Opinión

  • | 2013/11/16 10:00

    La economía de la guerra y la paz

    ¿Qué podría seguir en la economía si se logra un acuerdo que en efecto suspenda las actividades propiamente guerrilleras?

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Fidel Castaño describió muy claramente la relación entre la economía y la guerra en los tiempos del paramilitarismo. Su afirmación fue: “esta guerra no se acaba nunca mientras no se acaben los dos elementos que la alimentan: la mano de obra infinita que suministra la pobreza y el desempleo en Colombia, y los recursos que el negocio de la droga ofrece para contratarla; tanto la autodefensa como la guerrilla tienen acceso ilimitado a ellos”.

En estas declaraciones más que un análisis económico lo que pretendía era explicar la situación que existía, en el sentido de que el Estado era apenas un espectador de la confrontación mientras esas condiciones no cambiaran.

En los años siguientes el cambio se produjo. Andrés Pastrana se dedicó a vender la imagen de un país acabado por los mafiosos y a pasar la escudilla por el mundo para conseguir recursos para subsanar esa situación. Desde entonces, y más bajo Álvaro Uribe, el Estado reemplazó al paramilitarismo (reafirmando la tesis de que este era un medio de autodefensa para subsanar la incapacidad oficial) y se consiguieron fuentes extranjeras para financiar el incremento del poder bélico, justificándolo en la persecución a la droga.

Así, el Estado se convirtió en el segundo receptor del mundo de ayuda americana, y, con tres impuestos excepcionales internos para la guerra, nuestras fuerzas armadas son hoy en proporción a la población –así como el presupuesto del Ministerio de Defensa en proporción al PIB– los más grandes del mundo (¡Estados Unidos es el único país que tiene más Blackhawks artillados que Colombia!). Con esto la violencia oficial –entre fuerzas armadas y agencias de seguridad– pasó a ser la primera fuente de empleo y la de mayor crecimiento del país.

Respecto al costo de la guerra, José Fernando Isaza como profesor de matemáticas escogió este tema para desarrollar un modelo que mostrara cómo se podría analizar en cifras la evolución probable de un problema. Lamentablemente, a este ensayo –que debería ser de obligatorio estudio para quienes tocan la problemática de la paz por la vía de la guerra–, no se le ha prestado suficiente atención. Sus conclusiones son que los costos de disminuir la guerrilla se incrementarían cada vez más y que los recursos del Estado se tendrían que destinar indefinidamente a ello, sin posibilidad de llegar a un resultado final; es decir, que el gasto para la guerra es un agujero negro que absorbe al Estado mismo. Como corolario planteó que destinar los mismos recursos a una estrategia de buscar reducir el ‘ejército de reserva de pobres y desempleados’ mediante soluciones sociales tendría necesariamente más éxito. Una segunda revisión algunos años después corroboró la validez del modelo, confirmando que el costo de retirar un efectivo de la guerrilla se había subido en forma exponencial sin que se avizorara un final próximo.

Interesante sería que Isaza corriera su modelo hoy, aunque eso solo adicionaría la precisión cuantitativa de dónde estamos, puesto que la tendencia está más que probada (aumento del pie de fuerza oficial de 20 miembros por disminución efectiva de uno de la guerrilla).

Esto lleva a que valga la pena pensar en lo que vendrá o vendría en un ‘postconflicto’.

El problema económico es más difícil que en la guerra actual (entre otras porque esto ya está organizado y tiene dimensiones definidas, siempre y cuando no se agrave metiendo más guerra sino disminuyendo las causas de ella).

La desmovilización de 10.000 o 15.000 guerrilleros implicaría buscar qué hacer con por lo menos diez veces más efectivos oficiales (sin incluir los de seguridad privada). No solo por ‘falta de oficio’ se debería generar naturalmente un gran desempleo, sino por falta de recursos pues desaparecerían las ayudas externas y los impuestos extraordinarios. Cuando se habla del posible paso a Bacrims de la insurgencia, el mismo fenómeno probablemente afecte pero en muchísimo mayor número a los desmovilizados de las fuerzas armadas.

Pero desde el punto de vista de la economía, el impacto inmediato de una eventual firma con la guerrilla es cuestión de presupuesto y de liquidez. El diseño del Post es cuestión de plata, y no es coherente presionar tanto las negociaciones en La Habana mientras no se dedican ni cinco minutos a estudiar los aspectos económicos que tocaría manejar en adelante.

Por ejemplo, entre los obstáculos para la paz no se destaca la regla fiscal. Al respecto se requeriría un vuelco total en los principios que la generaron (un caso: la prioridad de la ley de Fuero Militar es poder destinar recursos para la defensa de los militares: hay 15.000 procesos contra militares, más de 5 por cada uno contra guerrilleros). Es hasta paradójico que no sean las necesidades de la paz –o sea el gasto social– sino las consecuencias de la guerra lo que pueda terminar con esa aberración obsesiva neoliberal.

En últimas, al diagnóstico de Castaño solo le faltó aclarar que la confrontación paramilitar-guerrilla era una manifestación del problema y no el problema mismo, y que no es que no se acabe, sino que existirá mientras no se cambien las políticas de Estado.
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