulos mineros, sobre derechos, sobre áreas especiales y zonas de exclusión de minería, sobre servidumbres y amparos. Y ninguno de ellos habla de lo que es probablemente el problema más grande de la minería en Colombia hoy en día: las barreras a la entrada.

Como bien se ha comprobado hasta la saciedad en la teoría y en la práctica –los aberrantes casos de minería en Zaragoza (Valle del Cauca), Chocó, el sur de Bolívar, cientos de minas ilegales en Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, entre varios ejemplos–, recurso que se encuentra, recurso que se saca. Este principio fundamental es el que debería estar detrás del diseño de la política minera en el país, pero no es así. El tema no es si se hace minería o no, sino si se hace bien, con estándares internacionales y mejores prácticas sociales y ambientales, o si se hace mal, a la brava, con corrupción y con daños ambientales irreversibles, como suele ser el caso de muchas de las explotaciones informales e ilegales del país.

Desafortunadamente, durante muchos años, el debate en torno a la minería se ha centrado –particularmente entre políticos oportunistas– en la minería como política social y de inclusión. A comienzos de siglo, el Congreso de la República, y particularmente la Cámara de Representantes, tuvo a bien oponerse a la inclusión de barreras de entrada en el código minero aprobado en 2001 porque iba en contra de los pobres.

Como en Colombia, por un lado, lo único que se necesita para hacer minería es un pico y una pala, y, por el otro, miles de familias han vivido de explotar de manera errónea y dañina ciertos recursos, en ese entonces se argumentaba que cualquier impedimento al acceso a dichos recursos naturales –que valga la pena decir que no son renovables, por lo que si se explotan mal se pierden para siempre–es un ataque de frente a lo social.

Pero resulta que lo que está pasando actualmente es la mejor forma de garantizar que el ambiente se deteriore y que miles de familias que viven de la minería nunca salgan de la trampa de pobreza en la que se encuentran, a pesar del pico y la pala. Una vez aparece un recurso natural no renovable, con valor, este se explota y se extrae.

Es mejor, entonces, que esa explotación se haga con tecnología, mejores prácticas, lo más amigable con el medio ambiente posible, y con mano de obra local calificada, entrenada, y en ambientes de trabajo saludables y sanos. La única forma de garantizar esto es con operadores idóneos, con inversiones de capital que en algunos casos resultan muy cuantiosas, y con una institucionalidad estatal fuerte que permita una fiscalización seria y objetiva. Y todo lo anterior se logra generando unos criterios mínimos técnicos, financieros y de experiencia para el otorgamiento de títulos mineros a lo largo y ancho del territorio nacional. Es decir, con barreras a la entrada.

Por el lado de la fiscalización, es mucho más fácil para el Estado vigilar pocos títulos operados con idoneidad, que miles de pequeños títulos operados de manera poco técnica y sin ningún reparo por lo ambiental o lo social.

Aquellos que se oponen a la explotación minera, como suele suceder con muchos debates en Colombia, lo único que están haciendo es socavando el hoyo de lo que dicen defender. Pregunto yo, por ejemplo, ¿qué sucede si los descubrimientos de oro en Cajamarca, Tolima, o en Santurbán, Santander, por cualquier razón, no son explotados por métodos mineros probados, serios, con tecnología y capital? La respuesta es evidente.

Los colombianos veremos, en no mucho tiempo, una montaña llena de pequeños hoyos, con mineros ilegales e informales extrayendo el recurso que se sabe que está ahí presente, y probablemente con manos oscuras detrás proveyendo financiación. Los problemas de agua, contaminación, y toda suerte de dificultades sociales serán magnificados y amplificados. ¿Es esto mejor para el ambiente y para la sociedad que una explotación ordenada y tecnificada? Por supuesto que no.

El código minero podría ser mucho más simple, si se enfoca por el lado de las barreras de entrada. Pero la probabilidad de que así sea es muy baja. Políticamente la minería sigue siendo un salvavidas de lo social. Pero al no generar esas barreras, los defensores de la minería social, en lugar de tirar un salvavidas, están es amarrando un yunque.

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