Opinión

  • | 2016/06/23 00:00

    ¡No es esa economía, estúpidos!

    El Gobierno debe dar muestras de que su voluntad sí es en verdad buscar la paz de la Nación con reformas que cambien el estado de cosas existentes –a la salud, a las pensiones, a la educación, a la justicia, etc.– y no solo una reforma tributaria para sanear las finanzas del Estado.

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Fácil es llegar al consenso de que del idealismo que pudo tener la guerrilla en sus orígenes poco queda. Es más, lo que sin ser una ilusión podría también haber sido una ambición de poder, tampoco parecería hoy ser una explicación de la persistencia de ese problema, puesto que en términos realistas deben tener claro que tomarse el Estado mediante una victoria con las armas es un imposible.

La explicación más divulgada es que el interés que permite que subsista ese grupo alzado en armas es el interés económico: se sostiene que están acaparando fortuna a base de delinquir –en las extorsiones o en el narcotráfico–, como si fuera una inversión a mediano o largo plazo con la cual pudieran contar una vez se llegue al fin del conflicto.

La realidad es que sí hay una motivación económica detrás de la existencia de la insurgencia. Pero no la de volverse ricos, sino la misma de la cual viven tantos ciudadanos de Colombia; es decir, la necesidad de recursos para simplemente subsistir. Porque la inmensa mayoría y en todo caso prácticamente toda la tropa –no su dirigencia– sí tiene la motivación del dinero como razón para entrar a esas filas, pero porque necesitan un ingreso para sobrevivir y/o para que sobrevivan quienes de ellos dependen.

E igual los paramilitares y la mayor parte de aquellos militares que no entran por prestar el servicio obligatorio sino por recibir una remuneración; todos forman parte de la actividad más difundida en el país, porque la violencia es solo una alternativa más del rebusque.

La idea de que todo se explica por la mala naturaleza del individuo ha calado tanto que se supone que todas las soluciones llegarían con la represión. Y por eso se atribuye como primera causa de nuestros males a la corrupción, y no a una deficiente institucionalidad que crea esa cultura, y un orden injusto o incluso inviable: legislamos para reprimir y castigar, y no para subsanar las causas de la insurgencia o de la corrupción.

El problema del país sí es la economía. Pero porque se acepta la famosa frase de ‘la economía va bien pero el país va mal’. Porque a lo único que se le presta atención es a la economía del Estado y no a la de la población (sea el manejo de indicadores macroeconómicos; sea el seguir la dirección de los grandes órganos internacionales; sea la obsesión de entrar a la Ocde; el hecho es que nada dice al ciudadano, lo que motiva las decisiones del Gobierno, cuando lo que vive es un país con el mayor desempleo o la mayor desigualdad o la mayor inseguridad).

No es ‘cuestión de percepción’ como se afirma, es cuestión de vivencias: la satisfacción que reivindican los administradores públicos con lo que para ellos es la economía no corresponde a la situación económica del colombiano común. Los paros y las protestas no son de unos locos o unos subversivos que están contra el Gobierno sino de los pobladores contra la situación que viven.

Está bien que se negocie el desarme y la inserción de la insurgencia. Pero que ni nos engañen ni se engañen quienes representan al Gobierno: es un cambio de modelo económico, político y social lo que requiere Colombia. La obligación no es con las Farc, y no se limita a un acuerdo para que cesen las hostilidades. En la Habana se define la relación con un sector de la lucha armada, pero no la Paz. Igual que a los sublevados se les pide que den muestras de voluntad de paz, el Gobierno también debe dar muestras de que su intención no se reduce a desactivar esa forma de manifestar el inconformismo, y que su voluntad sí es en verdad buscar la paz de la Nación con reformas que cambien el estado de cosas existentes: reformas a la salud, a las pensiones, a la educación, a la justicia, etc. y no solo una reforma tributaria para sanear las finanzas del Estado.

Claro que la garantía de la vida y de los derechos políticos de quienes aceptan desarmarse tienen que ser concretos; y con mayor razón tiene que ser alrededor del reconocimiento de los derechos de las víctimas que se deben firmar los acuerdos. Pero no por eso se debe olvidar que el problema de la paz es otro.

Coda: Por recordar que, como su nombre lo indica, los ‘acuerdos especiales’ del DIH son aplicables para temas humanitarios, es decir, para disminuir el sufrimiento en los conflictos armados (v.gr. el cese de hostilidades, el desminado, el abandono del reclutamiento de menores, etc.), pero no para otros propósitos como reformas electorales, políticas antinarcóticos o propuestas de desarrollo rural, el Fiscal Perdomo declaró la insubsistencia de la Directora de Fiscalías Nacionales Especializadas. Mal camino para la Paz es el abuso del poder personal para violentar el orden jurídico atropellando a quien lo defiende.

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