Opinión

  • | 2017/06/22 00:01

    El caso Chile

    Chile precisa incorporar solidaridad en el financiamiento de sus pensiones. Un sistema mixto, con un cuidadoso diseño del tamaño y complemento de cada uno de sus pilares.

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Luego de 35 años, el sistema de cuentas de ahorro individuales en Chile acumula activos financieros por un total de US$180.000 millones, equivalentes a 70 % de su PIB en 2016. Ha generado ganancias por concepto de comisiones para sus principales defensores: la industria que administra las cuentas. Representa importantes compromisos fiscales permanentes y transitorios para su garante: el Estado. Genera alta incertidumbre, decrecientes retornos financieros y bajas pensiones para la mayoría de sus detractores: los millones de trabajadores propietarios de los fondos.

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Esta aparente contradicción se ha manifestado crudamente en Chile. En 2006 se estimó que la mitad de los adultos mayores quedaría sin beneficios, 5% con acceso a una pensión mínima garantizada por debajo del salario mínimo, y 45% autofinanciando una pensión sin conocer su monto. Para suplir estas deficiencias, la reforma de 2008 incluyó un pilar con subsidios para el alivio de la pobreza en la vejez: el beneficiario debe demostrar su condición de pobreza y calificar entre 60% de las familias más pobres del país.

La comisión presidencial para la reforma (2014-15) confirmó cifras alarmantes. Si bien la cobertura de los adultos mayores habría aumentado a 85 % de ellos, la suficiencia para los beneficiarios resultó baja (79% bajo del salario mínimo –aproximadamente US$400–, y 44% bajo la línea de la pobreza –aproximadamente US$130–). La mediana del ingreso imponible es de US$750 para las mujeres y de US$970 para los hombres.

Un mercado de contratos actuarialmente justos al nivel de cada individuo (el principio de equivalencia actuarial) no resultó en mayores coberturas y suficiencia. El ahorro financiero generado no fue sinónimo de crecimiento del empleo formal como para asegurarlo. Sin embargo, su lógica se contrapuso con el principio de solidaridad, prescindiendo de los subsidios cruzados necesarios para que los individuos de alta capacidad de ahorro asistan al logro de una vejez digna de quienes no tienen capacidad de ahorro. El gobierno se eximió de participar.

Tres vías han forzado a recuperar el verdadero sentido de un sistema de pensiones: (i) los movimientos ciudadanos, pidiendo respuestas a los abusos de la industria y la mala calidad de las pensiones; (ii) los centros de investigación que señalan alternativas con pilares de beneficios definidos; y (iii), el quiebre de la Comisión Asesora Presidencial, donde la mitad votó por alternativas a seguir con más de lo mismo.

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La eventual propuesta del gobierno es tímida. Recupera los principios de la seguridad social, pero se contradice al mantener la lógica individual del actual sistema. Propone aportes del empleador para la solidaridad, desatando un debate acerca de la interpretación que sobre su propiedad se haga en la Constitución en Chile.

En el plano político, el debate sobre la reforma debe responder simultáneamente al grito de la “Alameda” (una manifestación ciudadana) por “No más AFP”, y al grito de “Wall Street” por estabilidad y reglas claras. A este último clamor es al que responde David Bravo, presidente de la Comisión de Reforma, cuando dice que solo faltan arreglos menores al actual sistema.

Pero se está valorado la propuesta de avanzar hacia un sistema mixto. En esencia requerirá: (i) recuperar el financiamiento tripartito; (ii) limitar la administración de las contribuciones bajo el principio de equivalencia individual, reemplazándolo por uno de equivalencia colectiva que incluya solidaridad; (iii) una regla solvente de prestaciones con criterios de beneficios y contribuciones definidas; y (iv), una administración público – privada que le otorgue mayor transparencia y gobernabilidad al sistema.

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No hay una solución óptima. Se precisa de solidaridad en el financiamiento (contributivo y no contributivo) mediante un sistema que administre una estructura de subsidios cruzados que permita el acceso asequible a prestaciones dignas para todos. Un sistema mixto, con un cuidadoso diseño del tamaño y complemento de cada uno de sus pilares.

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