Opinión

  • | 2013/12/14 00:00

    El show de la destitución

    Para el Procurador, el Superfinanciero tuvo que ser destituido por no haber tomado medidas preventivas para evitar o disminuir la crisis de InterBolsa. ¿Se justificaba hacerlo?

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La Procuraduría suele convocar una conferencia de prensa cuando va a destituir a un funcionario importante, en la cual el propio Procurador General lee a los periodistas un comunicado donde anuncia al público la respectiva medida y hace un resumen de los motivos tras la misma. Ahí se revela al mundo la chiva que –en principio– es desconocida hasta ese momento incluso para los directamente afectados por las sanciones. Y así fue como se enteró Gerardo Hernández, superintendente Financiero, de la chiva de su destitución, que fue anunciada muy temprano en la mañana del pasado 28 de noviembre por el Procurador en conferencia de prensa cuyo video fue publicado ese mismo día en la cuenta oficial que tiene la Procuraduría en YouTube.

En la consabida conferencia, el Procurador explicó a los periodistas la teoría con la cual justificó la destitución de Hernández. Para el Procurador, el Superintendente tuvo que ser destituido por no haber tomado medidas preventivas para evitar o disminuir la crisis de InterBolsa, cosa que, según él, se habría podido lograr si la Superintendencia hubiese suspendiendo la acción de Fabricato en junio de 2012 con base en determinados indicios que para entonces ya se conocían, entre los cuales citó la alta valorización de esa acción, las relaciones entre los compradores y vendedores de las acciones y la situación de los fundamentales de Fabricato. Incluso, afirmó el Procurador, refiriéndose a la decisión de la Superintendencia de no suspender la acción de Fabricato, que “la omisión de la Superintendencia Financiera permitió el descalabro de InterBolsa”.

Pero la facultad de suspender la negociación de una acción es una medida provisional y por eso mismo no sirve para remediar problemas estructurales. El numeral 3 del artículo 6 de la Ley 964 –la norma que permite a la Superintendencia suspender la negociación de un valor– es una adaptación colombiana de la regla de la Securities and Exchange Act de 1934 que permite a la SEC suspender la negociación de determinada acción hasta por 10 días hábiles para que el mercado absorba información sobre el valor. Y aunque en la ley en Colombia no se puso ese límite, la idea que se tuvo cuando se redactó la versión colombiana de esta regla fue que la suspensión debía ser aplicada de manera temporal y no definitiva, como corresponde lógicamente a cualquier suspensión.

¿Se justificaba suspender la acción de Fabricato en junio de 2012? Para decidir esto la Superintendencia tenía que apreciar –entre otros datos– la información que circulaba sobre Fabricato en esa época en la prensa especializada, la cual se refería en términos muy favorables a la valorización de esa acción. Dado ese ambiente informativo se diría que en esa fecha no era conveniente suspender la negociación porque una vez levantada la suspensión era incluso posible –e inconveniente– que la acción subiera, pero si por el contrario la cotización de la acción bajaba, las mencionadas noticias positivas habrían servido de pretexto a las personas que tenían las acciones de Fabricato (los sospechosos de manipularlas) para argumentar que perdieron dinero por culpa de esta medida, de lo que seguro se seguiría una demanda contra el Estado.

Si la Superintendencia hubiese conocido en junio de 2012 todo lo que realmente estaba pasando en InterBolsa, lo procedente habría sido que tomara posesión de esa firma en vez de entretenerse en suspender la acción de Fabricato. Pero el estándar para tomar posesión de una entidad financiera en Colombia es alto, tal como lo demostró el fallo del Consejo de Estado en el que se condenó a la Superintendencia por tomar posesión de Granahorrar1 en plena crisis financiera, y en todo caso es muy difícil justificar una toma de posesión usando los indicios a los que se refirió el Procurador en su comunicado, porque ni la existencia de relaciones entre los compradores y los vendedores de acciones de Fabricato ni las consideraciones sobre el valor de los fundamentales económicos de esa empresa demuestran de forma unívoca que esa acción estaba siendo manipulada y menos aún que los directores de InterBolsa participaban en ese delito.

El problema es que aun cuando la decisión de destitución que se anunció en el comunicado de prensa no es definitiva, no parece haber ningún chance de que sea reconsiderada porque, al encabezar la violenta campaña mediática que hizo la Procuraduría para asegurarse de que todos los colombianos supiéramos que esa entidad destituyó e inhabilitó al Superintendente Financiero para ejercer cargos públicos durante los próximos 12 años por razones supuestamente gravísimas, se diría que el Procurador quemó los puentes y no puede ya devolverse.

1 Sentencia del 1/11/2007. Consejo de Estados condenó a la Superintendencia Bancaria y Fogafin al pago de $226.961.237.735 por intervenir a Granahorrar. Esta sentencia fue revocada por la Sentencia SU-447 de 2011 de la Corte Constitucional.
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