Revista Dinero

Ex Superintendente de valores

| 10/24/2012 6:00:00 PM

Los crímenes de Andrés Camargo

Habría que ser muy ingenuo para no reconocer que las inconsistencias de este fallo, que convirtió los complejos problemas técnicos en claros delitos, se explican en el contexto político que siempre rodeó el debate de las losas de Transmilenio.

por Jorge Gabriel Taboada

Según la Juez 45 penal del circuito de descongestión que condenó a Andrés Camargo –exdirector del IDU– a 85 meses de prisión, el exfuncionario mereció esa pena por haber cometido tanto el delito de celebración de contratos sin los requistos legales como el de peculado culposo.

Para demostrar la ocurrencia del primer delito la Juez 45 afirmó que encontró probado –aunque no dijo cómo– que el exfuncionario manipuló los estudios que sustentaron la licitación que dio origen al contrato para adecuar la Autopista Norte para el Transmilenio, con el fin de aumentar ilícitamente la cantidad de relleno fluido que debería usarse en esas obras y así subir las ventas de cemento de las compañías cementeras grandes del país –Argos (Metrocemento), Holcim o Cemex–.

¿Para qué quería Camargo que alguna compañía cementera vendiera más cemento? En el fallo, de 352 páginas, no aparece una sola palabra sobre esta incógnita, por lo que después de leerlo se queda uno con la impresión de que la Juez 45 piensa que Andrés Camargo estaba platónicamente enamorado de las grandes compañías cementeras que funcionan en Colombia, cosa que lo habría llevado a manipular los estudios previos a la licitación, no para adjudicarla a determinado contratista a cambio de un soborno, ni para ayudar a nadie con quien tuviera una relación de parentezco o amistad, sino solo para disfrutar del curioso placer de saber que gracias a él, alguna de las tres cementeras mencionadas podría vender más cemento.

En cuanto al segundo delito –peculado culposo–, según la Juez 45, Camargo cometió el peculado simplemente porque “era el director del IDU” y por lo tanto “tenía que dirigir, coordinar y controlar las decisiones técnicas de los proyectos del instituto”, con lo que bastó que se estableciera que un número de losas de la Autonorte se rompieron, para que automáticamente se entendiera probado el delito en cabeza del director de la entidad.

Ningún argumento hizo que la Juez 45 viera que estaba frente a personas que no se robaron nada y que intentaron hacer las cosas bien. De nada le valió a Camargo demostrar que él no intervino en los estudios previos sobre los materiales de la obra, ni que acreditara que nombró un equipo técnico bien calificado para atender la licitación y la ejecución del contrato de la Autonorte; tampoco le sirvió argumentar que era imposible que él mismo controlara personal y exhaustivamente cada uno de los más de 400 contratos que hizo su administración, ni que pusiera de presente que las propiedades del relleno fluido escapan de sus conocimientos personales.

Por ser tan poco plausible lo que dijo la juez para sustentar la condena que profirió contra las 7 personas afectadas por su fallo –en el que condenó también a Álvaro Otoya, gerente de Conciviles, y a 4 exfuncionarios del IDU– no hay que hilar muy delgado para concluir que la aventura de imaginación jurídica con la que se justificó la sentencia –y las hipótesis bizarras en las que esta se apoya– surgieron de la necesidad de cuadrar a martillo los hechos para justificar las condenas y aplicar las penas más largas posibles a los procesados.

Y habría que ser muy ingenuo para no reconocer que las inconsistencias de este fallo, que convirtió los complejos problemas técnicos que afectaron el contrato de la Autonorte en claros delitos, se explican en el contexto político que siempre rodeó el debate de las losas de Transmilenio, que no es ajeno a la campaña que hicieron los contradictores políticos del exalcalde Peñalosa para desprestigiar su administración.

Se me ocurren las siguientes hipótesis sobre la forma como opera el mecanismo de transmisión que articula los escándalos políticos con las decisiones de los jueces y los organismos de control en Colombia: i) que algunos políticos tienen vara en la administración de justicia o en las Asustadurías (1)  y la usan para sacar del camino a otros políticos; ii) que basta con lograr que resuene un escándalo en la prensa para que el respectivo juez, fiscal, contralor, procurador, personero etc., se lance a condenar al funcionario involcucrado, buscando posar de héroe y quizá alimentando una futura aspiración política o un ascenso en su carrera; iii) que hay quien sabe manipular las simpatías – o antipatías– ideológicas o personales de los funcionarios, y iv) que estamos ante una mezcla de todo lo anterior.

¿No es usted político y por eso no le preocupa este asunto? En todo caso no debe descuidarse porque la adicción colombiana a los linchamientos públicos está creciendo, y últimamente vemos en la prensa que también están linchando empresarios, artistas y, en general, a todo el que pueden.

(1) Término que usan los funcionarios públicos para referirse conjuntamente a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.


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