Opinión

  • | 2015/04/01 16:15

    Lecciones de diseño

    ¿Podemos aprender algo del diseño institucional que ha mantenido la Corte Suprema de EE.UU. en funcionamiento desde 1789?

COMPARTIR

Ciertas cosas salen mejor si se piensan con calma. Aunque es comprensible que el Gobierno esté estresado por el escándalo de la Corte Constitucional, no es cierto que una reforma express –como la que ya planteó el ejecutivo con notable rapidez– sea la mejor salida en el largo plazo para solucionar la crisis que hoy vive la Corte y la justicia.

Es fácil adivinar que el Gobierno quiere una solución rápida porque teme que si el escándalo sigue “abierto” se pueda precipitar una crisis de confianza en nuestras instituciones –y por lo mismo en nuestra economía– lo que sería especialmente peligroso por el momento económico tan delicado que estamos viviendo. Además, se diría que quiere evitar que esta crisis siga distrayendo al país del proceso de paz, justo ahora cuando estaba tomando velocidad de crucero. Y quiere su solución porque todo gobierno –al igual que todo prefecto de disciplina– aspira a mantener el control absoluto de lo que ocurre alrededor suyo, y porque es usual que las reformas rápidas terminen concentrando más poder en el ejecutivo.

Pero la velocidad del Gobierno niega espacio al consenso político que debe rodear el diseño de las instituciones fundamentales de cualquier democracia, e impide que se examine si la fórmula propuesta dotará a la Corte de la independencia que necesita para ejercer bien su función esencial, que consiste en mantener el balance entre los derechos fundamentales de las minorías y el derecho de las mayorías a gobernar.

Nuestra Corte Constitucional es bisnieta de la Corte Suprema de Estados Unidos, que fue la primera en declarar inconstitucional una ley1, y aunque muchos critican decisiones suyas, como la de quitar el límite a las donaciones de corporaciones a campañas políticas2, es claro que esa Corte juega un papel fundamental en el combate contra la discriminación racial3 y en la modernización social en ese país.

¿Podemos aprender algo del diseño institucional que ha mantenido esa Corte en funcionamiento desde 1789? Se diría que el gran secreto que la ha sostenido tanto tiempo está simplemente en que los procesos para el nombramiento de sus magistrados y para la selección de los casos que decide revisar son sencillos, claros y muy públicos, y en que sus reglas están inspiradas en la tradicional desconfianza de los anglosajones sobre las motivaciones humanas. Hagamos algunas comparaciones:

1) La elección. Bajo el sistema americano, el Presidente somete un solo nombre al Senado para que lo apruebe o lo rechace. Al no haber ternas, ni hay competencia –y por lo mismo no hay negociaciones– ni se dificulta a la opinión pública evaluar las cualidades del candidato en cuestión. Y por hacerse la elección en el foro más público posible (el Congreso) los debates son trasmitidos a todo el país, a diferencia de lo que ocurriría aquí si se acepta la propuesta de hacerla en las otras Cortes o en las universidades, donde nunca podría llegar el control social.

2) El Periodo. En Colombia el periodo de un magistrado es de 8 años, lo que ha llevado a que varios EX regresen a la profesión y/o a la política. En Estados Unidos, el cargo de magistrado es una asignación vitalicia en la que juristas de las más altas calidades terminan su carrera. Este matiz americano es fundamental para asegurar que los magistrados puedan tomar decisiones impopulares pero necesarias para proteger los derechos constitucionales, ya que les evita la tentación de querer pavimentar futuras aspiraciones políticas o profesionales.

3) Posibilidad de remover magistrados. En ambos países es muy difícil quitarlos. En Estados Unidos se intentó una vez en 1805 contra Samuel Chase, quien finalmente fue absuelto por el Senado, lo que en su momento fue considerado como un triunfo de la independencia judicial. A pesar de los afanes del día, hay que pensar dos veces si, al facilitar el procedimiento para remover o suspender a los magistrados de la Corte, se puede debilitar la división de poderes.

4) La discrecionalidad. En Estados Unidos (donde no hay tutela) la Corte escoge alrededor de 60 a 70 decisiones judiciales al año para revisarlas bajo un reglamento claro y sencillo, y todo el país sigue los respectivos procesos. En Colombia la Corte selecciona alrededor de 1.000 tutelas al año de las casi 1.400 tutelas diarias que recibe, y para decidir cuáles revisa aplica parámetros jurisprudenciales más bien crípticos sobre la trascendencia nacional, social o económica, o la novedad de cada caso.

Pero, ni los colombianos podemos vigilar cómo la Corte escoge 1.000 tutelas, ni es razonable pretender que –ante semejante alud– la Corte examine una a una todas las que le llegan, lo que lleva naturalmente a opacidad en la selección.

Se dice que el mejor desinfectante es la luz del sol.

**
1. Marbury v. MAdison, 5 U.S. 137 (1803)
2. Citizens United v. Federal Election Commission, No. 08-205, 558 U.S. 310 (2010)
3. Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954)
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?