Opinión

  • | 2017/05/25 00:01

    Medicina legal

    La impunidad en una sociedad la determina el eslabón más débil del sistema judicial. Medicina Legal es, sin duda alguna, mi candidata.

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La captura del exdirectivo del Santa Fe Álvaro Jaime Tello Rondón debería despertar mucha más curiosidad e interés en la opinión pública y en los entes de control. Estas investigaciones van a la médula de cómo opera el crimen organizado de alto nivel en el país; van a la esencia de lo que motiva al hampa y a buena parte de la corrupción que tanto nos acongoja: la plata. El billete que embadurna conciencias mes a mes para que el negocio fluya y que logra que nunca les quiten sus fortunas mal habidas. Además, garantiza impunidad a través de los diagnósticos médicos más bizarros que uno pueda imaginar: que la comida de la cárcel engorda y afecta la salud, o que la falta de buen ejercicio –jugar golf me imagino– genera dolores de rodilla, o que se deprimen… o enfermedades inventadas, en fin, lo que se requiera para que los jueces los envíen a sus casas.

Miguel y Guido Nule, ‘La Gata‘, Rodrigo Jaramillo, Víctor Maldonado, Guillermo Fino, Aldemar Moncada, el chatarrero de los negocios, Cemex y la Dian, ‘Quimbaya‘, el mafioso de la Cordillera que sigue el legado de ‘Macaco‘ en Pereira, etc. En la mayoría de los casos, Medicina Legal fue instrumental para sacar de la cárcel a los bandidos. La justicia los manda a la casa a descansar en vacaciones forzadas, lo que les permite seguir manejando sus fortunas o emporios criminales. A ‘La Gata‘ no solo la visitan funcionarios del Congreso, sino que sus nuevas empresas ya empiezan a reconquistar su imperio en la Costa: miren Magdalena y Sucre.

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¿Cuántos funcionarios de Medicina Legal tienen antecedentes judiciales graves? Camilo Herrera, el falso psiquiatra condenado por fraude en 2012, llevaba 10 años expidiendo dictámenes falsos y provenía del Inpec. Cinco años después nada parece haber cambiado, las evaluaciones médicas y psiquiátricas siguen siendo vergonzosas y la Fiscalía y la Policía continúan sin hacer público ningún análisis sobre el riesgo de que las excarcelaciones se compren a través de dictámenes falsos. ¿Por qué no se preguntarán cuánta plata pagarán por ellos?, ¿dónde atesoran la platica los funcionarios involucrados?, ¿qué tan generalizado será el problema?

La historia de esta entidad es larga y lamentable. Para refrescar la memoria, unos ejemplos: a ‘Fritanga‘ le expidieron su acta de defunción; de la funcionaria de la Contraloría asesinada en Quibdó, dijeron, en primera instancia, que había sido un accidente de cocina, cuando tenía más de 20 puñaladas en el cuerpo. En la Dian, un funcionario involucrado en las investigaciones relacionadas con fraudes en la devolución del IVA, dizque se suicidó en un motel; igual diagnóstico fue el de la funcionaria que firmó la recepción a satisfacción con la que se autorizó el pago por el inexistente edificio de la Dian en San Andrés. ¿Cuántos homicidios no se dejarán de investigar en Colombia por un dictamen de suicidio?

El narcotráfico, según el Centro para el Estudio de la Democracia, es la actividad criminal que más corrompe los sistemas nerviosos de los gobiernos nacionales y locales. Vale la pena contextualizar esta problemática partiendo de los US$86.000 millones que amasan las estructuras criminales de la región al año con sus ventas de cocaína en Estados Unidos. Sus utilidades son enormes, los costos de insumos y materias primas no superan los US$2.000 millones. Para combatir este delito y la corrupción que engendra, no basta tener como meta incautar unas cuantas toneladas de coca al año.

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Si se quieren instituciones públicas que le sirvan al país, la guerra no es contra las drogas. Debería ser contra los medios logísticos, comerciales y financieros que usan para mover las utilidades de la mafia y sus servicios conexos, en particular sus contadores, abogados, financieros y comerciantes que facilitan y crean el andamiaje de sociedades y transacciones que les permiten operar. Este es el Talón de Aquiles de ese cáncer.

Tello Rondón no es el único caso; los ejemplos van creciendo, pero nada que se llega a la médula de los empresarios grises que ofrecen estos servicios siniestros. Los Waked, de la Riviera; Los Guberek textileros y empresarios del fútbol a través de su sociedad ProFutcol; Mugrabi del Centro comercial Gran Estación...

Nuevamente el culpable, ya que Tello aceptó cargos, va para la casita, y nada que se discute cuánta fortuna acumuló todos estos años, desangrando al país. Ni se debate el peculiar concepto del psiquiatra Luis Alberto Rodríguez, exsubdirector de investigación científica de Medicina Legal del fiscal Iguarán, defensor de Tello. Estamos tan pasmados que nos quedamos tranquilos con obviedades como que la cárcel puede generar claustrofobia, ansiedad, estrés y depresión.

Por lo menos recuperen la plata y destituyan a todos los corruptos que por años les ayudaron.

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