Opinión

  • | 2016/09/15 00:00

    John Lennon

    All we are saying is give peace a chance.

COMPARTIR

En 1972 el gobierno de los Estados Unidos inició los procesos para deportar a John Lennon y a Yoko Ono. Nixon, padeciendo sus frecuentes delirios de poder, quería a Lennon fuera de Estados Unidos, la oposición del músico a la guerra de Vietnam y su influencia sobre los votantes jóvenes podían afectar su reelección; reelección que también justificó el invento nefasto de la guerra contra las drogas. Otra guerra absurda y fracasada, que sirvió de excusa para perseguir opositores políticos: jóvenes blancos, hippies, la población afroamericana y todos los grupos que se manifestaban en contra de la poderosa industria militar.

El pueblo y las instituciones colombianas podrían aprender mucho de estos oscuros años. Y no me refiero solo a la inspiradora letra de la canción de John Lennon de darle a la paz una oportunidad. Afortunadamente las encuestas parecen todas apuntar en este sentido. Para mí, el legado más relevante de esta saga es la sabiduría detrás de la jurisprudencia sobre prosecutorial discretion, la discrecionalidad que tiene la autoridad al momento de decidir a quienes sancionan por incumplir la ley. El origen del argumento es evidente: el Estado tiene recursos limitados, por lo tanto, el poder para sancionar sólo se podrá ejercer sobre unos pocos de quienes cometen ofensas o violan la ley.

La experiencia de John Lennon y la seriedad de su abogado Wildes Leon son de la mayor relevancia. Wildes, a través del equivalente en Estados Unidos del derecho de petición, logró demostrar que la discrecionalidad del gobierno al enfocar sus baterías en contra de Lennon no correspondía a una juiciosa reflexión sobre cómo aplicar la ley, sino a una arbitraria persecución al cantante por pensar de forma diferente al régimen. La intuición de Wildes lo hizo investigar los casos de criminales condenados en ausencia que no estaban siendo perseguidos por la agencia de los servicios de naturalización (INS). El INS dedicaba enormes recursos para deportar a un gran músico, cuya visa de turista había vencido, pero no investigaba a criminales condenados ni a inmigrantes ilegales.

Lea también: Marica corrupción

Hoy más que nunca es urgente que en Colombia los entes que administran justicia o que ejercen poder sancionatorio hagan públicos sus criterios objetivos con base en los cuales le dan prioridad a sus investigaciones. La Corte Suprema, la Fiscalía, la Dian, la Procuraduría, la Contraloría, la Policía y las Personerías usan su poder de forma arbitraria y muchas veces sesgada por intereses políticos y en ocasiones criminales.

Un buen ejemplo a seguir es el sistema inglés. Sus principales entidades están obligadas a presentar su estrategia para luchar contra los fenómenos que cuantitativamente son los más relevantes. Le explican al público los peligros que acechan al Estado, los diagnostican y ofrecen una estrategia.

Por ejemplo, The Serious Organised Crime Agency ofrece un excelente modelo sobre cómo una institución sirve a su sociedad como un todo y no se presta a ejercicios arbitrarios de quienes están en el poder.

En Colombia nuestras instituciones de control vienen dando espectáculo tras espectáculo de arbitrariedad y abuso del poder. El caso de Andrés Felipe Arias es uno de tantos. Esa sentencia es inexplicable: 17 años de cárcel por firmar el mismo contrato con el Iica que firmaron todos los ministros de Agricultura antes que él y un supuesto peculado por beneficio de terceros en un país donde el enriquecimiento de ciertos funcionarios públicos y políticos es evidente y jamás es investigado. Cómo se explican estas sentencias en un país donde mujeres embarazadas fueron asesinadas con motosierras, en donde los narcoparamilitares masacraron pueblos enteros y sus autores intelectuales en su mayoría pagaron penas irrisorias y los extraditados todos van a quedar libres en unos pocos años.

Lea también: Así le fue a Colombia en el índice de percepción de corrupción

Esto sucede en todas las entidades una y otra vez, la Procuraduría dejó vencer los términos en la mayoría de las investigaciones sobre los funcionarios de la Dian que aparentemente colaboraron con el fraude de las devoluciones de IVA y el lavado de dólares a través de exportaciones ficticias de chatarra. La Fiscalía tampoco inicia investigación sobre el que podría ser el mayor contrabandista/ lavador del país, Diego Marín Buitrago. Y el exdirector de la aduana de Barranquilla, Gustavo Amador, tampoco fue investigado a pesar de las denuncias valerosas interpuestas por sus funcionarios. Ellos describen los fajos de billetes que se repartían con frecuencia como contraprestación por facilitar el contrabando.

Toda la teoría seria sobre criminalidad ha demostrado que la mayoría de los crímenes los cometen muy pocas personas. Igualmente sucede con la corrupción, unos pocos poderosos amasan las grandes fortunas. Todos estos están impunes. Colombia se merece unas políticas criminales serias, públicas y documentadas. Las persecuciones políticas deben ser, como los terroristas, cosas del pasado.

Lea también: Buen acuerdo, pero sin justicia no habrá paz

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?