Opinión

  • | 2015/03/05 06:00

    Los caficultores pagan demasiados impuestos

    La “institucionalidad cafetera” no ayuda a elevar y estabilizar el ingreso de los caficultores, sino el de la Federación Nacional de Cafeteros.

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En adición a los onerosos impuestos y contribuciones que tenemos que pagar todos los colombianos, los caficultores están forzados a transferir en forma poco transparente una parte sustancial de sus ingresos a una cuenta pública llamada Fondo Nacional del Café, mediante la cual se financian las actividades “institucionales” de la Federación Nacional de Cafeteros.

Esas transferencias representan fácilmente 15% del ingreso de los caficultores, que en su mayoría son gente pobre, con escasos beneficios para ellos o para la competitividad de la caficultura. Ese es el nudo del acalorado debate que se ha dado en los últimos meses entre los representantes de la Federación, que defienden la “institucionalidad”, y quienes participamos en la Misión Cafetera convocada por el Gobierno y dirigida por Juan José Echavarría.

Veamos cómo se les extraen parte de sus ingresos a los caficultores. Por un lado, por cada libra de café exportado deben entregarse como “contribución cafetera” seis centavos de dólar al Fondo Nacional del Café. Como los precios de exportación son lo que son, estos seis centavos son ingresos que pierde el caficultor. De hecho, están descontados ya de los precios de la “garantía de compra” que anuncia a diario la Federación para adquirir el café pergamino en las zonas productoras.

Por otro lado, hay un segundo descuento menos transparente. Esos precios de compra están calculados para asegurar que las exportaciones de café que hace la Federación le dejen una rentabilidad de 8% a los activos del Fondo. En 2013, ese margen fue equivalente a 7,1 centavos de dólar por libra de café exportado. Por consiguiente, en 2013 los caficultores pagaron cerca de 13 centavos de dólar por libra de café para financiar la “institucionalidad”. Según mis propios cálculos, estos sobrecostos equivalen a una tasa de impuesto de 15,3% sobre los ingresos que les habrían quedado a los caficultores y sus trabajadores después de pagar el costo de los insumos.

Puesto que estos sobrecostos operan en forma plana para todos los cafeteros, corresponden a un impuesto al ingreso sin ninguna progresividad (incluso pueden ser regresivos, pues solo los caficultores sofisticados pueden producir cafés de alta calidad). Aparte de no ser progresivos, los sobrecostos por la contribución y las ganancias comerciales tienen el defecto de ser procíclicos, ya que su tasa se eleva cuando los precios de venta bajan y viceversa. (Eso contribuyó a que el Gobierno tuviera que subsidiar a los caficultores en 2013 y parte de 2014 para evitar su ruina en un momento de revaluación y bajos precios externos).

Por consiguiente, la “institucionalidad cafetera” no contribuye a elevar y estabilizar los ingresos de los caficultores, como arguyen sus defensores. Al contrario, la contribución cafetera y la garantía de compra operan como mecanismos de protección y estabilización de los ingresos del Fondo Nacional del Café, de los cuales depende la Federación, a costa de reducir y desestabilizar el ingreso de los caficultores (y permitiendo de paso que los exportadores privados paguen precios más bajos de lo que tendrían que hacerlo si no existieran tales mecanismos).

El alto sobrecosto que implica la “institucionalidad” no sería preocupante si hubiera evidencia de que los caficultores derivan importantes beneficios de los programas que realiza la Federación con esos recursos. Pero como queda claro en el Informe de la Misión, no hay tales beneficios para el caficultor. Las condiciones de vida en las zonas cafeteras ya no son mejores que las de otras regiones del país, la mayoría de los caficultores son pobres, sus ingresos son muy inestables y ni siquiera cuentan con seguridad social. Quienes sí tienen asegurado su empleo, sus ingresos y sus pensiones son los funcionarios de la Federación.

Además, la evidencia comparativa internacional indica claramente que la parafiscalidad y las intervenciones del Gobierno en las actividades cafeteras (en forma directa o delegada) no son necesarias para el éxito de la caficultura. Al contrario, a más intervención, peores son los resultados de productividad y más bajos los ingresos de los caficultores. Las únicas actividades justificables son la investigación y la difusión tecnológica y ambiental, de las cuales depende la sobrevivencia de la caficultura, y a las que se dedican actualmente muy pocos recursos.

Señor Presidente, señor Ministro de Hacienda: defiendan a los caficultores, no a la Federación; reformen a fondo la “institucionalidad cafetera”.
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