Opinión

  • | 2013/12/14 00:00

    ¿Más impuestos?

    La reforma tributaria post-conflicto debería aprovecharse para hacer más transparentes las cargas fiscales, que están llegando a 27% del PIB, no para seguir aumentándolas.

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Ya se rumora que el post-conflicto implicará más impuestos. Habrá que financiar la redistribución de tierras, la recuperación del sector agrícola y las promesas de solidaridad social con las víctimas y los desmovilizados.

Si el Gobierno quiere dar este debate debería tener presente cuáles son las verdaderas cargas fiscales y cuánto han aumentado desde la Constitución de 1991, que estuvo inspirada en sentimientos parecidos de conciliación nacional y generosidad social.

Antes de la Constitución, la carga tributaria incluyendo contribuciones a la seguridad social era apenas 11,7% del PIB, una cifra muy baja aún para el nivel de desarrollo que tenía el país. La misma precariedad del Estado lo inhabilitaba para cobrar impuestos, lo que había llevado desde tiempo atrás a ceder a diversas entidades públicas y privadas las más diversas rentas, esa figura tan colombiana de los “parafiscales”. Es difícil saber con precisión cuánto recibían por ese concepto el Sena, el ICBF, las cajas de compensación, los fondos agropecuarios y los demás beneficiarios de esta largueza en medio de la escasez. Calculo que en ese entonces eran unos dos puntos del PIB, elevando así la carga fiscal a cerca de 14% del PIB.

Pues bien, la carga tributaria (nuevamente, con contribuciones de seguridad social incluso a fondos privados) más que se duplicó en las dos décadas siguientes, llegando a 24,7% del PIB en 2012. La carga fiscal total, teniendo en cuenta parafiscales, alcanzó una cifra que debe estar próxima a 27% del PIB, aunque nadie tiene datos precisos. Los recaudos que más aumentaron fueron los del IVA, las contribuciones a la seguridad social, las regalías y dividendos petroleros, los impuestos de renta y los impuestos municipales.

Solamente tres países que se declaran heterodoxos en lo económico y de izquierda en lo social aumentaron sus cargas tributarias en forma tan sustancial: Argentina, Ecuador y Bolivia (los dos últimos gracias al petróleo y la minería). Es paradójico que un país tan conservador en lo económico y con un gasto público tan regresivo socialmente como Colombia haya tomado esa misma ruta. Ya tenemos cargas tributarias semejantes a las de los países más desarrollados de la región, como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, pero estamos lejos de tener los servicios sociales, de seguridad social y asistencia a los pobres que ellos tienen.

La reforma tributaria de 2012 hizo muy bien en desmontar los parafiscales al Sena y el ICBF. Esa medida posiblemente ha sido decisiva para la reducción del desempleo, que en octubre llegó a 7,8%, todo un récord para la historia laboral colombiana de este siglo (y de varias décadas atrás, aunque las cifras no son estrictamente comparables). Sin embargo, es diciente que solo los parafiscales destinados a entidades públicas han podido ser reformados. En los demás hay intereses tan poderosos que ningún gobierno se ha arriesgado a tocarlos.

Pero el actual gobierno ha dado un paso en la dirección correcta. En la ley de presupuesto de 2014 se ha establecido que “las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que no forman parte del Presupuesto General de la Nación, independientemente de su naturaleza jurídica, se incorporarán en un presupuesto independiente que requerirá la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal – Confis.”

Es un valioso intento de controlar mejor el destino de los parafiscales que perciben las cajas de compensación, diversos gremios del sector agropecuario, las cámaras de comercio y los fondos de turismo.

Pero los pasos más grandes tendrán que darse en los próximos meses. Ojalá que la posible reforma tributaria post-conflicto se aproveche no para elevar una vez más las cargas tributarias, sino para dar mayor coherencia y transparencia a todo el régimen fiscal, y para establecer mecanismos de asignación de los recursos públicos de acuerdo con las prioridades públicas, no en respuesta a los intereses privados.
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