Revista Dinero

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| 7/10/2013 6:00:00 PM

La antiley de tierras

No es por casualidad que desde su expedición hace casi 20 años hubiera sido en la práctica desconocida y nunca aplicada la tan mentada hoy Ley 160 de 1994.

por Juan Manuel López Caballero

Si hay algo claro en el momento es que al país le hace falta una Ley de Tierras que acabe con la confusión y permita aclarar cómo se concibe el uso, la ocupación y la explotación del campo colombiano.

Para tocar siquiera el tema se debe partir de un diagnóstico que reconozca por lo menos dos premisas. Una –que en sana lógica no requiere mayor debate– es que deben coexistir las condiciones dignas y adecuadas de vida para la población campesina y la explotación económica intensiva de capital mediante la existencia de empresas agroindustriales. Y otra, que no ha sido tocada pero que es igualmente obvia, a saber, que la legislación existente es exactamente lo contrario de lo que se necesita: se podría llamar la antiley de tierras en la medida en que sería la más inadecuada para manejar tanto la ‘vaguedad litigiosa’ que caracteriza las formas de propiedad rural por la evolución de nuestros conflictos armados, como los incentivos y las políticas orientadas a estimular las actividades agropecuarias.

No es casualidad que desde su expedición hace casi 20 años hubiera sido en la práctica desconocida y nunca aplicada la hoy tan mentada Ley 160 de 1994. La actualidad noticiosa ha destacado los temas de ‘reservas campesinas’ (por las conversaciones en La Habana) y de ‘acaparamiento de Unidades Agrícolas Familiares’ originadas en adjudicación de baldíos (por el caso de Riopaila en el Vichada). Los dos son contemplados y deberían ser tratados en referencia a dicha ley, lo que obliga por lo menos a estudiarla. De hecho su ‘objetivo’, además de confuso, sería contrario a la primera premisa aquí expuesta, ya que busca condicionar toda la explotación rural a la promoción de la ocupación y titulación al campesino, sin tener en cuenta ninguna de las otras funciones que debe cumplir la tierra y la propiedad de la misma.

En la ley aparecen lo que también serían ‘antidefiniciones’ en la medida que se intenta regular alrededor ellas pero sin antes tener una definición que vaya más allá de darles el nombre. Es el caso justamente de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) o de las Zonas de Reserva Campesina o de las Zonas de Desarrollo Empresarial que simplemente se dice que el Incora las deberá determinar, cosa que nunca hizo, ni se estableció cómo se debería hacer, ni se aclaró cómo lo debería hacer el Incoder al reemplazarla.

Otra dimensión de lo absurdo e inoperable de la ley la da el que esta gira alrededor de un ‘Sistema Nacional De La Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino’ que estaría dirigido por un ‘Consejo Nacional De La Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino’, integrado por los Ministros –quienes solo podrían delegar en sus viceministros– de Hacienda, Agricultura, Medio Ambiente, Salud, Educación, Trabajo; Director de Planeación; Consejero de Política Social de la Presidencia; gerentes del Idema, Imat, Ica, Corpoica, del DRI, del Plan Nacional de Rehabilitación; seis representantes de campesinos, dos de indígenas y uno de las comercializadoras privadas que pertenezcan a ‘organizaciones nacionales legalmente constituidas y reconocidas’; y tres delegados de la SAC y dos de Fedegán. Se supone que tendrían una reunión obligatoria cada cuatro meses para orientar y dirigir las políticas correspondientes, pero es difícil imaginar que exista siquiera una de esas reuniones, no se diga el respectivo libro de actas.

Como si fuera poco, con la misma periodicidad debería presentar su trabajo ante cada una de las Comisiones Constitucionales del Congreso concernidas. Por supuesto la cantidad de funciones, de responsabilidades y de ejecutorias, y la definición de cómo se articula con los órganos supuestamente obligatoriamente vinculados han quedado en un limbo equivalente (incluye Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria, Conpes, DRI, Inat, Finagro, Findeter, ICA, Corpoica, Incora, Sena; Esap; etc.)

Pretender que, después de no haber tenido nunca vigencia real, ni nunca haber desarrollado las normas reglamentarias y complementarias que permitieran su aplicación, ni existir hoy buena parte de los órganos que la constituyen, sea esta ley a la que se debe acudir para resolver o pronunciarse sobre cómo se debe desarrollar el agro colombiano no sería más que algo equivalente a una especulación sobre el sexo de los ángeles. Lo constructivo no es hacer escándalos y debates alrededor de las interpretaciones que se pueden dar a esta ley como si sobre ella se pudiera resolver o definir el presente o el futuro del campo; mejor haríamos en partir de la base de que el error cometido se debe corregir, e iniciar desde ahora el estudio de una verdadera Ley de Tierras que defina unas reglas que sean viables, justas, y convenientes para tratar los diferentes aspectos que constituyen la problemática de la organización de nuestro sector rural.

Adendo: en el caso Riopaila parece que los árboles no han permitido ver el bosque: lo más grave no es la eventual ilegalidad (que probablemente no la hay porque existe el principio de que no se puede desconocer el texto de la ley so pretexto de consultar su espíritu); lo escandaloso debería ser que el montaje de las 27 SAS y la holding en Luxemburgo es porque a una sociedad extranjera le es permitido lo que a una empresa nacional le es prohibido.

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