Opinión

  • | 2016/08/03 00:00

    Evasión de cuello blanco

    La nueva reforma tributaria debe incorporar normas que permitan combatir toda la corrupción que se da en torno al sistema impositivo. De lo contrario, el nuevo ajuste de impuestos no será estructural.

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No nos digamos mentiras, con un sistema político donde las leyes pueden ser redactadas a 100 manos, donde los lobistas pueden influir sobre los legisladores y pasar por sobre ellos sin ningún control o rendición de cuentas, y donde el éxito electoral depende, en buena medida, de los costales de billetes que financian las campañas electorales, nadie es capaz de aprobar una verdadera reforma tributaria estructural en el Congreso.

Todos sabemos que los impuestos los pagamos los asalariados, los consumidores, las empresas públicas y algunas empresas grandes. La evasión por parte de personas naturales de altos ingresos es generalizada. Los apartamentos de recreo o fincas están subvaluados, o bien se llevan en la contabilidad de las sociedades como gastos (evitando así pagar el impuesto a la renta sobre ellos), al igual que el leasing del carro, los conductores de la familia, empleadas, celulares familiares, el club, el yate, el avión ejecutivo, etc. Las sociedades contabilizan gastos que no corresponden a los ingresos que generan y a los ingresos en especie que les pagan a sus dueños; nadie tributa sobre ellos. Algunos afortunados viven muy bien y no pagan impuestos. Y para muchos esta es una conducta que se elogia y admira.

Colombia tiene su propia ‘Santísima Trinidad’: informalidad, evasión y lavado de activos son las tres ‘personas’ de un mismo dios verdadero, la evasión de impuestos. Nada hace un negocio más rentable, en el corto plazo, que evadir, robarse el IVA y no pagarle al fisco parte de las retenciones en la fuente. Un ‘buen’ evasor puede duplicar su utilidad neta con todos estos chambones trucos.

Muchos negocios depositan cantidades de dinero en manos de poderosos personajes que dominan el mundo financiero paralelo. En San Victorino existen lugares donde se reciben millones de pesos en efectivo a cambio de dólares en Panamá, Guatemala, Miami, China, o euros en España. Mossack Fonseca incluye múltiples usuarios de este ‘Hawala’ latinoamericano. Fundaciones, en Hong Kong o en Lima, se bautizan con el nombre del insumo del negocio –humor fiscal–, para administrar allí todos los ingresos correspondientes a las ventas no facturadas. El producto de la evasión se acumula por fuera de Colombia en arte, fincas o casas de recreo. Todo con recursos robados al fisco.

Por otra parte, el sistema de apoyo, que debería ser el que educa y facilita el cumplimiento de sus obligaciones al contribuyente, está pervertido. La falta de acreditación de contadores y abogados ha permitido una sobreoferta de profesionales que deprime el sueldo de los buenos y honrados (con la excepción de los muy buenos), a beneficio de los vivos o los mediocres firmones. El sistema que sanciona a contadores y asesores tributarios es tan débil y vulnerable que a las contadoras cómplices en el fraude y lavado de James Arias solo les suspendieron la licencia por un año.

Y están también quienes ni siquiera se preocupan por su contabilidad, como los beneficiarios de los $20 billones que se transan al año en las centrales de abastos del país, los dueños de las cerca de 28 millones de cabezas de ganado, los propietarios de restaurantes, droguerías, bares y tiendas con ventas importantes en efectivo. Están las empresas de aplicaciones informáticas que ofrecen productos que permiten llevar contabilidades dobles y renumerar facturas. Hay firmas de papel que emiten facturas falsas para que otros evadan renta y, finalmente, están los grandes empresarios que se inventan gastos, contratos de empleados ficticios (muertos) y compran facturas falsas para birlar las normas tributarias: ninguno de ellos va a cambiar su comportamiento de evasor, ni a disminuir su ostentoso ritmo de vida fácilmente.

Por esta razón, la reforma que se presente al Congreso debe ir más allá de lo estrictamente tributario para hacer del sistema algo progresivo y equitativo. Se requieren instrumentos contra la corrupción y los potenciales abusos del sistema judicial, así como fortalecer el servicio civil, particularmente el de la Dian, con mecanismos claros y estrictos para destituir personal no idóneo. Es necesario, igualmente, el compromiso de los ministerios de Educación y de Comercio para elevar drásticamente el nivel de las facultades de contabilidad y la depuración de las universidades dedicadas a operar como supermercados de títulos. En todos los países prósperos, la declaración juramentada de activos de empleados y familiares, la declaración de conflictos de interés y los análisis de integridad, incluido el polígrafo, son medios legales para identificar y desvincular a los corruptos.

En cuanto a la criminalización de la evasión y su inclusión como verbo rector del lavado de activos, estamos rezagados. La razón real son los billonarios intereses de quienes evaden y usufructúan todos esos mecanismos que se han creado por años para que los muy ricos no paguen lo que les corresponde. Desde el Instituto Agustín Codazzi, que permite una sistemática subvaloración de las tierras rurales y los lotes de engorde, pasando por la emisión de un innecesario billete de cien mil para aceitar la informalidad y las ventas sin factura, hasta llegar a los abusos del sistema judicial, movido en muchos casos por intereses políticos, demuestran que las fallas son estructurales. Por ejemplo, arbitrariedades como las cometidas contra Alberto Velásquez o Andrés Camargo, o a favor del magistrado Jorge Pretelt demuestran los yerros del sistema judicial: en ningún país del mundo un magistrado olvida declarar cientos de millones de pesos de ingresos y no pasa nada. Mantener tal estado de cosas no puede ser el objetivo de la reforma tributaria si queremos que sea estructural.

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