Opinión

  • | 2016/08/18 00:00

    El problema económico en el tema de la paz

    Es poco probable que los acuerdos traigan algo cercano a la paz si no se acompañan de proyectos y recursos para crear nuevas condiciones en el país.

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Mucho se habla de los beneficios que debe traer la paz –mayor crecimiento, inversión extranjera, más PIB, más empleo, etc.–, pero sin mencionar los instrumentos o los mecanismos que llevarían a esto.

Como si el solo anuncio sin cambiar nada más trajera todas esas bondades.

Se habla de programas para víctimas y victimarios; para reinserción y para indemnización; etc. Pero no de programas que vayan directamente al desarrollo económico, o de las condiciones para que este cambie su ritmo.

Las zonas que no se han podido desarrollar por estar bajo la influencia de la guerrilla se encuentran así porque el Estado no ha hecho presencia. No hay infraestructura, ni servicios, ni mano de obra, ni las condiciones mínimas para facilitar la inversión o la explotación económica. Y de programas concretos para eso, nada.

No solo no se habla de las reformas a las condiciones sociales (reformas a la educación, salud, empleo, pensiones, etc.) sino que no se dan incentivos a la inversión. Solo se espera que el Mercado, sin la intervención del Estado, produzca ese milagro.

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Tal vez la Zidres intentó esa orientación, pero como no se atrevieron a decir de frente que ese era el propósito, lo que se creó fue un engendro que acaba no representando nada.

Si alguna vez se habló de ‘reducir la corrupción a sus justas proporciones’, hoy deberíamos ‘reducir la paz a sus verdaderas proporciones’.

Y es que igual que la corrupción, si no hay cambios no habrá paz.

Los ingresos del Estado por el solo concepto de la baja del petróleo disminuyen en más de $20 billones (del orden de 10% del presupuesto). Si se tiene en cuenta el impacto en ralentizar la actividad económica y la parte de los gastos que son inamovibles (servicio de la deuda, nóminas oficiales, etc.) la disminución en la capacidad de inversión casi desaparece (y ni hablar de aumentarla).

Nos hablan de proyectos de recursos que se destinan al ‘posconflicto’, pero sin destacar que son los que ordinariamente se aplican a los sectores sociales que ahora los agrupan para presentarlos como partidas para la ‘paz’. Mal se podría subir gastos sin que mejoren los ingresos.

Retóricamente nos repiten que la guerra cuesta más que la paz, pero los dineros destinados a las fuerzas armadas se mantienen como si siguiera la ‘guerra’, en tanto no aparecen (ni se ve de dónde puedan aparecer) fondos para fomentar los cambios en las zonas donde se supone desaparecerá la insurgencia.

Pareciera que toda la expectativa gira alrededor de la inversión extranjera.

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Sin embargo, ninguna condición favorable se ve para ello: el proceso para llegar al plebiscito y las reglas que se concretaron lo que muestran es una inseguridad jurídica y una inestabilidad institucional total; la polarización con una tercera parte del país a favor de los acuerdos, una tercera parte en contra, y, sobre todo, otra tercera parte abstencionista, lo único que presagia son problemas políticos; las soluciones que se dan a los problemas estructurales (pensiones, salud, educación, empleo) al igual que a los coyunturales (paro de camioneros) solo consisten en diferir indefinidamente las decisiones; y nadie invierte en vísperas de una Reforma Tributaria sin saber en qué sentido cambiará las reglas del juego.

La paz sí aporta expectativas; pero no reemplaza ni subsana todas esas limitantes.

La otra fuente de recursos serían los subsidios de los gobiernos amigos que prometen colaborar. Pero la crisis internacional pareciera ir en contra de esa esperanza: de hecho Estados Unidos, principal fuente de ayuda externa, lejos de aumentar, disminuyó lo que antes destinaba al ‘Plan Colombia’ y hoy se llama ‘Paz Colombia’ (dan menos para la paz que para la guerra). Y la prioridad de los europeos está en los problemas de los inmigrantes, del nuevo terrorismo, del Estado Islámico, y de las guerras de Siria y Libia (incluso de Ucrania) para darle a nuestro caso la atención –y los aportes– que necesitamos.

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Que se apoye la paz (sin siquiera debatir sobre hasta dónde esto es cierto) es relativamente fácil; no así que se destine a ello lo que necesitamos como recursos.

No está mal que se hagan acuerdos con la insurgencia; y los acuerdos que se han hecho no son negativos (aunque así insista en presentarlos la oposición uribista). Pero es poco probable que traigan algo cercano a la paz si no se acompaña de proyectos y recursos para crear nuevas condiciones en el país. Tal vez justamente porque no hay plata es que no hay programas.

El mucho prometer cuando no se puede cumplir es mucho engañar: ni los acuerdos son la paz, ni el plebiscito es por la paz. Y la ciudadanía teme que votando para disminuir uno de los aspectos del conflicto armado puede acabar respaldando un gobierno que lo que más ha producido son frustraciones.

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