Opinión

  • | 2017/01/19 00:00

    La cultura de la corrupción

    Este cáncer es mortal, mata los sueños y el futuro de nuestros hijos es su principal víctima.

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Somos un país corrupto, nuestra falta de moral y la cultura del dinero fácil y la narcovida nos han carcomido el alma. La clase política es la metástasis del cáncer que nos está matando.

Necesitamos un salvador, un líder que canalice nuestra rabia contra esos corruptos. Alguien que luche y acabe con esos políticos y esas castas que han corrompido y capturado al Estado. Algo que haga que el crimen no pague.

Esta es la cacofonía de erradas narrativas y añoranzas que se escuchan por ahí; rabia y ruido mental que nos están ensordeciendo y carcomiendo, sin dejarnos pensar, ni observar la realidad objetivamente. Por ejemplo, si los Odebrecht reconocen, ante las autoridades de Estados Unidos, utilidades por US$50 millones, como producto de los sobornos en Colombia, entonces, ¿por qué las sanciones no son más que esto?

Lo de Odebrecht, como lo fue en su momento lo de SaludCoop, o Samuel y su cartel de la contratación, o la corrupción del ‘Chatarrero‘ en la Dian son la puntica del iceberg: el país es el RMS Titanic. Y la condena al Vice García, con casi total seguridad, volverá a servir como anestesia y distracción de la verdadera dimensión y gravedad del problema: no se ilusionen, pero no desfallezcan hay soluciones.

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La verdad desnuda sería insoportable, esto ya es sistémico y en lo público pocas instituciones se salvarían; importantes actores del sector privado colombiano estarían salpicados, poderosos políticos, miembros de la fuerza pública, muchos funcionarios de los entes de control y del Ejecutivo a nivel nacional y local terminarían con procesos penales y en la rama judicial no serían pocos los que también tendrían que rendir cuentas ante la justicia.

Hay tanta gente involucrada que se va a necesitar algo similar al proceso de Paz para distinguir los crímenes conexos con la rebelión (lo “disculpable”) de los de lesa humanidad. Por esto, antes que darnos más látigo, un buen diagnóstico es imperativo y, a partir de este, entre todos podríamos construir la solución.

En primer lugar, el asunto es que la corrupción no es un problema de otros. Es un problema de todos. Es un problema de nosotros, que compramos en Sanandresitos, en Sansur, la 40, San Victorino; que pedimos rebaja por pagar en efectivo, que aceptamos la evasión de impuestos de los Corabastos y subastas de ganado; de nosotros que creemos en los padrinos y las palancas para conseguir puesto y más adelante ascender.

En segundo lugar, la corrupción no es un asunto exclusivo del sector público, y su discusión se debería organizar con rigurosas mediciones de impacto económico y social. Por esto es relevante entender que la corrupción más grave que padece Colombia no es la de sus políticos, ni la de los costeños, ni siquiera la de los poderosos contratistas. Las oficinas de cobro, la extorsión, el pagadiario, la usura, el gota gota, las ventas de títulos educativos de pacotilla, los carteles de precios (cemento, azúcar, pañales, servicios financieros, bebidas, licores, etc.) y las ventas sin facturación o subfacturadas son la principal y más grave forma de corrupción del país.

En tercer lugar, esto no es cultural, ni algo relacionado con Colombia, ni siquiera consecuencia de la narco-cultura. Es un fenómeno inherente al estado de desarrollo de toda sociedad, probablemente agravado por el narcotráfico. Cuando la pobreza prevalece, los mercados son poco profundos, el Estado es pobre (recauda menos de 15% del PIB en impuestos) y las Universidades no controlan la calidad; así, la única forma efectiva de acumular riqueza es a través de tres vías: creación de monopolios, robo de impuestos o corrupción a través de la contratación pública, el clientelismo y el patronazgo. Y la corrupción del día a día, en su mayoría, es consecuencia de excesos y defectos de la regulación (en particular a pequeñas y medianas empresas). Y la de los poderosos de la política resulta en parte por la falta de independencia de la rama judicial, en particular de la Fiscalía.

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Y, por último, esto no se resuelve con un gran cataclismo, una sanación, o purificación milagrosa, esto es algo que toma entre 20 y 60 años de arduo trabajo y sostenida voluntad política. No obstante lo largo de la cura, hay que hacer algo y hay que actuar ahora. Debemos tratar de construir un lenguaje común que no arrincone a nadie y nos incluya a todos.  Un lenguaje plural que genere conciencia y nos motive a actuar en pos del cambio. Y se debería aprovechar el proceso de paz para que la comunidad internacional  –siguiendo el exitoso modelo de comisión contra la impunidad en Guatemala (CICIG)– se instaure en Colombia para controlar las elecciones y su financiamiento por los próximos 15 años, con énfasis en las registradurías regionales y sus sistemas informáticos.

Este es el momento para actuar, pero no existe nadie que resuelva esto solo. Una coalición masiva por el cambio es la única opción.

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