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Juan Manuel López Caballero.

| 6/29/2013 11:00:00 AM

La necesidad de una Ley de Tierras

Estamos ante una ‘vaguedad litigiosa’ por las nuevas situaciones creadas alrededor de los despojos que han convertido al campo en una especie de tierra de nadie.

por Juan Manuel López Caballero

Con motivo del Día o Mes del Campesino fui invitado a dar unas declaraciones que me incitaron a precisar algunos puntos de vista que frecuentemente se plantean.

El primero es el del enfoque de la Ley 200 de 1936 de Alfonso López Pumarejo –y hasta cierto punto su posición y visión política, puesto que se considera que esa norma las ejemplariza–.

Al respecto, nada más claro que su propio mensaje al Congreso al presentarla:

“Hemos llegado a  un momento del desarrollo económico de Colombia en que nos toca en suerte decidir sobre un tema universal, de inmediata aplicación en el país. Tal como lo disponen nuestras instituciones actuales, el gran propietario, el mayor latifundista es el Estado, y la propiedad de la tierra carece en la gran mayoría de los casos de un título perfecto que a la luz de la jurisprudencia abstracta no diera lugar a un juicio de reversión hacia el Estado. Técnicamente, pues, nos encontramos frente a la alternativa jurídica de definir la Nación hacia una orientación socialista, o de revalidar los títulos de propiedad privada, purificándolos de imperfecciones. El criterio del Gobierno ha adoptado ésta última ruta. El proyecto del régimen de tierras no tiene otro propósito que el de fundamentar la propiedad, organizándola sobre principios de justicia, y resolviendo los conflictos a que ha dado lugar la vaguedad litigiosa de la titulación existente”.

No se pensaba en términos de una medida ‘socializante’, sino de una medida funcional para resolver un problema. López Pumarejo giraba más alrededor del reconocimiento de unos derechos y de dar soluciones pragmáticas, que de ideologías en las cuales se partiera de un principio asistencialista o de ‘justicia social’, en el sentido de ver como minusválidos a algunos sectores de la población –en este caso los campesinos–.

Esta precisión es importante en ambos sentidos: en el de que la ley buscaba lo funcional y no era ideologizada; y de que López Pumarejo no se sentía ‘paternalista’ o condescendiente ‘ayudando a quienes necesitan ayuda’, sino reconocía y defendía los derechos que a cada cual corresponden (en este caso reconociendo los que se les desconocían a los campesinos pero en todo caso también los que ya tenían todos y cada uno de los habitantes del campo).

Un segundo tema es cómo debe verse la función de las agroempresas y los campesinos en el contexto actual. Se debe reconocer la necesidad de la explotación del campo para efectos de participación en la economía como sector productivo y generador de empleo, para seguridad alimentaria y para ejercicio de soberanía; y ambos sectores, empresarial y campesino, contribuyen a ellos, luego a ambos hay que desarrollarlos y defenderlos. El punto es que no son excluyentes sino complementarios: lo que la producción campesina pierde en eficiencia en lo productivo y en la intensidad de uso de mano de obra, lo compensa con la ocupación de territorio y con la autosatisfacción de empleo, ingreso y consumo de la población que la constituye; no debe ser visto como un favor o una ayuda el mecanismo por el cual se reconozca esto. El tema debe ser cómo se organiza esa complementariedad.

Y en ese sentido creo que es totalmente vigente y debe ser un modelo el espíritu de esa ley, puesto que estamos ante una ‘vaguedad litigiosa’, ya no por falta de desarrollo legislativo, sino por las nuevas situaciones creadas alrededor de los despojos, tanto jurídicos como por violencia, que han convertido el campo colombiano en una especie de tierra de nadie, no solo por haber sido –y seguir siendo– el centro del conflicto armado, con desplazamientos causados por todos los actores –guerrilla, paramilitares y fuerzas oficiales–, sino por la situación en que queda toda la titulación como resultado de las diferentes maniobras aplicadas alrededor de esto –incluyendo la legislación bastante caótica e improvisada (y no solo la reciente sino además la famosa ley 160 que ahora tanto se discute)–.

No solo es necesario debatir la Justicia Transicional en lo penal sino también estudiar algo equivalente a una legislación transicional integral para manejar el complejo tema agrario. Podría servir de modelo y de principio lo que inspiró en su momento la Ley 200. Parafraseando podría ser:

“Hemos llegado a  un momento del conflicto armado de Colombia en que nos toca en suerte decidir sobre un tema propio nuestro, de inmediata aplicación en el país. Tal como lo disponen nuestras instituciones actuales, el gran propietario, el mayor latifundista es la ilegalidad, y la propiedad de la tierra carece en la gran mayoría de los casos de un título perfecto que a la luz de la jurisprudencia abstracta permita un juicio de reversión hacia las víctimas. Técnicamente, pues, nos encontramos frente a  la alternativa jurídica de definir la Nación hacia una orientación ‘santanderista’, o de revalidar los títulos de quienes tienen derechos sobre la tierra, purificándolos de imperfecciones. El criterio del Gobierno parece haber adoptado esta última ruta. Falta un proyecto de régimen de tierras sin otro propósito que el de fundamentar la propiedad, organizándola sobre principios de justicia, y resolviendo los conflictos a que ha dado lugar la vaguedad litigiosa de la titulación existente”.

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