Opinión

  • | 2014/02/19 20:00

    Petro en su encrucijada

    Lo que hizo Petro con las basuras es apenas una migaja, en comparación con su pelea o manipulación por quedarse en el cargo. Ha logrado desordenar a Bogotá, al País y al Estado Social de Derecho que rige bajo nuestra Constitución.

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El cuento de que la votación alrededor de la revocatoria define la situación de Petro y, sobre todo, de la Alcaldía de Bogotá, es solo un eslabón más en la confusión que ha creado la índole ególatra del personaje.

De hecho, el lío y el costo que supone realizar ese evento son una carga adicional al debate mismo que nos tiene tan enredados. La dificultad de legalizar el trámite de destinar $30.000 millones para montar un evento como la revocatoria en menos de 15 días también es poco, comparada con lo que aumenta el enredo formado. La notificación del Registrador de que no se realizarán los comicios en la fecha esperada (2 de marzo) no solo es prueba de ello, sino aporta nuevas incertidumbres ya no solo respecto al momento en que esto se podrá o deberá hacer, sino a lo que entonces significaría.

Pero este caos en la mecánica es nada ante el caos institucional y jurídico ya creado.

La revocatoria no incide o no debe incidir en la destitución o no de la Procuraduría; lo que sí implica es que se involucra un nuevo elemento en la controversia ya existente: aún si nuestra Carta dijera que en caso de una elección popular no es procedente una sanción administrativa que lleve a la pérdida del cargo, la figura de la revocatoria no le puede ser asimilada pues tanto su razón de ser como la forma como se implementa son diferentes. Sin embargo, lo que se ha logrado con ese falso argumento es poner en entredicho la validez de nuestra Constitución, la cual dice y en forma enfática: ‘incluyendo los elegidos por elección popular’.

Y no solo de la Constitución, sino de la capacidad de los órganos de control de cumplir sus funciones, puesto que hasta donde se ha divulgado el Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaría de Servicios Públicos, la Contraloría Distrital, y la Procuraduría intentaron impedir no tanto que se reformara el sistema de recolección de basuras, sino que se hiciera violando los procedimientos que requiere la ley (en este caso el Código Disciplinario).

Aparece además la pregunta de qué sucedería con las otras consecuencias de los actos del Alcalde Petro: ¿desaparecería también la responsabilidad por los $62.000 millones por los daños causados? ¿Y se suspenderían los procesos penales en curso o los que deberían aparecer por el manejo o el abuso de poder (¿prevaricato?) en el caso de Canal Capital y de la ocupación de la Plaza de Bolívar?

Lo que lleva, como en la canción, a la pregunta: ¿qué es lo que quiere Petro?

¿Pensará que si gana la revocatoria se anula la destitución?, o ¿que el eventual respaldo le permitirá tomar la posición de que está por encima de cualquier control?, o ¿que habría creado una movilización inatajable que lo podría llevar directamente a una especie de ‘presidencia por aclamación’? o ¿que esto es solo un precedente para reintentar el golpe de Estado que no logró con las armas?

Lo que al Alcalde le está sucediendo es algo similar al Transmilenio, en el sentido de que el éxito mismo acaba por demostrar lo inconveniente que era el modelo. En el caso del sistema de transporte, este fue copiado de uno que funcionaba para Curitiba (una ciudad brasilera) donde servía la décima parte de pasajeros y la décima parte de las distancias de lo que corresponde a Bogotá. Hoy entre nosotros todo está convulsionado porque no da abasto para los usuarios, ni tiene las rutas o las estaciones necesarias para esta ciudad, ni el complemento SITP parece tener mejor futuro.

En el caso de Petro, el fracaso de su gestión fue anterior, pero el éxito de su agitación ante su destitución lo sitúa en una encrucijada.

Porque la paradoja es que lo que ahora favorecería a Petro sería presentar su renuncia proyectando la imagen de que es un acto generoso (¿patriótico?) para no mantener la parálisis y la interinidad en el gobierno de la ciudad. En efecto, difícilmente puede esperar llegar a tener más popularidad que la que ha recogido hasta el momento por cuenta de la antipatía que despierta el procurador Ordóñez. En sentido contrario, si se consolidara su continuidad en el cargo, automáticamente disminuiría el respaldo que ha ganado entre quienes desean ‘derrotar’ a ese señor, y que solo nacía de esa circunstancia (posiblemente la mayoría).

Y, si se mantuviera en el puesto hasta el final del periodo, tendría que responder ya no solo por la pésima gestión que ya se reflejaba en las encuestas antes de la destitución, sino por las consecuencias del caos vivido durante este periodo. Es decir, probablemente perdería la popularidad que ahora parece acompañarle.
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