Opinión

  • | 2016/10/27 00:00

    ¿Fue que no nacimos pa' semilla?

    Universidades, estudiantes, gremios y empresarios están llamados a sellar el nuevo rumbo de Colombia en el siglo XXI.

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Mientras el país siga apostando por promover conocimientos y capacidades básicas de sus estudiantes, así de básicas serán sus actividades empresariales, su capacidad productiva y la canasta exportadora.

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Según el Informe Mundial de Competitividad 2016-2017, hasta los trabajos menos calificados requieren cada vez más talento y desarrollo de nuevas competencias. El entrenamiento y nuevos niveles de educación deben centrarse en preparar a las personas para desarrollar en todas las labores pensamiento crítico, solución de problemas y uso de tecnologías. Pero para eso se requiere que abandonemos el modelo jerárquico, centralista y proteccionista o de tradición y costumbrismo que caracteriza nuestra mentalidad.

Colombia es un país de baja competitividad relativa. Mientras ocupa el puesto 35 por tamaño de mercado, ocupa el puesto 61 en competitividad entre 133 países. La competitividad de un país se explica por las instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de su economía, lo que a su vez determina el nivel de prosperidad que puede alcanzar su población.

El acceso desigual a la educación, el bajo nivel de calidad y valor de la educación, el bajo desempeño académico y el inapropiado desarrollo de competencias laborales explican, según los expertos, las razones por las que Colombia suele carecer de exportaciones de alta tecnología, generar escasas patentes y tener baja inclinación a innovar. Por lo mismo, el país tiende a presupuestar poca inversión en innovación, ofrece al mercado laboral pocos trabajadores con intensidad en conocimiento y genera pocos emprendedores transformadores.

Estas realidades también se palpan en la poca inversión en investigación y desarrollo, la baja calidad de las organizaciones de investigación científica, la escasez de ingenieros, así como baja capacidad de absorción de la tecnología en las empresas del país. Así que todo comienza en las universidades por ofrecer más y más educación compleja y sofisticada. Necesitamos estudiantes menos rentistas de las notas para producir empresarios menos rentistas de sus negocios.

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Si la educación y la salud son un serio cuello de botella para nuestro desarrollo y los 20 años de rezago de la infraestructura son alarmantes, entonces pongamos sobre la mesa todas las verdades. Lo más grave son nuestras instituciones que, ocupando el puesto 112 entre 133 países, están peores que los demás pilares de nuestra competitividad.

Estarán pensando que el problema son las instituciones públicas, pero poco favor hace el sector privado lavándose las manos. La eficiencia y competitividad del mercado de bienes y servicios colombiano ocupa el puesto 100, lo que sería más acorde a un país de 1,3 millones de habitantes y un tamaño económico como Estonia; es decir, semejante al de Cundinamarca.

Los desafíos no paran allí. La reducción de la pobreza de 49% a 28% está amenazada por el fin de la bonanza. En los seis años previos a la misma, los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada en su conjunto crecieron en promedio -4,8% anual, mientras Bogotá y Antioquia lo hicieron a +4,9%. Durante los ocho años de la bonanza los primeros crecieron en promedio en su conjunto 3,6% anual, en tanto que Bogotá y Antioquia crecieron al 4,0%.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), países de ingresos medios como Colombia requieren una inversión pública anual del orden de 6% a 7% del PIB para salir de la trampa de ingresos medios y diversificar la economía lejos de las materias primas. Aunque desde 2010 Colombia ha aumentado su inversión pública de 2,4% a 3,9% del PIB, sin los ingresos petroleros y sin hacer el esfuerzo fiscal para aumentarla, la probabilidad de aumentar el ingreso por habitante colombiano hacia niveles promedio de países pertenecientes a la Ocde es nula.

Pero el esfuerzo público no se puede hacer comprometiendo la estabilidad fiscal. Por ejemplo, en la medida en que gran parte del atraso en inversión pública ocurre en los territorios rurales, se requiere que estos puedan elevar sus ingresos fiscales, lo que implica aumentar su recaudo por vía catastral y con el registro de tierras en los municipios.

Sin embargo, varios grupos de interés exponen hoy razones para debilitar cualquier iniciativa real de una reforma tributaria estructural. ¿Será que 2016 pasará a la historia como el año en que decidimos mantenernos aferrados a un mediocre pasado y no germinar a un floreciente futuro?

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