Opinión

  • | 2017/04/11 18:00

    Equidad esquiva

    La Constitución de 1991 enfatizó la equidad entre los ciudadanos. Más de un cuarto de siglo después, no hay avances. ¿Qué está pasando?

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La Constitución de 1991 introduce en Colombia el Estado de Bienestar, unos treinta o cuarenta años después de que el mundo desarrollado lo estrenara en forma, con el objetivo de ubicar la noción de “equidad” en el centro de los propósitos nacionales. No era para menos: nuestro país era campeón mundial de la desigualdad y a la desigualdad se le atribuyen diversos efectos nocivos para la sociedad, incluyendo la fragilidad institucional e inestabilidad política y social.

Pasado ya el cuarto de siglo desde aquél entonces, es frustrante ver que poco o nada se avanzó en este frente. El coeficiente Gini reportado por el Banco Mundial, por ejemplo, es prácticamente idéntico en 2014, la última fecha disponible, (0.53) al valor observado en 1991 (0.51).

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Quizás resulta aún más preocupante el hecho de que la política pública –la suma de gasto social e impuestos progresivos– carece de efectos importantes en Colombia. Varios trabajos recientes muestran, en efecto, que la desigualdad observada antes y después de implementar impuestos y transferencias, es prácticamente idéntica en Colombia. Moller, por ejemplo, muestra cómo en la Unión Europea el coeficiente Gini baja 0.12 puntos (de 0.46 a 0.34, 26%) mientras que en Colombia no cambia en absoluto (0.54).

De tal suerte que no hemos avanzado mayor cosa porque las herramientas que usamos para hacerlo, son totalmente inefectivas. Dada la importancia que se le dio a la equidad en la Carta de 1991, cabe la pregunta: ¿Será que los colombianos somos tarados? Es posible que lo seamos, claro. Pero incluso si lo somos, tiene que haber una explicación más interesante.

Para empezar, vale la pena decir que si de verdad quisiéramos redistribuir, la cosa sería bastante sencilla porque, bastarían dos decisiones. La primera, eliminar todos los subsidios que hoy día reciben hogares ubicados en el 20% más pudiente del país y redirigirlos al 20% menos pudiente. La segunda, reducir significativamente los impuestos empresariales y reemplazarlos por impuestos al ingreso total de las personas, empezando por tasas muy bajas para los ciudadanos que reciben el equivalente a –digamos– la mitad del ingreso promedio y tasas muy altas (35% o algo así) para las personas de altos ingresos.

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La indisposición colombiana a hacer lo uno y lo otro está escrito en el ADN nacional. No hay peligro que eliminemos los subsidios pensionales, ni que eliminemos los subsidios a la educación superior. No hay peligro que discutamos introducir un sistema basado en los impuestos personales, ni mucho menos en el consumo. Estas preferencias que revelamos en nuestro contrato social implícito contradicen de cabo a rabo el espíritu que pactamos en nuestro contrato social explícito y esta es una asimetría a todas luces fascinante. ¿Cómo explicarla?

Una hipótesis se basa en la idea de que, entre 1991 y nuestros días, el país ha transitado por una senda social enormemente importante: el crecimiento de la clase media urbana. A medida que la clase media urbana se expande, cambia mucho el perfil de lo que en ciencia política se conoce como el votante mediano; es decir, el perfil del electorado que define, en últimas, el curso de la política pública. El votante mediano en Colombia pertenece, creo yo, a su ascendente clase media urbana, entre otras cosas porque su participación política es superior a la de la población pobre. Eso significa que el tipo de políticas públicas que se terminan consolidando, tienen que ser de su agrado o, al menos, no pueden serle desagradables.

Una manera de entender el problema tiene algo de cínico. A la clase media urbana le gustan los subsidios pensionales, porque se queda con buena parte de ellos. Por razones similares, le gusta el subsidio para la educación superior y le sacan la piedra los impuestos personales, porque terminaría pagando parte importante de ellos. Así las cosas, ni nos soñemos con mejorar la equidad.

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