Opinión

  • | 2017/05/25 00:01

    La realidad tributaria después de la reforma

    No se trata solo del cambio, sino del precedente que se sienta cuando se manejan problemas coyunturales con esa clase de instrumentos.

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La reforma tributaria ya quedó aprobada y lo que pasó, pasó; pero eso no obsta para que amerite algunos comentarios.

Uno es el efecto negativo en la economía. Lo vemos con el decaimiento de la industria, el comercio y en general el consumo y la formación de capital. Pero, dado el modelo neoliberal de globalización en el que estamos montados, lo más diciente son la disminución de las exportaciones y la caída en la inversión, principalmente en la inversión extranjera, pues la inestabilidad en las reglas de juego es el peor enemigo del empresario.

Y aquí no se trata solo de que se haya producido un cambio, sino del precedente que se sienta y el mensaje que se envía cuando se manejan problemas coyunturales con esa clase de instrumentos.

Porque la reforma no fue ‘estructural’ sino coyuntural, y eso nos deja ad portas de otro inminente asalto al bolsillo de los contribuyentes.

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A pesar de ello, no fue suficiente para cubrir el déficit calculado y el presupuesto necesitó mayor endeudamiento para equilibrarse.

El mayor ingreso esperado parece estar en entredicho en la medida en que los supuestos de crecimiento del PIB no se han cumplido y cada vez se van reduciendo más (para este año ya solo el Gobierno –de todas las instituciones que hacen esas proyecciones, incluyendo Banco de la República, gremios, o Banco Mundial– sigue insistiendo en no contemplar la posibilidad de caídas por debajo de 2%).

No incluyó –o por lo menos no sustentó– la cantidad que se destinaría a los mayores gastos por cuenta de la nueva situación creada con el acuerdo con las Farc.

No señaló los objetivos que se buscaban diferentes del mayor ingreso fiscal (sin decir el cómo o con qué programas, solo mencionó en forma abstracta y etérea sin ninguna proyección –así fuera meramente teórica– que con ella se financiaría la paz, se mejorarían las condiciones de desigualdad y pobreza de nuestra sociedad y prácticamente se subsanaría todo lo que las encuestas señalan como falencias de nuestro Estado).

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Pero lo que es más grave de todo es el impacto social que no se reveló –o sobre el cual no se hizo énfasis– como es la verdadera situación que se atravesaba; con ello se evadió el análisis de las consecuencias que trae.

En particular no se destacó que el origen del gran desfase no puede ser atribuido a nuevos o mayores gastos sino a menores ingresos, y ya no por la caída de los precios del petróleo –que ya habían sido asumidos–.

Hasta cierto punto, se ha puesto muchísimo esmero en mostrar el crecimiento en el recaudo sin destacar que eso ha correspondido a ingresos ocasionales o transitorios, como son el impuesto a la riqueza y la amnistía o normalización de activos que han ocurrido en los últimos tres años, pero que terminan ahora.

Lo que en realidad se hizo fue intentar reemplazar esos ingresos por nuevas fuentes.

Solo que esos recursos provenían (por lo menos en principio) de los estratos más pudientes de la sociedad, puesto que se cargaban a quienes tenían unos mínimos de patrimonio y/o a quienes hasta entonces habían evadido tributar sobre parte de ellos, mientras su reemplazo recae en todas las otras capas, principalmente en las más pobres, aunque también en las clases medias.

Las primeras por ser afectadas directamente por el aumento de los impuestos al consumo –o sea el IVA– ya que este no discrimina entre quienes pagan ese gravamen. No solo recae en todos por igual, sino, por lo mismo, su efecto sobre las clases populares es mucho mayor que sobre los que antes proporcionaban los aportes para ese ‘equilibrio fiscal’.

Y a quienes habían conseguido salir de la pobreza logrando acceder a un mínimo de bienes y de calidad de vida, se les amarga y cambia su situación con la ampliación de la base tributaria.

Y como complemento se comienza a hablar de la necesidad de disminuir el gasto del Estado en futuras pensiones mediante una reforma que modificará las expectativas de quienes ya consideran haber consolidado una solución para su futura vejez.

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En su momento se previno que ese aumento del gasto, basado en ingresos transitorios, era una nueva modalidad de ‘prosperidad al debe’, en la medida en que se creaban obligaciones permanentes contra déficit de ingresos futuros.

Ahora esto se refuerza comprometiendo el mañana con ‘vigencias futuras’ para justificar obras o promesas que reducirán aún más los presupuestos de los años venideros; es decir, que crearán un nuevo hueco y desfase en el equilibrio de los próximos ejercicios.

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