Opinión

  • | 2017/03/30 00:00

    El verdadero elefante

    Para quienes mueven los hilos del poder, los sobornos de Odebrecht y el financiamiento irregular de las campañas son prácticas comunes a través de las cuales políticos y contratistas operan el sistema: ninguno verdaderamente cree que esto es corrupción.

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Estoy convencido de que solo la negociación de algún sistema de justicia transicional para empresarios, contratistas y políticos puede acabar el enorme divorcio entre lo que se dice, se legisla y lo que se hace. Un acuerdo que incluya verdad, reparación y perdón puede recuperar la confianza en lo público y defender la legitimidad del Estado.

Verdad: que denuncien a todos los intermediarios de pagos de sobornos, los mecanismos que usaron, cuentas bancarias en el país y en el exterior, o direcciones donde se maneja el efectivo y el monto de las utilidades directas o indirectas obtenido con base en sobornos y favores.

Reparación: trabajo social obligatorio en servicio de las poblaciones vulnerables; y para los ya investigados sanciones entre una y dos veces todo lo ganado directa o indirectamente como consecuencia del financiamiento irregular de campañas o el pago de sobornos. Para los que aún no están en el ojo de la justicia, que paguen 50% y confiesen todos los ilícitos y denuncien a los involucrados. Además, todos tendrán que introducir políticas y procedimientos para la prevención de la corrupción, pago de sobornos y evasión de impuestos.

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Perdón: se podría conmutar la pena carcelaria por trabajo comunitario, siempre y cuando se verifique la verdad. Todos los beneficios pueden ser suspendidos si las malas prácticas continúan o no se instituyen los mecanismos efectivos que cambien la cultura de sus organizaciones.

Además podríamos seguir las recomendaciones de la Ocde y el buen ejemplo de Brasil y Chile legislando sanciones penales a las personas jurídicas, con responsabilidades penales para administradores, socios controlantes y asesores de las juntas directivas si promueven o toleran la evasión de impuestos, desvíen recursos de las empresas para el financiamiento irregular de campañas o paguen sobornos.

Hoy en día tenemos una oportunidad única para enfocarnos en el futuro y no seguir torturándonos por nuestro difícil y penoso pasado. El acuerdo con las Farc es una oportunidad para facilitar se sincere el pasado y solo se sancione a quienes no cambien sus malas prácticas.

Si no le damos prioridad a buscar una solución definitiva a los vicios de la política, quienes se sienten amenazados nos van a distraer con todo tipo de noticias y debates improcedentes. Por ejemplo, las discusiones sobre el periodo presidencial, la edad para acceder al derecho al voto o el aumento en el número de congresistas son todas distracciones que generan acalorados debates y nos distraen de lo fundamental: el financiamiento ilícito de la mayoría de las campañas políticas a todo lo largo del país. Tal vez si somos más conscientes de nuestra compleja historia podríamos ver cómo todo esta interrelacionado de una u otra manera.

En Colombia la historia del uso de los presupuestos públicos para financiar paras, narcos, contratistas y elecciones aún no está escrita y es muy enredada. Por esto, hacer juicios equilibrados es verdaderamente difícil. Pero la evidencia es amplia y suficiente como para aseverar que los presupuesto públicos vienen siendo depredados por paras, narcos, bacrimes, guerrillas y ladrones (barones) desde mediados de los 90 como mínimo. Las series de tiempo del área cultivada de coca en el país claramente ilustran cómo los narcocultivos se disparan a partir del control territorial del Putumayo por parte de las Farc a inicios de los 90.

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Esto transformó la guerra, y cuando el país logra poner punto final a la violencia de Escobar, tiene ya en las Farc un poderoso y bien financiado enemigo. Los tenebrosos aliados del Bloque de Búsqueda se volverán la respuesta para institucional a esta nueva amenaza. Su violencia será el mecanismo para hacerse a territorios para la producción y tráfico de droga: Urabá, Paramillo, bajo Cauca, sur de Bolívar, etc. Más adelante serán los presupuestos públicos, las concesiones, una corte de contratistas y la política el medio para lavar sus fortunas, continuar financiando sus actividades de “seguridad” y tráfico de drogas y controlar los territorios donde operan. No es azar que los radares de Aerocivil que controlan el aeropuerto de Cartago no operan desde hace muchos años.

Estas son algunas de las fuerzas que van a ir empoderando una clase de contratistas multilingües capaces de moverse fluidamente entre las fuerzas del bien, la política local y las diferentes fuerzas del mal. Contratistas capaces de atravesar y trabajar en cualquier territorio sin los traumatismos de las extorsiones o amenazas, ya que cuentan con un aparato para pagar coimas por doquier. Más adelante su músculo financiero, sus servicios logísticos y facilidades para lavar activos los vuelven tan poderosos e indispensables para muchos actores del sistema, que, aunque están detrás de todo, son innombrables. Inclusive varios de ellos han creado y liderado poderosas empresas que hoy por hoy son ejemplo de emprendimiento y competitividad a nivel nacional.

Hoy en día estos poderosos y multimillonarios personajes tienen poderosos tentáculos en la política y en el sistema judicial. Su poder y fortuna los ha catapultado a la escena nacional y se han convertido en indispensables aliados de quienes tiene aspiraciones electorales. Por esto, lo más sano y sensato es iluminar y transparentar todo esto, aunque el costo de ello sea su justicia transicional.

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