Opinión

  • | 2017/06/08 00:01

    Los costos de la negociación del ‘acuerdo de paz’

    El costo más grande ha sido el social, en la medida en que se relegó al olvido la función del Estado como responsable de la armonía ciudadana.

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No es justo decir que ‘fue por el Nobel de Paz’, pero tampoco sobra repetir que el ‘acuerdo de paz’ está muy lejos de ser la Paz; y que la polarización que no parecería posible alrededor de tal tema se debe a que la mayoría de ciudadanos se sienten ausentes de lo comprometido, pues este se ha adelantado a sus espaldas; que solo ha pretendido legitimarse por el respaldo internacional, apoyo elemental en la medida en que no se involucraban en la situación interna ni tenía costo alguno para ellos.

Falta tocar este tema en nuestro caso.

Costo aquel que en lenguaje común más concreto podría ser, y el que más sería deseable poder analizar en una revista de temas económicos como esta, sería el de la cuantificación de los recursos necesarios para implementar el ‘posconflicto’.

Infortunadamente poco se ha aclarado o siquiera debatido al respecto.

Nada se refleja en el presupuesto de la Nación, donde no aparece ningún rubro o partida que tenga específicamente ese destino. Mencionan las autoridades que en las respectivas apropiaciones se contemplan gastos orientados a eso, lo cual se vería en los renglones que se aumentan. Como ejemplo se cita el caso de la erradicación de cultivos con programas de sustitución que se habrían convenido con las Farc. Pero en el presupuesto global no se dio un aumento que pueda considerarse como un presupuesto adicional para la Paz (es más, ni siquiera se vio un crecimiento del mismo), por lo que mal se puede visualizar el costo económico que puede llegar a tener lo pactado, ni siquiera cuánto sería el mínimo estimado.

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Otro costo sería el que tanto molesta al uribismo y a cierta oposición, a quienes la solución de ‘compromiso entre justicia y paz’ en la forma de una Justicia Transicional les parece inaceptable. El que los guerrilleros reciban subsidios del Estado, o que no paguen cárcel, o que puedan participar en la contienda politica –y además con condiciones privilegiadas– no es visto por ellos como el desenlace natural de cualquier inserción de una guerrilla para que cambie la vía armada por el camino de las elecciones, y no les aparece como algo inevitable para alcanzar lo deseable, sino como un costo y en este caso además como un costo excesivo.

No pocos consideran también un costo el desorden que se crea en el manejo del orden público, y en particular la que se considera inestabilidad que nace con la cantidad de individuos que, acostumbrados a vivir de la violencia y del uso del delito (aun los que defendían propósitos idealistas), optan por mantener esas costumbres para beneficio propio. Los planes ‘pistola’ contra miembros de las fuerzas armadas o la inseguridad que siente el ciudadano (lo que el Gobierno señala como ‘errores de percepción’) caerían en esa categoría. Y, aunque en parte se podría aplicar una cuantificación económica, lo de más peso no es medible, y es cuándo se podrá o cuánto costará controlarlos (eso incluye Bacrims, delincuencia ordinaria, delincuencia organizada, disidencias de las Farc y el incremento en territorio y en acciones del ELN).

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También tiene un costo económico difícil de cuantificar la destrucción de la institucionalidad que ha acompañado el proceso. Se ha sacrificado todo respeto por el orden establecido acudiendo a toda clase de improvisaciones. El manejo del plebiscito, la invención del fast track, el equiparar el Congreso al ‘Consituyente Primario’, etc., lo único que configuran es una incertidumbre respecto a la validez de las reglas del juego, representando uno de los mayores costos por cuenta del cuestionable manejo del proceso. Y esto no es ajeno al desplome de la inversión extranjera y al escepticismo de los inversionistas que se refleja en el lamentable crecimiento de la economía.

Pero el costo más grande ha sido el social, en la medida en que se relegó al olvido la función del Estado como responsable de la armonía ciudadana. Por supuesto se agrava con la polarización política que paraliza cualquier posibilidad de unir las fuerzas para propósitos comunes. Pero es en la falta de respuestas a las necesidades y preocupaciones de la población, en lo que la afecta directamente, que se manifiesta el mayor costo para nuestra sociedad. Ninguna reforma, ningún proyecto, ningún presupuesto con esa orientación prioritaria se ha concretado en el periodo de negociaciones. Aumentos tributarios para la guerra, o para unas supuestas 4G que hoy se ven ilusorias, pero en cuanto a la calidad de vida del colombiano solo deterioro. Más que el inconformismo que refleja una aprobación de apenas 14% a la imagen del presidente, los paros y la falta de solución a ellos (o las falsas soluciones que se acostumbran) ponen en duda si por lo cuestionable del manejo del ‘proceso de paz’ no acaban siendo excesivos los costos que representa el desarme de las Farc.

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