Opinión

  • | 2017/06/08 00:01

    Del dicho al hecho (I)

    Con frecuencia, las soluciones más sensatas a los problemas más apremiantes son políticamente impresentables. ¿Por qué?

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El país adolece de una altísima tasa de informalidad laboral que condena, quizás de por vida, a más de la mitad de la población trabajadora a oficios de baja o nula productividad, que perpetúa su desigualdad respecto de la población dotada con el privilegio de la formalidad, que tensiona la viabilidad del régimen de seguridad social, que impone barreras sustanciales para la tributación y que, en lo cultural, relaja el respeto hacia las instituciones y desdibuja la confianza en el Estado.

Lo interesante es que conocemos, con razonable precisión, la magnitud de los costos asociados a cada uno de estos efectos y sabemos, también, que entre sus grandes causas está la manera en que hemos decidido pensar e implementar la regulación del mercado laboral.

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La figura del salario mínimo, sin duda al amparo de las más nobles intenciones, es un problema enorme, como lo demuestra el hecho mondo y lirondo de que la mitad de la población trabajadora reporta que sus ingresos mensuales son inferiores a la suma decretada como “mínima legal, publíquese y cúmplase”. La imagen es sencilla. Para la inmensa mayoría de las empresas que tienen vacantes, es imposible contratar a una trabajadora joven que está entrando a la fuerza laboral pagándole el salario mínimo legal, aportando (caja y provisiones) a su seguridad social y pagando el impuesto a la nómina. Es imposible no porque la empresa sea mezquina o chichipata, sino porque la productividad que resulta razonable esperar de la joven de marras es muy inferior. Si la productividad que cabe esperar es muy inferior al “publíquese y cúmplase” hay dos opciones: o no la contrata, que es lo obvio, o la contrata con cargo a su patrimonio, que es un absurdo. Ese portazo con el que los demás colombianos recibimos a la joven, la obliga a migrar hacia la informalidad y en ese instante se inicia otra tragedia innecesaria, otra cadena perpetua.

Lo obvio, digo yo, es eliminar la figura del salario mínimo legal y permitir que la joven con ganas de trabajar y la empresa con ganas de contratar, lleguen a un acuerdo. A la joven muy probablemente le va mejor que en el escenario alternativo (la informalidad) no solo porque el salario actual pactado sería muy parecido, sino porque en la formalidad tiene posibilidades de hacer una carrera y construir un futuro. A la empresa también le va mejor porque llena la vacante cumpliendo todas las normas e incorpora a quien –¿por qué no?– un día puede ser su ejecutiva estrella.

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Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La propuesta lógica es impresentable políticamente y no tiene la más mínima posibilidad de ser discutida con seriedad, mucho menos de pasar del dicho al hecho. Aunque no hay espacio acá, no es difícil llegar a una conclusión similar a lo largo y ancho de un recorrido por el territorio espeso de los problemas nacionales: la educación, la tributación, el sistema pensional, la inequidad de los subsidios, la justicia y un largo etcétera.

En cualquiera de los ámbitos, en el que uno escoga, el problema importante no es la escasez de diagnóstico. El problema tampoco es la falta de remedios curativos porque lo esencial ya está inventado y si acaso faltan detallitos. Somos, al fin y al cabo, el país de la perpetua comisión de expertos, o PCE.

El problema principal es que el status quo, no hacer mayor cosa, tiene respaldo en la población más relevante en la cancha de la política pública, el “votante mediano” es decir aquel ciudadano cuya opinión refleja el centro del espectro de todas las opiniones esgrimidas por el conjunto de votantes.

Mi tesis tiene dos patas. Una, que el votante mediano se parece mucho a los miembros del top 20% en la distribución de ingresos, la inmensa mayoría de quienes distan mucho de ser ricos, en el sentido convencional del mega terrateniente o el ultra plutócrata. Dos, que esta población tiene unas preferencias que, al amparo de la institucionalidad vigente, está en contravía de las soluciones concebidas por la PCE y por consiguiente dichas soluciones carecen de toda posibilidad de pasar del dicho al hecho.

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Creo que la salida de este mal equilibrio, el paso exitoso del dicho al hecho, depende de tres cosas: la creación de instrumentos de aseguramiento alternativos a la captura fiscal y regulatoria vigentes, una compensación razonable a los eventuales perdedores y una implementación gradual de las decisiones y los acuerdos.... lo cual es tema de otra columna.

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