Opinión

  • | 2016/07/21 00:00

    Inevitable un mal arreglo

    El paro camionero no se puede resolver a las malas.

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En el momento en que escribo estas líneas el paro camionero se encuentra en su fase crítica: ya no hay diálogo y se hacen amenazas mutuas. La solución del paro camionero tendrá que ser un mal arreglo. Todos los involucrados son corresponsables en mayor o menor grado y, aunque el país esté muy mortificado con la situación, tendrá que hacer una revisión de fondo al problema para darse cuenta de la urgencia y magnitud de las verdaderas soluciones. Los acuerdos a que se lleguen no serán suficientes para arreglar el problema porque, dadas sus características, no es solucionable a corto plazo con una discusión al borde de carretera, pues el paro en esencia es el reflejo de problemas estructurales.

La posición de cada una de las partes puede ser simple. Los transportadores quieren ver aumentar sus ingresos con la expectativa de tener un negocio estable y rentable hacia el futuro con base en tarifas reguladas. El Gobierno trata de salir del paso de un problema “heredado” al menor costo posible, tratando de evitar “imponer” a la economía fletes onerosos.

La esencia de la situación seguramente obedece a un exceso de oferta de transporte, derivada del auge minero-energético y la precaria infraestructura disponible en su momento para manejar los incrementos de producción derivados de los altos precios de las materias primas. Este auge ocurrió luego de largos años de recesión e inseguridad del transporte que hizo que el parque automotor fuera insuficiente antes del inicio del ciclo de crecimiento económico rápido y concentrado en ciertos sectores. Cuando llegó el crecimiento económico y el superciclo de materias primas, el país no estaba preparado con medios de transporte y el único disponible, las carreteras, en muy mal estado y sin camiones. Lo que pasó fue obvio: había que comprar más camiones que era lo único que nuestra incipiente economía podía hacer a corto plazo para absorber el crecimiento.

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Con la terminación del superciclo de materias primas y el grave deterioro de los precios de los principales productos del sector minero-energético, petróleo y carbón, acentuados con la virtual desaparición de la nueva inversión en esos sectores y del conjunto de la economía, se disminuye notablemente la demanda de transporte y naturalmente aparece un sobrante de camiones enorme que no tiene esperanza de ser sostenible hacia adelante, dadas las perspectivas de los sectores productivos que generaron esa oferta de transporte exagerada.

Sin duda la solución no será fijar por decreto tarifas que cubran los costos operativos y de capital porque el capital invertido es excesivo y, por lo tanto, el sobrante actual de capital invertido en transporte no lo puede pagar la economía, al menos no en las circunstancias actuales, mientras el crecimiento económico mundial siga tan lento y con tan pobres expectativas. Pero, ¿qué hacer entonces con los transportadores endeudados que no logran poner a trabajar sus equipos y tienen unas expectativas de futuro tan negativas?

Obviamente el Gobierno cree legítimamente que poner tarifas “exageradas” no es conveniente porque es costoso para el país. Pero si existe, como lo creo, un enorme exceso de oferta de transporte de carga por carretera, las tarifas que defina el Gobierno van a quedar como un saludo a la bandera. Su eventual impacto sobre los precios podrá ser menor pues, como en Colombia se cumplen más las leyes de oferta y demanda que las del Congreso, los precios reales de transporte no subirán en realidad mientras el exceso de oferta se mantenga.

En esta situación, el Gobierno mal puede decir que se trata de problemas derivados de gobiernos anteriores: mal argumento, pues los gobiernos son elegidos y los candidatos se pelean por eso, precisamente para tener el derecho a enfrentar los problemas dejados por los gobernantes anteriores con la creencia de que ellos sí los podrán resolver. O ¿habrá un candidato que se haga publicidad diciendo que le va a quedar grande un problema? Tampoco el Gobierno debe decir que los aumentos de tarifas van a castigar a los consumidores: el mercado se va a encargar de eliminar el desequilibrio de precios que el Gobierno piensa que va a crear con un decreto de fletes.

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La solución debe estar en la raíz del mal: los transportadores necesitan refinanciaciones temporales de emergencia, mientras la economía se recupera, con bajas tasas de interés y plazos mayores para los créditos de los pequeños transportadores endeudados, que son los afectados con la guerra de precios de los fletes. El Gobierno sí puede ayudar con eso. El transporte es un elemento esencial para que la economía funcione y no se puede dejar al garete, pues el costo de un conflicto sin solución es enorme para el país.

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