Opinión

  • | 2016/09/15 00:00

    Después del Sí

    La planeación comunitaria, la autosuficiencia campesina y la seguridad alimentaria son nociones tan trasnochadas como la creencia de que se puede llegar al poder por las armas.

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Con cierta soberbia, el presidente Santos ha dicho que, igual que Abraham Lincoln cuando puso fin a la esclavitud, será reconocido dentro de 10 o más años por haber conseguido la paz.

Quién sabe, la memoria es frágil. En pocos años habremos olvidado “los sapos que tuvimos que tragarnos” –según sus mismas palabras– en los temas de justicia e incorporación a la política de los ex-guerrilleros. Recordaremos muy poco los enormes sufrimientos de las víctimas de la violencia y los desplazamientos. Apenas tendremos noción de los efectos positivos pero seguramente modestos del Acuerdo de Paz en la calidad de vida de las ciudades.

Sin embargo, el campo seguirá recordándonos el pasado con todos sus dolores.

El Acuerdo hace promesas verdaderamente ambiciosas para los próximos 10 años en las zonas rurales. Promete erradicar la pobreza extrema y reducir en 50% la pobreza rural en todas sus dimensiones. También promete redistribuir tres millones de hectáreas, eliminar los cultivos ilícitos y hacer efectivos los derechos de las mujeres y las minorías étnicas, entre muchos otros objetivos.

Para lograr todo esto, el Gobierno se compromete a hacer presencia en el campo con vías, obras de riego, servicios de educación y salud, y un largo menú de programas de apoyo a los campesinos y las comunidades.

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Las posibilidades de fracaso no son despreciables. Es paradójico que el mismo Estado que tuvo que negociar con las Farc por no haber podido imponer su ley en vastas zonas rurales adquiera ahora semejante lista de compromisos.

Ya ha habido bastante debate sobre el esfuerzo fiscal que todo esto puede representar. Ese es apenas el comienzo. Más complicado será conseguir que funcionen los programas de gasto y que los recursos no sean devorados por las burocracias o el clientelismo (incluyendo el de las mismas Farc). E incluso si los programas se ejecutan debidamente, quedará por verse si contribuyen a elevar los ingresos rurales y las condiciones de vida en el campo.

Aunque la estrategia de desarrollo rural establecida en el Acuerdo dista de ser “castro-chavista”, también está lejos de ser modernizadora y capaz de atraer los grandes capitales y las tecnologías de punta que demanda la agricultura del siglo 21. La insistencia en la planeación comunitaria, la autosuficiencia campesina y la seguridad alimentaria es tan trasnochada como la creencia de que se puede llegar al poder por las armas.

A pesar de todo esto, votar por el “No” sería perder la oportunidad de intentar que el campo se desarrolle.

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Si el presidente Santos espera ser comparado con Lincoln, deberá estar pensando cómo hacer que el Acuerdo mejore efectivamente las posibilidades de desarrollo del campo. Hay dos retos inmediatos. Por un lado, hay que despejar las incertidumbres para la inversión rural, que son numerosas, pues el Acuerdo establece que la estrategia rural es “universal”. ¿Quiere esto decir que sus criterios anacrónicos prevalecen sobre la Constitución de 1991 y por consiguiente sobre cualquier política o programa rural existente que no se rija por ellos? Esto dependerá de la forma como la Corte Constitucional interprete en qué sentido el Acuerdo es un “bloque constitucional”. La Corte también tendrá que decidir sobre los muchos aspectos ambiguos y contradictorios de las 297 páginas del Acuerdo a medida que vayan surgiendo demandas de todo lado. La incertidumbre jurídica difícilmente desaparecerá.

Por otro lado, es urgente establecer métodos técnicos de evaluación de impacto de las intervenciones y programas rurales, ojalá escogiendo en forma aleatoria las comunidades donde operarán inicialmente, ya que será imposible llegar a todas las comunidades necesitadas al mismo tiempo. Esto ayudará a que se corrijan o eliminen los programas que no son efectivos y a que los escasos recursos fiscales se concentren en “impactar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas, con la mayor intensidad y en el menor tiempo posible”, como establece el Acuerdo.

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