Opinión

  • | 2016/05/26 00:00

    La desigualdad causada por la guerrilla

    Cómo los desplazamientos y el gasto militar inducidos por la guerrilla han aumentado las desigualdades.

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Colombia es el país con las mayores desigualdades de todos los que se analizan en el famoso libro de Thomas Piketty, Capital en el Siglo XXI. A diferencia de lo que ha ocurrido en la mayoría de países de América Latina en las dos últimas décadas, en Colombia no se ha reducido prácticamente nada la desigualdad, pues los ingresos de los trabajadores con poca educación han estado estancados, y los de los informales se han reducido dramáticamente, de modo que todo el aumento de ingresos ha ido a parar a las clases medias y altas. Solo cinco países latinoamericanos lo han hecho peor que Colombia en materia de desigualdad durante el presente siglo.

Con razón tenemos guerrilla, dirán algunos. Es posible que las inequidades hayan contribuido al surgimiento de las Farc o el ELN hace ya más de medio siglo. Pero los grupos armados ilegales han agudizado seriamente las inequidades, impidiendo los avances en equidad que sí han tenido otros 12 países latinoamericanos.

La principal razón es el desplazamiento forzado que han sufrido 5,3 millones de personas como resultado de los ataques e intimidaciones de las Farc, el ELN y los paramilitares a la población civil, lo que ha hecho de Colombia el país con el mayor número de desplazados (hay un total de 38 millones de desplazados internos en todo el mundo, según las Naciones Unidas).

Los desplazados representan la mitad de la población rural que tenía el país hace 20 años, o la tercera parte de la población que no estaba ya en ciudades de 50.000 o más habitantes. Un fenómeno verdaderamente masivo.

El desplazamiento forzoso ha agudizado profundamente la concentración del ingreso. En primer lugar, porque la pérdida de población en los sitios de conflicto ha reducido la producción y los ingresos para los trabajadores que se quedaron, que en su mayoría son pobres.

Por otro lado, porque los desplazados que llegaron a las ciudades perdieron gran parte de sus activos e ingresos. Su pérdida fue equivalente a 37% de su capacidad de gasto permanente. Y los que ya eran pobres perdieron un alarmante 72%. Según los estudios de Ana María Ibáñez y sus coautores de donde vienen estas cifras, los desplazados no logran recuperar estas pérdidas, incluso después de muchos años de estar en las ciudades. Y como la gran mayoría no puede o no quiere regresar a sus lugares de origen, esto implica un deterioro permanente en la distribución del ingreso.

Un tercer canal de concentración del ingreso resultado de los desplazamientos forzosos ha sido la caída de las remuneraciones de los trabajadores no calificados que ya estaban en las ciudades, especialmente los informales, debido a que los desplazados llegaron a competir con estos por los empleos y los oficios del lugar. Como llegaron sin capital y con una carga de traumas que dificultaban su adaptación, no estaban en capacidad de crear nuevos negocios. Al contrario de lo que suele ocurrir cuando las migraciones son voluntarias, incluso si son masivas (como ha sido el caso reciente de albaneses que han regresado a su país a raíz de la crisis de Grecia: en los lugares a donde han llegado han aumentado los ingresos de los trabajadores no calificados y ha bajado el desempleo).

Los beneficiarios de la abundancia de trabajadores no calificados en las ciudades colombianas han sido los dueños de empresas intensivas en este tipo de personal y los consumidores de mayores ingresos, para quienes esto representa servicio doméstico, taxis, restaurantes y muchos otros servicios baratos. (Es insólito que muchos propongan que la solución a esta situación sea bajar o incluso eliminar el salario mínimo, con el argumento de que eso reduciría la informalidad, como si tal cosa no tuviera un impacto adicional en la desigualdad).

Pero los desplazamientos no son la única forma como los paramilitares, las Farc y el ELN han hecho de Colombia un país más desigual. El conflicto ha llevado al Gobierno a darle prioridad al gasto militar sobre otros gastos que podrían beneficiar a los pobres, tales como programas de protección social y de ingreso mínimo para los pobres (que en otros países han sido clave para reducir la desigualdad y en los que Colombia gasta muy poco). Los gastos “sociales” que han estado mejor protegidos han sido los que benefician a los ricos (como las pensiones o los subsidios a los grandes productores agrícolas), quienes tienen más poder político que las clases bajas.

Agréguese a todo esto que los líderes guerrilleros han hecho un gran negocio durante medio siglo: según reveló recientemente la revista The Economist citando un estudio del Gobierno, la cúpula de las Farc tenía en 2012 un capital de $33 billones (US$10.500 millones). Para qué más revolución.

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