Opinión

  • | 2014/09/18 06:00

    La enfermedad colombiana

    La Constitución dotó a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía de amplísima independencia y de facultades draconianas.

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Como dijo Solón, el creador de la primera constitución ateniense, nada en exceso es bueno. Esta antigua regla vale incluso para los famosos “Checks and Balances” que se aplican en los Estados Unidos. Muchos de estos controles y contrapesos son reconocidamente excesivos, tal como lo demostró la parálisis de casi un mes que sufrieron las agencias del gobierno federal el año pasado, como consecuencia del manejo que les dio la bancada republicana en el Congreso de ese país para intentar forzar la reducción radical del gasto público americano.

Otra variedad –tal vez más perversa– de exceso de controles y contrapesos surgió en Colombia a partir de la Constitución de 1991, que amplió los poderes de la Procuraduría y la Contraloría y creó la Fiscalía. La nueva Constitución Política dotó a estas tres entidades de amplísima independencia y de facultades draconianas para proceder contra los funcionarios públicos, bajo la creencia de que así se lograría controlar la corrupción en Colombia. Pero lo que surgió de la coexistencia de estos tres capitanes superpoderosos fue un desorden monumental que ha venido paralizando a la administración pública y deslegitimando a la justicia colombiana, sin que se advierta mayor progreso en la lucha contra los corruptos.

Varios factores se combinaron para producir esta tormenta perfecta. En primer lugar, la Constitución hizo partícipes a las distintas Cortes en la elección de los jefes de los organismos de control y del fiscal, lo que arrastró a estas corporaciones hacia la política activa; en segundo lugar, el carácter profundamente político que le atribuyó la Constitución del 91 a los órganos de control llevó a que sus decisiones sobre la responsabilidad de los investigados, que deberían ser en derecho, pudieran ser permeadas por quienes apoyaron los nombramientos de sus directores. Y, en tercer lugar, el afán de protagonismo llevó a que algunos jefes de estas entidades –impulsados por los halagos de sus áulicos– se apresuraran a lanzar rayos contra cualquier blanco que apareciese en el horizonte, sin hacer mayor análisis sobre la culpabilidad o inocencia del afectado, buscando demostrar liderazgo en la investigación de cada escándalo ante la opinión pública, tal vez para ambientar futuras aspiraciones presidenciales.

Como la capacidad para gobernar efectivamente el país –y por ende la posibilidad de éxito de cualquier gestión presidencial– resulta seriamente afectada por la hiperactividad desordenada y la ineficiente duplicidad de funciones de nuestras instituciones de control y de justicia que, aunque aterrorizan a muchos funcionarios inocentes, poco hacen contra los culpables, es evidente que el presidente Santos se sintió en la necesidad de incluir la propuesta de disminuir los poderes de la Contraloría y la Procuraduría y de reformar el alcance investigativo de la Fiscalía en el proyecto de reforma constitucional que acaba de lanzar, para sentar las bases de una gestión más efectiva en su próximo periodo presidencial, aunque esto le signifique enfrentar al actual procurador, quien afirmó que la intención de la reforma es convertir a la Procuraduría en un “subalterno” del Ejecutivo, e incluso al Fiscal, quien dijo que el proyecto deja “arrodillada” a la Fiscalía frente al Congreso.

Pero nada planteó el Presidente para enfrentar las siguientes dos enfermedades que también afectan el equilibrio del poder en Colombia:

1) La enfermedad latinoamericana, que consiste en la expansión de las funciones de las oficinas administrativas de los presidentes de los países latinoamericanos donde se admite la reelección, las cuales suelen volar por debajo del radar del control político que las diversas constituciones prevén para los ministros del despacho, aun cuando en la práctica los funcionarios a cargo tengan tanto o más poder y capacidad de gasto público que los mismos ministros. La solución institucional para este mal consiste simplemente en someter a todo funcionario que actúe en la práctica como un ministro –incluyendo al mismo vicepresidente– a los mismos controles establecidos para los ministros, incluyendo la posibilidad de ser sometidos a la moción de censura.

2) La enfermedad de la guerra fría, que consiste en la tentación de utilizar los organismos de inteligencia del Estado, cuyo alcance es cada vez mayor gracias a los progresos de la tecnología, para apoyar la reelección del presidente o, si se llega a prohibir la reelección presidencial como lo pretende la reforma, para apoyar la campaña del vicepresidente, quien será el candidato natural del Gobierno en las próximas elecciones presidenciales.

Por lo pronto, dependerá únicamente del talante del Presidente el que se puedan o no usar de manera ilegítima los recursos y el poder de la oficina de la Presidencia de la República y los medios tecnológicos de los organismos de inteligencia del Estado en las próximas elecciones presidenciales.
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