Opinión

  • | 2016/10/27 00:00

    Fundaciones: caridad, una quimera

    En Colombia, las entidades sin ánimo de lucro (Esal) son una de las fachadas más usadas de la corrupción.

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Cuando la empatía y la caridad son la máscara de la corrupción, el lavado de activos y la defraudación al fisco, el daño va más allá de lo económico. Las manipulaciones del lenguaje hacen que las palabras pierdan su significado, pues se enuncia el bien cuando en realidad lo que se está articulando es el mal. Tal esquizofrenia moral destruye la confianza y las bases de la vida en sociedad.

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Desde el año 2.500 antes de Cristo hay evidencias de la trascendencia para la vida en comunidad de la caridad y el altruismo. El diezmo como impuesto obligatorio con el que el pueblo hebreo asistía a sus desafortunados, el grupo en la Academia de Platón para hacer voluntariado o los ocho niveles de la caridad del Torá de Maimónides son ejemplos de una amplia tradición que ve en la caridad y el altruismo cualidades propias de la humanidad.

Jurídicamente los ingleses fueron los primeros en reconocer el riesgo de estas formas jurídicas como instrumento para fines políticos, evasión de impuestos o realizar fraudes. El Charitable Use Act de 1601 es el inicio de un continuo debate entre regular y promover las actividades filantrópicas y sin ánimo de lucro. En Colombia, a pesar de la abrumadora evidencia de abusos y corrupción a través de algunas Esal, la reforma tributaria, que de resto está muy bien estructurada en términos generales, peca, en forma grave, en este tema.

La motivación y justificación en las modificaciones de ley la argumentan como un proceso de reporte, acceso a información para mayor control y posterior pérdida de beneficios. El argumento suena lógico y hará que muchos crean que este es un razonable avance. Mi argumento es que este no es más que un saludo a la bandera, probablemente por los intereses relacionados con este asunto a lo largo y ancho del sistema político colombiano. Y respetando esta dificultad, el clamor del país por actos firmes en contra de la corrupción obliga a dar este debate.

Lo que plantea el Gobierno no es una buena estrategia. Si lo que quiere es parar la corrupción en el sector tendría que auditar a todas las que estén cometiendo abusos en muy corto plazo. Entonces, o piensan que son muy pocas las Esal que cometen abusos; o tienen planeado contratar un ejército de auditores para depurar el sector.

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Lamentablemente los números son tan elevados y la evidencia de malos manejos tan frecuente que no hay un plan creíble para depurar las 69.000 entidades sin ánimo de lucro que le declaran a la Dian. Un país que tendrá a lo sumo 2.000 auditores para controlar unas 6 millones de declaraciones de impuestos, ¿va a tener gente para visitar y controlar esa cantidad de fundaciones? Si comparamos, por ejemplo, con la cantidad de fundaciones sin ánimo de lucro en Austria, la evidencia salta a la vista: ¡solo hay 200! En el mundo desarrollado las fundaciones y cooperativas son muy importantes pero no abundan como aquí. ¿Será que somos el país más caritativo del mundo?

Si alguien examina cualquier investigación criminal importante de los últimos años va a encontrar que fundaciones, corporaciones y cooperativas aparecen una y otra vez. En el escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá las fundaciones Funarko y Funalcer, aparentemente controladas por Julio Gómez, jugaban un papel importante en el sector de la salud y la construcción de obra pública. En las investigaciones contra el chatarrero prevalecen las corporaciones pero también usan fundaciones. En todos los escándalos con alimentación escolar, cuidado de ancianos o atención a niños con discapacidad, entidades sin ánimo de lucro sirvieron para defraudar.

Que haya 30 entidades de este tipo dentro de los activos en procesos de extinción de dominio, que la Lista Clinton incluya corporaciones como parte de los entes relacionados a la oficina de Envigado o que las AUC gobernaran la Fundación para la Paz y la Reconstrucción de Córdoba no pueden ser simples casualidades. En el sector de la educación y la salud proliferan, en mi opinión, los casos más aberrantes. Que Juan Carlos Gómez Abadía, alias Chupeta, controle dos entes educativos –uno en Bogotá y otro en Cali, con las fundaciones Cecep y Cidca– debería ser preocupante. Más aún en el contexto de tantas otras universidades vinculadas con crímenes u organizaciones criminales. El artículo de El Espectador de 2008 que vincula a la Universidad Manuela Beltrán con el Cartel de Cali debería ser, por lo menos, una señal de alarma.

En Colombia hay fundaciones admirables que cumplen una muy importante misión social: la Fundación Saldarriaga Concha; La Fundación Juan Fe, La Cardio Infantil, a la cual yo le debo la vida de mi hijo mayor; la Fundación Santo Domingo y Pies Descalzos, entre muchas otras, son ejemplares. Las fundaciones de bien deberían organizar un ente de acreditación y unas reglas de juego estrictas. Todas deberían tributar, a menos que sean acreditadas por este ente antes de dos años. El tema es demasiado grave como para seguir postergando que se haga algo. Tenemos que poder volver a confiar los unos en los otros.

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