Opinión

  • | 2015/03/19 06:00

    Las lecciones de Uber

    El debate sobre Uber y los taxis amarillos en Bogotá es una muestra más de que en el país muchas veces se confunde la legalidad con la legitimidad.

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Las discusiones en Colombia, particularmente aquellas relacionadas con la política, muchas veces se dan alrededor de la legalidad, dejando de lado la legitimidad. Mientras lo primero, lo legal, se circunscribe a que un acto de política pública se encuentre enmarcado dentro del orden jurídico establecido en la Constitución, la ley, o los diferentes actos administrativos de las ramas del poder, lo legítimo se remite a la justificación ética del origen de una política u otra, a la justificación del ejercicio político para desarrollar las políticas públicas. En otras palabras, a que se cuente con el apoyo no solamente del ordenamiento legal, que por supuesto es fundamental, sino a que se cuente con el bagaje ético que justifica la aplicación de una política pública. Sin ese bagaje ético, imposible será que el ciudadano del común, es decir la sociedad, acepte lo que se quiere imponer.

La más reciente muestra de esta dicotomía la dio la ministra de Transporte, Natalia Abello, la semana pasada, cuando acompañada del Ministro de Trabajo, le dijo a Hugo Ospina, el vocero de los taxistas de Bogotá, que “….UberX ni Uber no (sic) van a ser legalizados y por el contrario, van a tener ustedes los taxistas todas las posibilidades de tener un servicio de lujo pero de taxis de lujo…”. Aparte de la flagrante desconsideración a los usuarios de Uber en Colombia, que somos más de 100.000, de que equipara dos servicios (el de Uber y el de los taxis amarillos) que, como yo lo veo, no son competencia sino complemento (el servicio de Uber es notablemente más caro y por supuesto muy superior al de los taxis amarillos), hay una tremenda confusión, en mi opinión, entre lo que es legal y lo que es legítimo.

Claramente el servicio de Uber no está reglamentado, lo que se podría interpretar como que fuese ilegal (aunque esta discusión también da para un debate amplio, de si la no existencia de regulación hace de algo ilegal o simplemente no regulado). Pero a todas luces es legítimo. El servicio goza de una amplia aceptación entre la ciudadanía, no solo de Bogotá sino de varias ciudades del país, y claramente no va en contra de los mandamientos más básicos del contrato social, lo que a su vez no solamente no lo hace malo para la vida en sociedad, sino todo lo contrario, genera gran bienestar para quienes usan y prestan el servicio. Pero como ocurre con muchos debates en el país, por arreglar un problema meramente político (no alebrestar al gremio de taxis amarillos), la Ministra se pasó por la faja la legitimidad del servicio y arropó su argumentación en la falta de legalidad, un problema que es muchísimo más fácil de solucionar que el de la falta de legitimidad.

Digo que es más fácil porque lograr el apoyo legítimo de una política pública, que como vimos parte del bagaje ético detrás de la misma, es mucho más difícil de lograr que la redacción y sanción de una ley o un acto administrativo. Para esto último basta la voluntad de los legisladores o los Ministros de turno para alcanzarlo. Para lograr legitimidad, sin embargo, hay que hacer un esfuerzo mucho mayor, con el fin de convencer a la sociedad de que una política pública o un acto político son legítimos desde el punto de vista del ciudadano, de que en últimas dicha política o acto van a generar mayor bienestar y un mejor cumplimiento del contrato social.

Esta falta de legitimidad convive muchas veces con políticas públicas, actos políticos o simples trámites estatales que son totalmente legales pero no aceptados por la mayoría de la sociedad. Se me viene a la cabeza, en este momento, lo que sucede con las negociaciones con las Farc en La Habana. Si bien las mismas se enmarcan dentro del ordenamiento jurídico existente en Colombia, aún falta, como bien lo ha reconocido el Gobierno, que el mismo adquiera mayor legitimidad entre los ciudadanos.

Uber, en cambio, se encuentra en la situación contraria: con amplia legitimidad pero sin normas que lo regulen. Si la Ministra fuese sensata, enfrentaría el problema por donde toca, y no acomodándose a la coyuntura política de turno.
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