Opinión

  • | 2016/11/10 00:00

    Hartos con la corrupción

    Una Colombia en paz necesita una estrategia efectiva anticorrupción.

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El buen trabajo técnico que sustenta la reforma tributaria se puede ir al traste si el Gobierno no reacciona rápido y actúa para frenar la corrupción. Mientras en El Salvador se investiga por corrupción a tres expresidentes y ya encarcelaron a uno de ellos por desfalcos cercanos a los US$240 millones; en Guatemala el partido patriota, su presidente, vicepresidente, ministros y sus poderosos financistas o están en la cárcel o están en la mira de la justicia por el financiamiento ilegal de la campaña, sobornos y desvíos de dineros públicos; en Brasil, el juez Moro hace historia, gracias al descubrimiento de la más compleja trama de corrupción y financiamiento irregular de campañas políticas jamás visto; en Argentina hasta las monjas están en problemas por esconder millonarias fortunas de corruptos funcionarios del gobierno Kirchner; en Perú el nuevo gobierno se inaugura con la muerte política y civil a los corruptos y desregula las actividades de los pequeños empresarios para que no los puedan seguir extorsionando con trámites y trabas; en Chile, la presidente Bachelet está ya ha implementando las reformas preparadas por la comisión Engel y en México la academia, la sociedad civil y la ciudadanía lograron la aprobación de la ley tres de tres  que busca gobiernos íntegros y honestos.

En México la presión social es tal, que el poderoso exgobernador de Veracruz tuvo que dimitir a su cargo por las investigaciones en su contra, la justicia lo persigue y sus centenas de propiedades probablemente están en curso de extinción de dominio. Reconociendo que la sanción al corrupto tiene que ir más allá que la condena de cárcel, todo lo que poseen y usufructúan gracias a sus fechorías debe ser extinguido para resarcir a la sociedad y garantizar que el crimen no pague. Incluida la pérdida de la invariabilidad de la vivienda de familia cuando esta es mal habida.

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En Brasil la ley contra la corrupción en el sector empresarial y la contratación pública garantiza que los que de verdad controlan las empresas, y quienes están detrás de los sobornos/contratos sean quienes rindan cuentas ante la ley y no continuar cayendo en la cortina de humo de los encarcelamientos de representantes legales débiles. En Chile van por la raíz del problema: la corrupción a nivel de los municipios. Particularmente la regulación del uso del suelo, la aprobación de licencias y la contratación de obra pública se identifican como los cánceres de la política y de lo público. Sanear la política y la administración pública en los municipios es sanear el futuro. Estos son los semilleros de la política y el lugar donde se construye el imaginario de lo público y del bien común. Sanear lo local es necesario para garantizar procesos electorales transparentes y justos. Además, en lo local se determinan muchos de los vicios del financiamiento ilegal de campañas, compra de votos, manipulación de las registradurías locales o de actas de votación.

En Colombia la corrupción en las administraciones locales es grave. El país ganaría mucho si desregula masivamente las actividades empresariales en todos los municipios que no sean grandes y reforma los trámites de zonificación, estratificación y licenciamientos. No son pocos los funcionarios locales que usan su poder sancionatorio para extorsionar empresarios y ciudadanos. El costo de las campañas políticas en los municipios que circundan a Bogotá: Cajicá, La Calera, Mosquera o Chía es escandaloso; solo negocios muy corruptos pueden justificar semejantes fortunas dilapidadas en una elección. Igualmente, si hablan con constructores de Pereira o Barranquilla, la percepción de que sin pagar sobornos es muy difícil trabajar es generalizada. La impunidad sobre los miles de corruptos que controlan o financian la política local es crónica. Cada par de meses a algún corrupto le dan cárcel, pero lo robado nunca se recupera, los contratistas salen impunes y los funcionarios quedan ricos en cabeza de un sobrino o un cuñado. Hipólito Moreno, Ernesto Salamanca, Juan José Rodríguez o cualquier otro de los del carrusel de la contratación son prueba viva de cómo opera el sistema, aceptan cargos por corrupción en algo mínimo. Y milagrosamente ahí paran todas las investigaciones que podrían demostrar la verdadera dimensión de sus enriquecimientos ilícitos.

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Vivimos en un país con el mayor número de políticos y gobernantes electos que son familiares de expolíticos condenados por crímenes graves. Esto no tiene paralelo en la región, y probablemente somos únicos en el mundo. ¡La probabilidad de ser elegido aumenta si mis familiares son hampones probados! Una de dos: o nos gusta elegir hijos, esposas, sobrinos y hermanos de criminales; o somos todos víctimas de un sistema electoral corrupto. La ciudadanía está saturada y quienes estén poniendo atención a las voces del pueblo, a las redes sociales, a los jóvenes y a la clase media, saben que la rabia y la presión por cambiar esto se están acumulando. El hastío en contra de nuestro Estado cobra fuerza día a día y el desprestigio cobija a más y más instituciones. Por esto, la paz en Colombia va más allá del acuerdo en La Habana, urgentemente necesita un torniquete al desangre de lo público: ¡JUSTICIA!.

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