| 2/16/2017 12:00:00 AM

De la justa proporción

Alberto Carrasquilla

El concepto de “corrupción en sus justas proporciones” merece una mirada serena por razones que van de la lógica económica a la genética.

por Alberto Carrasquilla

Los sobornos de Odebrecht generan depresión, angustia y rabia. Lo único bueno que dejan es el sentido de urgencia que adquiere pensar soluciones y debatir ideas.

El análisis económico más simple nos permite arrancar de alguna parte. La corrupción –entendida como la compra de favores burocráticos– es un servicio que el burócrata ofrece y el empresario demanda. Como en el caso de cualquier otro servicio, la corrupción transada bajaría si cae el número de burócratas deshonestos o si baja el número de empresarios torcidos. Para reducir los incentivos que conducen a la deshonestidad burocrática, se han propuesto cosas como alzas en su remuneración, mayor monitoreo, mayores penas para los infractores, etc. Para reducir los incentivos que conducen a la deshonestidad empresarial, de otra parte, se han sugerido cosas como la simplificación de los trámites regulatorios, el aumento de las penas para los infractores y la creación de incentivos para delatores.

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La magnitud y los costos económicos de la corrupción son, por la naturaleza clandestina de la actividad, extremadamente difíciles de precisar. Existen muchos intentos interesantes, sin embargo, basados en encuestas a diversos grupos, sobre todo empresariales. Estos estudios tienden a sugerir por lo menos dos cosas. Uno, que la corrupción es un flujo significativo, equivalente a alrededor del 2% del PIB mundial. Dos, que reduce el crecimiento económico por diferentes vías –incluyendo un deterioro del ambiente inversionista–. Para ubicarnos, con base en un meta análisis de 115 estudios, un trabajo reciente plantea que subir en un punto el índice de percepción de corrupción, cuya escala va de 1 a 10, baja la tasa de crecimiento del PIB per cápita en 0,86%.

Conociendo la magnitud aproximada de los beneficios, hay que entrar a mirar el otro lado de la moneda: los costos implicados por la búsqueda de su erradicación. Cualquiera de las alternativas planteadas anteriormente –mejorar remuneraciones, ampliar monitoreo, y así– requiere dinero y ello implica que es razonable pensar que podría existir un monto más allá del cual dichas erogaciones serían ineficientes, implicando más costos que beneficios. Ello llevaría a un concepto anticipado por el Presidente Turbay: lejos de ser cero, la corrupción óptima podría ser algo parecido a lo que él denominó –azuzando el avispero nacional de aquel entonces– “sus justas proporciones”.

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El concepto de “justas proporciones” en materia de corrupción aparece una y otra vez en la literatura académica como consecuencia lógica del hecho sencillo ya anotado: combatirla conlleva beneficios indudables, pero también genera costos. La “justa proporción” podría estar asociada, por ejemplo, a la productividad (Acemoglu & Verdier, 1998). En países de alta productividad sería posible remunerar a los burócratas a niveles de eficiencia que hagan desaparecer cualquier incentivo a torcerse y en los países de baja productividad no. Por eso, podríamos observar más corrupción en países pobres, pero la causalidad iría en sentido contrario al usualmente planteado.

Además de los incentivos y de la arquitectura contractual, sin duda hay factores éticos que varían al interior de la población y que explican por qué unos se tuercen y otros no de cara a escenarios idénticos. Yo tengo una hipótesis en tres partes que pensaba imposible de verificar empíricamente. Uno, que hay un subyacente de tipo genético amparando la distribución de la ética en cualquier grupo poblacional. Es decir, por ejemplo, que el 5% de la población nace irremediablemente malosa. Dos, que si la corrupción involucra a más de ese 5% de la población, hay un problema interesante. Tres, que este exceso de corrupción es autoinfligido, al emanar de estrategias muy mal pensadas de lucha contra ese 5% inicialmente malo.

Avances recientes en genética poblacional me hacen pensar que de pronto mi hipótesis no es tan imposible de evaluar. Por ejemplo, un trabajo reciente muestra que existe una relación entre la corrupción y la diversidad genética al interior de la población de un país. Para países con muy baja o muy alta diversidad genética, la corrupción es alta. En países de diversidad genética intermedia, la corrupción es baja. Podría estar próximo el día en que la genética le termine dando la razón al Presidente Turbay y, de la mano de la lógica económica, nos obligue a cambiar el chip al diseñar políticas anti corrupción.

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