Opinión

  • | 2015/04/01 09:30

    El debate sobre la institucionalidad cafetera

    Los argumentos de la Federación son razones adicionales para reformar la institucionalidad.

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Los defensores de la institucionalidad cafetera esgrimen tres argumentos para mantener el statu quo. El primero es que, según ellos, cualquier reforma que debilite la capacidad de la Federación Nacional de Cafeteros para comprar la cosecha equivale a dejar a los caficultores a merced de las “hienas” multinacionales y de los exportadores privados.

Este argumento ignora que la fórmula que aplica la Federación para fijar a diario los precios de compra del café pergamino no solamente deja expuesto al caficultor a todas las fluctuaciones del precio externo, sino que le impone un gravamen adicional, que en parte beneficia a los mismos exportadores privados. Los cafeteros le pagan a la Federación unos 13 centavos por cada libra de café exportado: seis centavos como contribución cafetera y siete centavos como margen adicional para asegurar 8% de rentabilidad a los activos del Fondo Nacional del Café. Los exportadores privados, ni cortos ni perezosos, se rigen por lo que diga la Federación, y obtienen ellos también una buena rentabilidad. En otras palabras, la Federación fortalece a las “hienas”, no a los caficultores.

El segundo argumento son las inversiones y gastos sociales que se hicieron en el pasado con recursos del Fondo Nacional del Café. Este razonamiento olvida que toda la institucionalidad actual se originó en una concesión extraordinaria que hizo el gobierno al gremio cuando se estableció el Pacto de Cuotas, no al revés.

La historia es como sigue. El Pacto de Cuotas fue un mecanismo para restringir la oferta de café, promovido por Estados Unidos para apoyar a los países en desarrollo y alejarlos de la tentación del comunismo. Con menor oferta los precios serían más altos y habría unas ganancias extraordinarias que los gobiernos de los países productores podrían captar mediante un impuesto a las exportaciones (como se hizo en otros países cafeteros). Eso requería un sistema de control de las exportaciones que el gobierno colombiano no era capaz de implementar, pero sí la Federación. Se acordó entonces que el gobierno le cedería al gremio esas rentas, a condición de que invirtiera parte sustancial en el desarrollo de las zonas cafeteras.

Por consiguiente, el desarrollo más acelerado que tuvieron las regiones cafeteras respecto al resto del país se debió a la generosidad de los países compradores y del gobierno colombiano, no a la bondad de la Federación, que como ejecutora resultó siendo la más beneficiada. Pero hace más de un cuarto de siglo que desapareció el Pacto de Cuotas y con ello las rentas externas que sostenían la institucionalidad. Ahora son los caficultores, que en su gran mayoría son pobres, quienes tienen que pagar por mantenerla.

El tercer argumento es que el gasto en investigación y difusión tecnológica es esencial para la competitividad del café. Esto muy posiblemente es cierto. El problema es que se gasta muy poco en estas tareas. El año pasado se dedicaron a asistencia técnica apenas 2,5 centavos por libra de café exportado, y a investigación un irrisorio medio centavo. El resto del impuesto que el caficultor le paga a la Federación se diluye en pesados costos burocráticos, publicidad y pequeños programas de inversión y gasto social que no les ayudan mucho a los caficultores. De hecho, las condiciones sociales y la infraestructura en las zonas cafeteras ya no difieren en nada significativo de las de otras zonas del país, como ha sido documentado en forma muy detallada en uno de los estudios de la Misión Cafetera.

Por consiguiente, los tres principales argumentos de los defensores de la institucionalidad son en realidad poderosas razones para hacer una reforma profunda.
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