| 11/27/2013 6:00:00 PM

El fuero militar: un tema económico

Juan Manuel López Carrasquilla, consultor.

Una entrevista al Ministro de Defensa llama a hacer varias precisiones sobre el tema del fuero militar.

por Juan Manuel López Caballero

La actuación y las declaraciones del Dr. Pinzón son coherentes no solo con sus convicciones sino con lo que corresponde a su cargo. Tal vez lo que no es apropiado es que el Ministerio se llame ‘de Defensa’ y no ‘de Guerra’.

Su planteamiento es que a los militares se les enjuicia dentro del ámbito de los Derechos Humanos cuando debería ser bajo el Derecho Internacional Humanitario.

Es bueno desarrollar el tema.

La órbita de los Derechos Humanos –cuando se distingue del DIH y no se habla de Derechos Humanos Ampliado– cubre las relaciones entre el Estado y los ciudadanos (por extensión aplica a quien asume que tiene derecho de gobernante –v. gr. un movimiento separatista–). Lo concretan varios tratados internacionales que firman los Estados (por ejemplo contra ‘los tratos crueles, inhumanos y degradantes’, conocido como ‘contra la tortura’). La jurisdicción competente es la de las Cortes de Derechos Humanos (como la Interamericana, la Europea, o la Africana) para los delitos contemplados en los tratados, y sería la Corte Internacional de la Haya para el incumplimiento del tratado mismo. Existe también bajo la órbita de la ONU el Comité de Derechos Humanos pero este concierne más a las políticas y no los procesos ‘judiciales’.

El DIH forma parte del Derecho aplicable en la Guerra. Se conoce como Derecho de Ginebra por su origen, y se limita a 4 convenios con dos protocolos adicionales; establece las obligaciones respecto a los no combatientes y se distingue del llamado Derecho de la Haya que regula las relaciones entre los combatientes. El depositario es el Gobierno Suizo y su máximo intérprete el Comité Internacional de la Cruz Roja. No es propiamente una jurisdicción pues no cuenta con los elementos procesales, por lo tanto no existe una clasificación diferente a la de ‘violación’ y ‘violaciones graves’ al DIH.

La ausencia de un mecanismo de aplicación de los enunciados del DIH fue subsanado con la creación de la Corte Penal Internacional. Con el Estatuto de Roma, que es el código que la rige, asumió prácticamente las normas del DIH y se convirtió en los ‘dientes’ que aquel no tenía, aplicado además aunque no haya guerra. Contempla cuatro categorías de delitos (lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y de agresión) y tiene carácter subsidiario respecto a las justicias internas (solo procede cuando estas no operan).

Respecto al fuero también valen varias precisiones. Fuero tiene o debe tener cualquier individuo con facultades especiales ajenas a las del común de los ciudadanos. Se crea o forma parte de una jurisdicción especial acorde a esa condición, no es un privilegio ni necesariamente una protección para favorecer al aforado.

Fuero tienen los Congresistas porque pueden hacer las leyes, o la cabeza de los órganos de control por lo que de ellos depende, etc. Como los militares representan la violencia legal tienen que responder por la forma en que la ejercen, y como están supeditados a normas que no aplican al común de los ciudadanos (insubordinación, deserción, etc.) el fuero se plasma en la Justicia Penal Militar.

Fuero debe existir; fuero existe; y está definido como debe serlo en la Constitución: “De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares con arreglo al Código Penal Militar”.

No hay ambigüedad y el debate gira es alrededor de quién decide cuando es ‘en relación con el mismo servicio’: ¿debe hacerlo la Justicia Ordinaria, y decidir si asume el juicio o da traslado a la Justicia Militar, o la iniciativa y tal función competen a ésta última?

El enumerar exclusiones parece ser redundante o limitante, ya que delitos como el abuso sexual o los de lesa humanidad mal pueden ser parte del ‘debido servicio’.

Si gozaran de confiabilidad estos órganos judiciales cualquier opción valdría (o la de un órgano especial); en la medida en que solo trata de precisiones o llenar vacíos para evitar problemas de interpretación, la reforma no modifica en forma definitiva o sustancial lo actual. Solo los defectos de todo nuestro sistema de administración de justicia –agravado por las condiciones de conflicto permanente que vivimos– crean la urgente definición de competencias.

Lo nuevo es la asignación de recursos para la defensa de los militares enjuiciados. En el momento hay más de 15.000 militares pendientes de fallos (por solo ‘falsos positivos’, más de 1.200). Con los costos de un apoderado judicial no bajaría de un centenar de miles de millones; y si es el Estado el que paga subiría seguramente a varios centenares. Por eso, un decreto presidencial o una ley específica para ello es algo más que “ya que no pasó la Reforma, salvemos esto”.

Con ello se asegura más la adhesión de las fuerzas armadas al statu quo que sirven, y al gobierno que se los ofrece. El argumento de que son enjuiciados es por haber defendido a la ciudadanía parece válido si se pudiera diferenciar a priori cuando la acusación es injusta; pero también podría llevar a que los jueces que tienen juicios por sus fallos (o contra los cuales repite el Estado) puedan pretender el mismo trato.
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