Opinión

  • | 2014/09/18 06:00

    El impuesto al patrimonio: ¿Un anacronismo?

    Ojalá Santos no sea tan condescendiente con los poderosos como en otras ocasiones.

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Pocos países tienen impuestos al patrimonio general. Argentina, Colombia y Uruguay son los únicos países latinoamericanos donde aún sobreviven. Tendieron a ser desmontados con el argumento de ser anti-técnicos y de recaudar muy poco. Es decir, eran relativamente fáciles de evadir, excepto por unas pocas empresas y personas que resultaban muy gravadas en comparación con otras tanto o más ricas.

El gobierno colombiano ha propuesto elevar la tasa del impuesto al patrimonio de 1,5% a 2,25% a partir de $1.000 millones de patrimonio neto (no de $750 millones, como se anunció inicialmente). Se espera recaudar así $8,8 billones adicionales en 2015, equivalentes a cerca de 1% del PIB, sin duda un esfuerzo tributario considerable.

Aunque Colombia parece ir así en contra de las tendencias de las últimas décadas, es más posible que esté uniéndose a la más reciente corriente del mundo desarrollado. La Ocde, a la cual aspira a pertenecer el país en unos pocos años, recomendó el pasado mes de mayo a todos los países miembros rescatar y fortalecer este tipo de tributos como respuesta al aumento en la concentración del ingreso. A Colombia le sugirió hacerlo más progresivo.

Thomas Piketty, en su libro sobre el Capital en el Siglo XXI, ha sido el más aguerrido promotor de los impuestos al patrimonio. Su propuesta es aplicar una tasa de 1% a las fortunas entre 1 y 5 millones de euros y 2% a las fortunas mayores. Esto generaría unos 2 puntos del PIB de recaudación adicional. La justificación de un impuesto de esta naturaleza es tan sencilla como contundente: si la tasa de retorno del capital es mayor que la tasa de crecimiento económico, los ricos recibirán una proporción cada vez mayor del ingreso nacional. Con una tasa de retorno antes de impuestos de 5% y un crecimiento de 3%, se requiere de un impuesto de 2% sobre las grandes fortunas para evitar esta tendencia.

Colombia es el país con las mayores desigualdades de todos los que se analizan en el libro de Piketty: el 1% más rico recibe más de 20% del ingreso. A pesar del alto crecimiento, en Colombia no ha caído la desigualdad pues los ingresos de los trabajadores sin educación universitaria han estado totalmente estancados durante más de dos décadas. Según mis propios cálculos, mientras los ingresos salariales tienen una tasa efectiva de impuestos de 26%, la tasa efectiva de tributación del capital es de solo 14%.

Por consiguiente, están equivocados quienes creen que los impuestos al patrimonio son un anacronismo, o que son innecesarios dada la supuesta progresividad del impuesto a la renta. El debate que requiere la propuesta del Gobierno debe centrarse en los mecanismos de diseño y administración tributaria que se necesitan para reducir la evasión que induce este impuesto y para mejorar su progresividad. Un gran avance que ya está en marcha son los acuerdos internacionales de intercambio de información que ayudarán a contener la fuga de capitales que tiende a generar este tipo de impuestos.

Otro asunto que requiere atención es la relación del impuesto al patrimonio con el impuesto predial. Algunos críticos afirman que aumentar el impuesto al patrimonio implica una competencia tributaria con los municipios, a quienes pertenece la recaudación predial. Este argumento desconoce que la baja recaudación del predial, excepto en algunas de las grandes ciudades del país, es producto de la debilidad administrativa de los municipios y de la resistencia de las élites locales, no de los esfuerzos de recaudación del gobierno central. La Dian y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi deben redoblar su empeño para que los catastros se mantengan actualizados y se apliquen efectivamente, lo cual ayudaría a reducir la evasión, tanto del impuesto al patrimonio, como del predial.

Lo más importante para que el impuesto al patrimonio sea progresivo es que sea gravada toda la propiedad financiera y accionaria. Sería un error monumental dejar exenta la propiedad accionaria, en la que están invertidas las más grandes fortunas individuales del país (máxime cuando los dividendos están exentos del impuesto a la renta). Durante el gobierno pasado el presidente Santos fue bastante condescendiente frente a las presiones de los poderosos, ojalá no lo sea también esta vez.
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