Numerosos problemas que padecen las grandes ciudades latinoamericanas podrían resolverse obligando a pagar a quien los causa. Por ejemplo, el uso de vehículos contamina el aire, causa congestión y accidentes y deteriora las vías públicas, pero el costo de matrícula y circulación
depende del precio de los vehículos, no del daño que estos causan, y el precio de la gasolina no incorpora usualmente el costo que su consumo le causa a la sociedad. Rara vez se paga en proporción al mal que causan a los demás la generación de basuras, o la contaminación del aire o el agua por partículas y desperdicios en la construcción y la industria.
Los impuestos que ayudan a corregir los problemas ambientales pueden ser una fuente de ingresos fiscales. En Europa estos impuestos recaudan en promedio 2,5% PIB, en América Latina apenas 1%, como se muestra en un informe del BID que aparecerá en marzo próximo.1 Los países productores de petróleo son los que menos se esfuerzan en gravar los “males”: Colombia y México recaudan apenas 0,25% del PIB, y Ecuador y Venezuela sobornan a los consumidores con subsidios de más de 5% del PIB para que usen más gasolina de la que estarían dispuestos a consumir si al menos tuvieran que pagar su precio de costo. Valga decir que los consumidores con mayor capacidad de compra son los que más aprovechan esta forma de soborno, aunque la justificación de los bajos precios de la gasolina sea proteger el poder de compra de los pobres.
Los impuestos a la gasolina pueden ser un instrumento muy burdo para atacar problemas como la congestión en el centro de las ciudades. Las tarifas de congestión son una solución que está, literalmente, a la vuelta de la esquina, debido a la masificación de tecnologías electrónicas como los “transponders”, que permiten llevar registro del paso de los vehículos por ciertos puntos (por ejemplo, de entrada y salida al centro de las ciudades o a ciertas autopistas). Como las tarifas pueden ajustarse según las horas del día o la cantidad de tráfico, este puede ser un sistema muy efectivo para reducir las congestiones, como ha ocurrido en Singapur y Londres. En Santiago de Chile, donde el sistema se introdujo en 2004 en autopistas urbanas gestionadas por concesionarios privados se logró reducir en 40% el tiempo de recorrido entre uno y otro extremo de la ciudad.
Equivocadas consideraciones “distributivas” y simple resistencia miope de la ciudadanía o de ciertos grupos de interés pueden ser un obstáculo mayor que el costo o la tecnología para adoptar estas soluciones en otras grandes ciudades. ¿Qué puede ser más progresivo que facilitar el acceso al trabajo a los pobres reduciendo la circulación de vehículos privados e invirtiendo los ingresos de los peajes en mejores sistemas de transporte público?
Otros problemas urbanos que parecían imposibles de resolver han encontrado soluciones mucho más simples que las tarifas de congestión. Es el caso de las bolsas de plástico, que son una pesadilla ambiental pues atascan los sistemas de drenaje y contaminan aguas y tierras. Se ha intentado eliminarlas por prohibición, o distribuyendo bolsas reutilizables gratis u ofreciendo descuentos a los compradores que utilizan bolsas reutilizables. Lo único que ha funcionado ha sido algo elemental: exigir que los almacenes les cobren las bolsas a los clientes. Basta con fijar un precio de 5 centavos de dólar por bolsa para reducir entre 50% y 80% el consumo de bolsas de plástico.
Obligar a cada quien a pagar por los “males” que le causa a la sociedad debería ser una política socialmente aceptable. Bien sea a través de impuestos, peajes u otros mecanismos de precio, pueden protegerse los bienes públicos, como la calidad del aire, la seguridad vial o la facilidad de movimiento y, de paso, recaudar algunos ingresos fiscales para ayudar a resolver los numerosos “males” que deterioran la calidad de vida de las grandes ciudades latinoamericanas.