Opinión

  • | 2017/03/30 00:00

    ¿Segundas partes serán buenas?

    Quien en el futuro desee hacerse cargo de la distribución eléctrica en la Costa Atlántica, deberá hacerlo en las mismas condiciones que existían antes de la intervención.

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Por lo menos la intervención de Electricaribe no duró tanto. A los pocos meses de haberla decretado y después de haberle metido por lo menos cerca de $320.000 millones a ese problema, el Gobierno se ha dado cuenta de que no es suficiente con haber asumido la administración de la compañía para salir al otro lado. Los nuevos administradores comenzaron a hacer alarde de que podrían lograr lo que los anteriores administradores no pudieron y comenzaron a divulgar mejores indicadores de recaudo de cartera; rápidamente dejaron de hacer comunicados con este tema, pues seguramente la cosa no se arregló y probablemente empeoró. Se creó también la expectativa en la comunidad de que el servicio iba a mejorar con la intervención y, como esto es muy difícil de calificar si no es por la intensidad de los titulares y notas de prensa, no parece que eso haya ocurrido.

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En los casos de los servicios públicos es fundamental que el Gobierno actúe rápido cuando la entidad prestadora no cumple, o tiene grave riesgo de incumplir con la prestación del servicio. Pero no basta con actuar: hay que hacerlo bien. La opinión generalizada, sin que esa conclusión obedezca a una evaluación serena y objetiva, es que existe una pésima calidad del servicio porque el administrador es muy malo. Quizás quienes decidieron la intervención pensaron que una nueva gerencia podía lograr fácilmente lo que los administradores privados no pudieron. La decisión de liquidación indica que esa no era la salida.

Pero para entender el problema de gestión de esta clase de compañías, vale la pena tener una idea de en qué consiste su negocio. En las distribuidoras de electricidad el principal ingreso son las tarifas de distribución, que son una parte de la tarifa que paga el usuario. Un gran componente de la tarifa es el costo de la generación de energía, que pasa derecho a los generadores y no le deja nada a las distribuidoras. Con lo que se llama el componente de distribución, las distribuidoras deben pagar los costos de mantenimiento y ampliación de la red. Si la gente se roba la electricidad o no paga las facturas, el riesgo de que no paguen es de las distribuidoras, pues la generación hay que pagársela, sí o sí, a los generadores. Para eso las distribuidoras tienen que constituir unas garantías muy onerosas por sus compras de energía.

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El hecho es que en la mayor parte del país el negocio de las distribuidoras de electricidad es positivo y rentable. En Colombia, la gente en general paga oportunamente la cuenta de la luz y cada vez se roban menos la electricidad. Con la misma estructura de negocio y con la mayoría de las distribuidoras de electricidad en manos de compañías privadas o públicas con un grado importante de gobierno corporativo, no existen problemas serios con estas compañías. Resulta curioso que el problema ha sido constante y muy serio en la Costa Atlántica, donde el recaudo de ingresos no es suficiente para llevar a cabo las inversiones necesarias para mejorar la distribución. Para llegar a la raíz del problema hay que averiguar si ese mercado tiene condiciones diferentes a las del resto del país o si los resultados de Electricaribe son tan malos por pura incompetencia del gestor de la compañía.

El asunto se puede saber con facilidad. Quien en el futuro desee hacerse cargo de la distribución eléctrica en la Costa Atlántica, deberá hacerlo en las mismas condiciones que existían antes de la intervención. Si alguien se le mide a hacerlo de esa manera y logra salir con vida en términos financieros, probará que la intervención se justificaba y los anteriores prestadores eran incompetentes. Si nadie aparece a echarse al hombro el problema en esas condiciones, el Gobierno tendrá un problema serio, pues lo lógico habría sido atender las inquietudes del anterior prestador del servicio. Lo grave es que este tortuoso camino de prueba y error sea recorrido lentamente por las autoridades. Estas deberían conocer a profundidad lo que pasa en el sector luego de tantos años de gestionar la regulación y supervisar a diversos operadores del mismo negocio en sitios tan disímiles.

Es grave que a estas alturas las autoridades no puedan tener un buen diagnóstico de cuáles son los factores que se deben corregir en ese mercado y se tengan que embarcar en un proceso tan a ciegas, o a oscuras, para ser exactos, para saber qué es lo que de verdad debió hacerse para arreglar la distribución de energía en la Costa Atlántica. Pero, no hay afán, la comunidad aguanta mientras las autoridades se dedican a entender los problemas.

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