Opinión

  • | 2016/06/09 00:00

    De carteles y precios

    Colombia se vería muy beneficiada con una autoridad de competencia robusta, pero no se puede olvidar nunca el debido proceso.

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es una entidad supremamente importante para el correcto funcionamiento de la economía y los mercados, y debe ser robusta y fuerte. Debe tener los mejores recursos, tanto tecnológicos como académicos y humanos, para realizar el monitoreo e investigación del mercado y del comportamiento de las firmas en el país.

Los medios de comunicación han explotado con noticias sobre la existencia de supuestos carteles en varios sectores de la economía. Y aunque yo no podría concluir si existen o no carteles, lo que sí se nota es que en los últimos procesos (cuadernos, papel higiénico, pañales) existe un elemento común preocupante, y es que las principales pruebas aportadas por la SIC, recogidas en los Informes Motivados y las resoluciones expedidas, no son contundentes y requieren de una alta dosis de interpretación. Es peligroso, por decir lo menos, que la SIC se base fundamentalmente en testimonios de personas que supuestamente hicieron parte de los supuestos carteles, y que esas personas sean a su vez parte de alguna de las firmas que supuestamente se cartelizó.

Aquí hay dos problemas. El primero, como se recoge de los testimonios de los delatores en algunas de las investigaciones, y en particular en la de cuadernos, es que no existe memoria o recolección en la delación sobre los hechos que la SIC dice que sucedieron, porque no hay forma de que alguien recuerde los detalles de reuniones sucedidas hace 10 o 12 años. Y todos sabemos que aquí los detalles sí que importan. No se puede probar la existencia de un supuesto cartel con generalidades.

El segundo es que existe un incentivo perverso porque a la firma delatora se le elimina por completo una eventual sanción impuesta por la SIC por ser delatora. Es decir, una firma que hace parte de un supuesto cartel se lava las manos simplemente diciendo que efectivamente hicieron parte de un cartel y prácticamente echando al agua a sus competidores.

A esto hay que sumarle que, por lo menos en el caso de los cuadernos, la SIC no consideró las pruebas aportadas por algunos de los supuestos participantes del cartel en relación con la investigación, o por lo menos no lo hizo en el Informe Motivado. Es decir, la SIC parece estar escogiendo las pruebas que le sirven para probar los supuestos carteles, sin ningún tipo de respeto al debido proceso. Volviendo al caso de los cuadernos, el Informe Motivado se apoya casi en su totalidad en un solo testimonio que ni siquiera es capaz de probar la existencia de supuestas reuniones de acuerdos de precios por 12 o 13 años, el eje central de la investigación.

En algunos casos, como el de cuadernos y el de pañales, no existen cifras o estudios económicos que respalden la existencia de un acuerdo de precios, y mucho menos de un cartel. Cómo explica la SIC, por ejemplo, que en el caso de los cuadernos durante el periodo de investigación, los precios se mantuvieron constantes en términos nominales, y que las participaciones de mercado de las compañías supuestamente cartelizadas cayeron. O, en el caso de los pañales, cómo se explica que los precios en términos reales hayan caído durante el periodo en que supuestamente existió el cartel. Esto la SIC ni siquiera lo menciona.

Debe considerarse además que probar la existencia de un cartel, o incluso de un acuerdo de precios, es muy difícil y complejo en mercados en donde existen productos diferenciados y con diferentes atributos. No todos los papeles higiénicos son iguales, ni los pañales tampoco, y mucho menos los cuadernos. En sí mismos, cada uno tiene un valor intrínseco distinto, y por consiguiente tienen precios distintos, algunos más altos que otros, y algunos más altos en ciertos canales de distribución que en otros (grandes superficies vs. tiendas, por ejemplo). Estas diferencias en precios por sí solas no prueban absolutamente nada.

Finalmente, pareciera ser que la SIC parte de una condena de antemano en sus Informes Motivados, pasando la carga de la prueba a quienes la ley debe considerar inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Esto es una violación de frente al debido proceso, que debe ser corregida.

Si una SIC robusta y fuerte prueba la existencia de carteles o de acuerdos de precios, las firmas que participen en ellos merecen la mayor sanción, tanto económica como reputacional. Pero lo que no puede suceder es que se violen principios simples del debido proceso, porque eso da al traste con las investigaciones y convierte las mismas en una cacería de brujas. No es lógico que el delator haya hecho parte del supuesto cartel y salga simplemente con una palmada en la mano; o que sea el testimonio de una única persona suficiente para probar un supuesto acuerdo de precios; o que no se consideren siquiera las pruebas aportadas por los investigados; o que no existan modelos económicos y econométricos que soporten los argumentos de la SIC.

Nada de lo anterior es serio, y por el contrario es peligroso. Colombia necesita una SIC robusta y sofisticada.

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